Ť Amañada, la condena de dos cubanos a cadena perpetua por espionaje: La Habana

Cuba se prepara para virtual puente marítimo de alimentos comprados en Estados Unidos

GERARDO ARREOLA CORRESPONSAL

La Habana, 13 de diciembre. Cuba prepara sus muelles para recibir un virtual puente marítimo de alimentos comprados a empresas estadunidenses, bajo un soplo de distensión con Estados Unidos, mientras lanza toda la fuerza de su metralla verbal contra el exilio anticastrista y el aparato judicial de Miami, donde cinco cubanos empezaron a ser sentenciados por espionaje.

El buque carguero Ikan Mazatlán, de bandera singapuresa, rentado a través de una empresa radicada en Cuernavaca, México, debía zarpar el viernes desde un puerto de Luisiana con 42 mil toneladas de maíz para Cuba, en la primera operación comercial entre la isla y Estados Unidos desde 1963.

La Oficina de Administración de Exportaciones, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, expidió el pasado miércoles la licencia para que la nave realice la travesía, como excepción a la tupida madeja de leyes que rigen el bloqueo económico estadunidense contra Cuba, de acuerdo con fuentes empresariales.

La carga de 24 mil toneladas de maíz, destinada a procesamiento industrial, procede de granjas de la empresa Archer Da-niels Midland Company en Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Minnesota, Missouri, Ohio y Wisconsin, y podría llegar a Cuba el domingo a manos del comprador, Empresa Cubana Importadora de Alimentos, del Ministerio de Comercio Exterior.

A este primer despacho seguirán los co-rrespondientes a unos siete contratos conocidos entre las dos empresas, y que incluyen remesas de frijol de soya, trigo y arroz, previstas para entregarse durante los próximos dos meses, según informes del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, con sede en Nueva York.

Cuba pagará las compras en efectivo y de contado, una negociación destinada a reponer inventarios empleados para asistir a los damnificados por el huracán Michelle, que azotó a la isla el pasado 5 de noviembre.

La operación se ha convertido en la se-cuela de un excepcional clima de cooperación entre Washington y La Habana, surgido tras el paso del meteoro.

La otra cara de la moneda

Cerca de Luisiana, pero en un ambiente ra-dicalmente opuesto, el cubano Gerardo Hernández Nordelo, un graduado en relaciones internacionales, de 36 años de edad, fue condenado el lunes pasado por la jueza de Miami Joan Lenard a cumplir dos penas de cadena perpetua, luego de que el pasado 8 de junio un jurado lo halló culpable de una conspiración que desembocó en la muerte de cuatro miembros del grupo anticastrista Hermanos al Rescate, cuyas aeronaves fueron abatidas por la aviación cubana el 24 de febrero de 1996.

Hernández, arrestado el 12 de septiembre de 1998, fue el primero de cinco cubanos acusados en el mismo proceso en recibir sentencia. Cuba ha reconocido que Hernández y sus colegas espiaban entre los grupos anticastristas, pero reivindica a sus agentes, otorgándoles tratamiento de héroes y de-nunciando irregularidades del juicio.

Una segunda condena a prisión perpetua fue dictada el jueves contra el economista Ramón Labañino Salazar, de 38 años.

El diario oficial Granma descalificó hoy el dictamen de un jurado "amañado, prejuiciado, desinformado y bajo colosal presión por parte de las autoridades estadunidenses, la mafia anticubana y los medios de comunicación masiva", y elogió a Hernández como "joven patriota" que conoció su sentencia con "una ejemplar lección de integridad, honor y valentía".

Para los familiares de los cuatro pilotos muertos hace seis años, Mario de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales y Armando Alejandre, éste es el momento de la justicia. Su causa fue acogida y alentada como factor de unión por todo el espectro del anticastrismo radicado en Miami.

Para Cuba, la acción de los encausados es un esfuerzo contra el terrorismo representado por los sectores violentos del exilio.

"En el banquillo de los acusados estaban los inocentes y como espectadores figuraban conocidos terroristas, no sólo por nosotros los cubanos, sino por el gobierno de los Estados Unidos, cuyos informes oficiales reconocen tal historial", dijo Granma.

"El alegato de Gerardo, tras el fallo de la jueza, constituyó un documento contundente de denuncia del terrorismo promovido, financiado y ejecutado contra Cuba desde la Florida, con el contubernio de las autoridades estadunidenses. Puso en claro la arbitrariedad del sistema judicial del sur de la Florida en los casos que tienen que ver con nuestro país y sustentó la incoherencia de la política del gobierno de Estados Unidos en relación con su predicada voluntad de combatir el terrorismo, especialmente después de los sucesos del 11 de septiembre".

En los próximos días seguirán las audiencias de sentencia para los otros encausados, el instructor de vuelo y especialista en técnicas de aviación René González Sehwerert, el licenciado en relaciones internacionales Fernando González Llort y el ingeniero civil en construcción de aeródromos Antonio Guerrero Rodríguez.

Las efigies de los cinco condenados aparecen en miles de camisetas que portan es-tudiantes y trabajadores cubanos. Las mismas fotos enmarcan programas de televisión y actos públicos y sus nombres propios son mencionados con familiaridad por los medios informativos locales.

La suerte del grupo se ha convertido en un asunto de Estado, al grado de que el propio Fidel Castro ha prometido a su país que logrará la devolución de los agentes.

Otros cinco detenidos en la misma causa, que aceptaron su culpa y llegaron a tratos con la fiscalía para aminorar sus penas, quedaron en cambio sepultados en el silencio en Cuba.

Las autoridades tampoco han reaccionado públicamente ante el caso de Ana Belén Montes, de 44 años, ex analista de información de la Agencia de Inteligencia del De-partamento de Defensa de Estados Unidos, que fue arrestada el pasado 27 de octubre acusada de espiar para Cuba.

El arresto de Montes se produjo luego que los esposos George y Marisol Gari, dos de los otros cinco detenidos en la Florida, se declararon culpables en una corte federal en Miami de haber intentado infiltrarse en las instalaciones del Comando Sur del ejército de Estados Unidos.