Señora directora: Me refiero a la nota de la periodista Blanche Petrich, publicada en La Jornada el pasado día 8, donde señala que en la recomendación 26/2001 dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal, la CNDH ignoró casos de desapariciones forzadas de personas, posteriores a los años de la llamada guerra sucia. Al respecto quisiera precisar lo siguiente:

1. El trabajo de la CNDH en la materia no terminó el pasado 27 de noviembre con la presentación de la recomendación y del informe especial sobre 532 casos de desapariciones forzadas de personas, ocurridas en la década de los setenta y principios de los ochenta. La CNDH, por ley, da seguimiento a todas las recomendaciones que emite hasta su total cumplimiento.

2. Es por ello que, como parte de ese seguimiento, este organismo nacional ha insistido en que el fiscal especial que se nombre por el Ejecutivo federal sea independiente y de probado prestigio y calidad moral y profesional, para que concluya la investigación de los hechos documentados por esta comisión, con el propósito de que se castigue a los culpables.

3. La CNDH continúa con la integración de otros 284 casos que sobre el tema se encuentran en trámite y que comprenden asuntos relativos a quejas sobre desaparición de personas ocurridas en los periodos 1985-1990, 1991-1995, 1996-2000 y de 2001 a la fecha. Estas denuncias no estuvieron comprendidas en el informe presentado a la opinión pública el 27 de noviembre pues, como se sabe, éste abarcó los casos relativos a los años mencionados. Tan pronto se culmine la investigación de las quejas referentes a años posteriores, se informará de dichos resultados en primer término a los quejosos, así como a la opinión pública.

Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador de la CNDH

Refuta el organismo a Erika Zamora

Señora directora: En relación con la nota publicada el 11 de diciembre, firmada por Blanche Petrich, en la que se reproduce la opinión de Erika Zamora sobre el papel de la CNDH respecto de los sucesos ocurridos en El Charco, Guerrero, el 7 de junio de 1998, quisiera hacer algunas aclaraciones, a fin de que los lectores cuenten con información precisa y completa:

1. Rechazo categóricamente que la CNDH "ha justificado al Ejército y ha cerrado los ojos ante lo evidente". El 10 de junio de 1998, radicó de oficio la queja por los hechos sucedidos el día 7 en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, donde elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el que 11 personas resultaron muertas, cinco heridas y 21 detenidas. De igual forma, la CNDH recibió el escrito de queja del señor Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, por esos hechos, misma que se agregó al expediente iniciado.

2. Tras investigaciones realizadas, la CNDH pudo acreditar diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en los hechos, entre otras, la escasa preservación del lugar y objetos encontrados en en ese lugar que hubieran permitido un mejor esclarecimiento de los hechos. Asimismo, que los elementos del Ejército aseguraron a los detenidos y los trasladaron a la IX Zona Militar, poniéndolos a disposición del Ministerio Público Militar, cuando el representante social de la Federación, quien constitucionalmente era la autoridad competente, ya se encontraba conociendo los sucesos. Igualmente, se acreditaron violaciones a los derechos humanos en las diligencias realizadas con posterioridad por el personal ministerial de la propia secretaría, que no estaba facultado para llevar a cabo dichas diligencias ni puso a los detenidos a disposición del Ministerio Público federal de manera inmediata, entre otras irregularidades.

3. Por lo anterior, la CNDH dirigió la recomendación 20/2000 al secretario de la Defensa Nacional, a fin de que instruyera al órgano de inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana para que se iniciara la investigación administrativa en contra de los elementos que participaron en la implementación y ejecución del operativo del 7 de junio de 1998, así como del agente del Ministerio Público Militar que practicó las diligencias.

De igual forma, se recomendó dar intervención a la Procuraduría General de Justicia Militar para que, dentro de la averiguación previa IXRM/14/98, tomara en consideración las conductas contrarias a los derechos humanos en las que incurrieron los elementos del Ejército Mexicano y establecer si éstas implicaban o no responsabilidad penal.

4. En dicha recomendación también se pidió que se retirara a todos los miembros del instituto armado de participar en acciones civiles a favor de la seguridad pública. Además, se le recomendó delimitar las funciones del agente del Ministerio Público Militar, a fin de que se abstuvieran de intervenir cuando tuvieran conocimiento de hechos que corresponden al Ministerio Público de la Federación.

5. Por lo que se refiere al señalamiento atribuido a Erika Zamora, de estar acusada injustamente de diversos delitos, deseo recordar que de acuerdo a sus ámbitos de competencia y de conformidad con el artículo 102, apartado B, constitucional, así como los artículos 7, fracción II, y 8 de la Ley de la CNDH, este organismo nacional está impedido para valorar las conductas y la eventual responsabilidad penal, pues ello implica una determinación de naturaleza jurisdiccional que no le compete.

