Ť Aseveración de Víctor Lichtinger, titular de la Semarnat

Se enfrentan intereses económicos en la batalla contra delitos ambientales

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Se enfrentan "intereses económicos muy poderosos tanto del sector público como del privado" en la batalla contra los delitos ambientales, denunció ayer el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, mientras que el procurador del rubro, José Campillo, señaló que en 2001 se presentaron 400 denuncias penales contra infractores; se les impusieron multas por más de 100 millones de pesos y se remitió a 340 presuntos delincuentes.

En la presentación del programa de Procuración de Justicia Ambiental 2001-2006 los funcionarios señalaron que hay una determinación absoluta de acabar con la corrupción, desterrar la impunidad, indolencia y los vacíos de autoridad en los delitos que atentan contra los recursos naturales. Prueba de ello es que mientras en todo el sexenio pasado se hicieron apenas dos consignaciones, en un año de esta administración se han fincado responsabilidades penales contra cientos de delincuentes.

El secretario apuntó que entre las principales enmiendas legales que se plantearon al Congreso de la Unión en materia ambiental destacan las que elevarán las sanciones y castigos administrativos, económicos y penales contra los infractores y delincuentes, lo cual le dará una nueva categoría a los crímenes que atentan contra los recursos naturales nacionales.

A su vez, el procurador federal de Protección al Medio Ambiente, José Campillo García, señaló que entre las principales metas de este gobierno se encuentra rescatar las nueve zonas forestales consideradas como de "ingobernabilidad" y de acelerada depredación. Esta tarea se espera terminar en los primeros tres años de gestión a través de operativos especiales, que se realizarán en forma conjunta con el apoyo de la fuerza pública federal y estatal.

"Además, 91 áreas críticas más estarán sujetas a inspección y vigilancia participativa concurrente con estados, municipios y grupos comunitarios y bajo el mismo esquema se ejercerá vigilancia sobre 90 por ciento de las áreas naturales protegidas, con énfasis en las de más alta prioridad", según informó. Expuso que hasta el momento se han rescatado dos de estas áreas de ingobernabilidad forestal, como son Ocuilan y la reserva de la biosfera Mariposa Monarca.

En el rubro animal, la meta es inspeccionar el total de las Unidades de Manejo y Aprovechamiento de Vida Animal (UMA), que son casi 3 mil 400, además se iniciará el combate a las redes de tráfico ilegal tanto al interior como más allá de las fronteras y se reforzarán los 65 puntos de inspección fronteriza especialmente en los puertos de Tampico, Altamira y Veracruz. Este año incluso se lograrán asegurar más de 136 mil especímenes, comentó Campillo García.

Al referirse al tema pecuario, dijo que las metas son reducir 70 por ciento las irregularidades en los parques marinos, certificar la totalidad de la flota camaronera en el uso de dispositivos excluidores de tortuga marina y garantizar el cumplimiento de las regulaciones para la conservación de delfines ante la pesca del atún. En 2001 se tuvieron que decomisar 6 mil 200 toneladas de productos pesqueros y se impusieron multas por más de 11.5 millones de pesos.

También, aseguró, se luchará por establecer el estado de derecho en las playas y costas mexicanas, donde los intereses de desarrolladores y prestadores de servicios acostumbraban a imponer sus propias reglas.

El funcionario habló además del sector industrial y comentó que la procuraduría inspeccionará la totalidad de las empresas de alto riesgo, particularmente las de mayor potencial contaminante como la química, petroquímica, metalúrgica, de tintas e impresión, eléctrica, del vidrio y del cemento. Casi 7 mil 600 inspecciones anuales hasta duplicar el cumplimiento de la normatividad en este sector, pues en este año se tuvieron que clausurar 140 empresas e imponer multas por 48 millones de pesos.

Luego de tocar este punto, el funcionario sostuvo que esta dependencia "necesita ayuda de la fuerza pública, de la PGR, de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instancias para poder hacer cumplir la ley". Dijo que se ha incrementado el número de denuncias en 30 por ciento con respecto al año anterior, pues se han iniciado más de 13 mil 500 procedimientos jurídicos y se espera mantener este tenor en los próximos años, aunque se requerirá de otras instancias para hacer más efectiva las leyes y ordenamientos ambientales.

Para concluir señaló que la tendencia recesiva mundial que se percibió al inicio del gobierno actual "se ha convertido en una realidad desbocada" cuyo efecto negativo sobre los recursos públicos está siendo más que evidente,sss y que en el caso de la Profepa trastocará las más ambiciosas y optimistas previsiones presupuestales, por lo que hizo un llamado a enfrentar esta situación aprovechando al máximo los recursos y buscando formas alternas de financiamiento.