Silvia Gómez Tagle

Texcoco: decisión autoritaria

A mí, que soy solamente una ciudadana común y corriente nacida en la ciudad de México, me ha venido dando vueltas en la cabeza desde hace varias semanas la decisión de construir el nuevo aeropuerto en Texcoco. Y es que entre más hablo con especialistas en la materia y más documentos encuentro, más saltan a la vista las incongruencias que rodean este proyecto.

Cuando el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, dio a conocer su decisión, hace poco más de un mes, uno de los argumentos a favor de la opción Texcoco era que costaría 8 mil 340 millones de pesos menos que el de Tizayuca. Sin embargo, el arquitecto Roberto Eibenschutz, especialista en urbanismo y también conocedor del tema, con fundamento en otros estudios afirma que la relación entre el costo de ambos proyectos es a la inversa: Tizayuca requeriría alrededor de mil 200 millones de dólares menos, aun si se considera en el presupuesto del aeropuerto el costo de las carreteras de acceso y la construcción de un tren rápido desde la ciudad de México.

Otras contradicciones surgen también del magno estudio realizado por la UNAM con el propósito de evaluar ambas posibilidades: Tizayuca y Texcoco. El PUMA (que así se denominó el proyecto) fue elaborado por ocho grupos de trabajo, de diversas instituciones académicas del más alto nivel. Sin embargo, se impuso a los participantes una condición que despierta sospechas respecto del verdadero propósito del gobierno federal, patrocinador de esos estudios. Los investigadores participantes fueron obligados a firmar un documento que los compromete a mantener la confidencialidad de la información por un lapso de cinco años. Ciertamente esta disposición es contraria a la transparencia en la administración pública y lesiona el derecho a la información, que el mismo gobierno de Fox pretende defender.

Además, si uno lee el resumen de los estudios, disponible en Internet, no queda claro que el resultado sea un empate técnico entre las dos opciones, como sostienen los coordinadores del proyecto y las autoridades federales. Hay razones en favor y en contra de ambas opciones, pero mientras las opiniones en contra de Texcoco aluden al impacto ecológico negativo en la única zona lacustre de la cuenca del Valle de México, que ha sido objeto de un vasto programa de recuperación ecológica desde hace más de 25 años, así como al impacto también negativo en el modelo de desarrollo urbano en general; los argumentos en contra del proyecto Tizayuca atañen principalmente al elevado costo de la infraestructura urbana y de comunicaciones, así como al incremento en el costo de la operación de las empresas de transporte aéreo y servicios.

También son muy discutibles los criterios que se aplican para la evaluación de conjunto, de los pros y contras de cada una de las opciones estudiadas por el PUMA. ƑSe puede poner en el mismo nivel de importancia el interés público que los intereses de las empresas de aviación? Además, las conclusiones generales no parecen reflejar con fidelidad las conclusiones de cada uno de los ocho equipos de trabajo. Finalmente, la ubicación del aeropuerto de la ciudad de México y zona metropolitana pone en evidencia uno de los problemas de una transición democrática que no acaba de consolidarse. Las decisiones sobre problemas tan importantes no pueden quedar en manos de un secretario de Estado, ni siquiera del Presidente de la República en turno, que en el mejor de los casos se preocupa por salir bien librado en su sexenio, pero no por el futuro de la ZMVM.

Se tendría que tomar en cuenta el punto de vista de los sectores afectados por los proyectos, analizar públicamente los argumentos en favor o en contra, y permitir que los cuerpos legislativos representativos, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, así como los gobiernos locales, que elegidos democráticamente, se manifestaran también.

El proyecto de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México ha sido discutido y postergado durante décadas y casi todos los sectores sociales y los especialistas coinciden en que la decisión debe tomarse a la brevedad posible. Por ello hay que felicitar al gobierno de Vicente Fox, pero resulta inaceptable una decisión autoritaria, teñida de los intereses involucrados en los negocios millonarios relacionados con la realización y operación del aeropuerto, con los que pareciera que los funcionarios al frente de la SCT, ya habían asumido compromisos desde el sexenio anterior.

Nada sería mejor para borrar sospechas y obtener el respaldo de la población que realizar un proceso de consulta y evaluación transparente de las ventajas y desventajas de los proyectos para la construcción del aeropuerto de la ciudad de México.

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