6. Deseo dejar en claro que en éste, como en todos los casos en que hay violaciones a las garantías fundamentales de las personas, la CNDH actuó de inmediato al conocer de los hechos. Prueba de ello es la recomendación 20/2000 que emitió este organismo el 29 de septiembre de 2000, a efecto de que se investigara y, en su caso, se sancionara a los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo, así como en las diligencias ministeriales que se llevaron con posterioridad al mismo.

Rodolfo Lara Ponte, cuarto visitador general de la CNDH

Niega haber sido asesor en contrainsurgencia

Señora directora: En la edición de martes 11 de este prestigiado diario, página 7, aparece una nota de la reportera Blanche Petrich donde cita declaraciones mías en torno del informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas. En la nota aparecen algunas imprecisiones que quisiera aclarar. Primero, no soy sinaloense, sino bajacaliforniano; segundo, no fui asesor de Adolfo Orive cuando éste estuvo en Gobernación; tercero, no formé parte de ningún "grupo de asesoría contrainsurgente" de la Presidencia de la República después del surgimiento del EPR, como afirma la nota.

Gustavo Hirales M.

Responde la reportera a cartas anteriores

Señora directora: Respondo a las cartas de los visitadores de la CNDH y a Gustavo Hirales.

El segundo visitador de la CNDH, Raúl Plascencia, asegura que la institución continúa integrando los expedientes de otros 284 casos de desaparición forzada que se registran después de 1985. Bien. Sólo cabe esperar que no tarde otros 11 años para alcanzar una resolución como ocurrió con los casos de los años setenta y ochenta.

El cuarto visitador, Rodolfo Lara Ponte, se inconforma con el juicio que hace la estudiante Erika Zamora sobre el papel que jugó la institución en el caso de la matanza de El Charco, incluyendo las torturas que ella relata de puño y letra a las que fue sometida para firmar declaraciones autoinculpatorias. El señor Lara argumenta que la CNDH emitió al respecto la recomendación 20/2000. En esta recomendación ?por cierto, muy criticada por sus limitaciones en el medio de los defensores de derechos humanos? no se responde a la queja de Erika Zamora sobre las torturas que sufrió mientras estuvo en manos del Ejército.

Por último, Gustavo Hirales asegura no haber sido asesor de Adolfo Orive en la Secretaría de Gobernación ni haber formado parte de un grupo de asesoría contrainsurgente de la Presidencia durante el sexenio pasado. Sería bueno entonces que aclarara qué cargo ocupó en dicha administración.

Blanche Petrich

No fui correo con Rosario Ibarra, dice

Señora directora: La presente es para pedirle publicar esta aclaración a lo dicho por Miguel Angel Velázquez en su columna Ciudad Perdida, ayer.

Afirma ahí que cuando todavía era reportera Rosa Icela Rodríguez, le envió a Rosario Ibarra, en forma confidencial, un testimonio que obtuvo de García Paniagua en el que dejaba constancia de las torturas a las que se había sometido a su hijo Jesús, una vez que fue detenido y secuestrado por la policía.

Pero agrega que el correo de confianza para entregárselo fui yo, en mi carácter de dirigente del PRT, y que nunca se lo hice llegar a su destinataria "porque eran los tiempos en que todo se podía negociar".

Nunca recibí el mensaje y menos aún lo hubiera ocultado a Rosario para "negociar" (¿qué?, ¿con quién?). No entiendo quién pudo proporcionarle esa versión falsa a Miguel Angel Velázquez, pero si hubiera intentado confirmarla con Rosario Ibarra o mejor aún con Rosa Icela Rodríguez, con quienes sí he consultado el tema, hubiera sabido que no fui yo ese "correo". Sobre esta anécdota, por cierto, desde febrero de 1999 publicamos un artículo de Rosario Ibarra en la revista Convergencia Socialista, número 8, de la que soy codirector.

Edgard Sánchez Ramírez, Comité Político del PRT

Invitación

Inaugura FZLN cafetería

Queridos jornaleros y público lector, queremos invitarlos a la inauguración de la cafetería-tiendita-librería y etcéteras, del FZLN. Tendremos ponche, piñatas, antojitos y música en vivo. La madrina será doña Rosario Ibarra. Aproveche para adquirir sus regalos navideños: agendas, calendarios, libros, discos y demás materiales de nuestra tiendita. La cita es hoy a las 18 horas en Zapotecos 7 (entre Isabel la Católica y Bolívar, a una cuadra de Fray Servando).

Responsable: FZLN.