Ť Entregó la PGR informe sobre crímenes de magistrados

Indagará la Judicatura a órganos jurisdiccionales de Sinaloa

Ť No descarta responsabilidad de Francisco Arellano Félix

GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL Y GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En tanto que la Procuraduría General de la República (PGR) envió ayer al Senado un informe sobre las investigaciones que realiza en torno a los asesinatos de los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, el cual apunta al narcotraficante César Valenzuela Mejía como posible responsable intelectual del homicidio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciará una investigación extraordinaria a todos los órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales) que integran el circuito judicial de Sinaloa para conocer de actos irregulares.

En su informe, la PGR menciona que Apolinar López Román fue el sicario que dio muerte a los jueces el pasado 11 de noviembre, y si bien esta es la línea de investigación más fuerte, las autoridades no descartan otras hipótesis, como son la responsabilidad de Francisco Arellano Félix; que los homicidios de los magistrados fueron producto de una confusión, y una tercera considera que se debieron a problemas de carácter personal que alguno de ellos pudiera haber tenido.

El documento refiere que los crímenes tuvieron lugar en el fraccionamiento El Cid, de Mazatlán, Sinaloa, cuando se encontraban en el interior de una camioneta Suburban color vino, desde la cual estaban platicando con José Manuel de Alba, presidente del primer tribunal colegiado del décimo circuito.

Según el juez De Alba, sobreviviente del ataque, al lugar llegó un vehículo Chevy Monza rojo, del cual descendió un sujeto joven armado con una ametralladora de las conocidas como cuerno de chivo, y de inmediato disparó alrededor de 36 tiros en contra de los magistrados.

Aunque en estos fraccionamientos existen cámaras que graban la entrada y la salida de las personas, el reporte de la PGR señala que tuvo acceso a dos videocintas, pero curiosamente una de ellas no registró nada del día de los hechos, y la otra se terminó dos horas antes de los acontecimientos.

Los vigilantes del lugar señalaron que las cámaras estaban apagadas, pero las prendieron dos horas y media antes de los hechos.

El informe considera también la posible participación intelectual de Francisco Arellano Félix, ya que el juez Benito Andrade confirmó una sentencia en su contra, luego de que sus abogados la apelaron.

La hipótesis de la confusión se basa en el hecho de que en alguna ocasión se observó en el fraccionamiento una camioneta similar a la del magistrado Ayala Montenegro, pero hasta la fecha no han podido ubicar dicho vehículo.

Sin embargo, la línea de investigación en que se ha avanzado más apunta hacia César Valenzuela Mejía, quien cumple una sentencia de 10 años en el Centro de Readaptación Social de Los Mochis. El narcotraficante promovió un amparo contra su sentencia, pero el magistrado Ayala Montenegro resolvió en su contra, lo que provocó su enojo y amenazas de muerte contra del impartidor de justicia.

Según el documento de la PGR, un testigo protegido escuchó decir a los abogados de Valenzuela Mejía que el narcotraficante asesinaría a los jueces "si se rajaban".

Por su parte, el CJF dio a conocer que "con el fin de garantizar una impartición de justicia transparente e imparcial de cara a los ciudadanos", en los próximos días empezará una "investigación extraordinaria" en torno a la actuación de magistrados, jueces y todos los servidores públicos que laboran en aquella entidad.

En un comunicado, el CJF informó que "si bien son las autoridades ministeriales las encargadas de la investigación de tales sucesos, como órgano de vigilancia, disciplina y administración de juzgados y tribunales federales, y de quienes en ellos laboran, decidió emprender sus propias indagaciones sobre la actuación de los impartidores de justicia".

Agregó que "su decisión obedece al compromiso con la sociedad de que quienes integran el Poder Judicial de la Federación en tribunales de circuito y juzgados de distrito se conduzcan con transparencia y honestidad".