La justicia sigue pendiente en Acteal, cuatro años después

Ť La mayoría de los sentenciados son indígenas; algunos ya fueron liberados

JESUS RAMIREZ CUEVAS

El 22 de diciembre de 1997 ocurrió una de las más terribles matanzas registradas en la historia reciente de México: 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres fueron asesinados a sangre fría por paramilitares mientras rezaban por la paz en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Cuatro años han pasado de aquel crimen y los cuerpos de los 45 tzotziles que perdieron la vida yacen enterrados en el mismo paraje montañoso donde fueron masacrados. Sobre la tumba comunitaria se erigió una iglesia en su memoria.

A la fecha, la justicia sigue pendiente. Las autoridades judiciales han sentenciado a 57 personas, en su mayoría indígenas, como autores materiales (aún hay 29 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado). La Procuraduría General de la República ha soslayado la responsabilidad de servidores públicos. Hasta la fecha, sólo 9 policías estatales han sido sentenciados (a 3 años y nueve meses de prisión) por tolerar el equipamiento de civiles armados y la consumación del crimen. También han sido sentenciados tres jefes policiacos a ocho años de prisión y un militar acusado de armar y adiestrar a los criminales, a cuatro años y seis meses de prisión.

Sin embargo, el 16 de noviembre pasado fueron liberados seis indígenas que, de acuerdo con testigos y otras pruebas, participaron en la matanza. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) señala que "la responsabilidad es de la fiscalía especial de la PGR al no investigar e integrar adecuadamente las pruebas y la acusación, provocando con ello la desafortunada decisión del Poder Judicial de la Federación".

Otra afrenta reciente contra las víctimas es la rehabilitación del ex comandante de Seguridad Pública de Chiapas José Antonio del Carmen Noricumbo, uno de los oficiales policiacos que dotaron y adiestraron en el manejo de armas a los paramilitares que perpetraron la matanza.

No se toca a los autores intelectuales

Los abogados del CDHFBC han denunciado que existen elementos para determinar que ha habido insuficiencias y carencias en los juicios del caso Acteal. "En primer lugar, las investigaciones se han dirigido a los autores materiales de la masacre; sin embargo, los procesos penales no incluyen a los autores intelectuales que armaron y cobijaron a los paramilitares, a quienes se les debe fincar la responsabilidad por delincuencia organizada, (falta) dictar la responsabilidad penal de ex funcionarios del gobierno de Julio César Ruiz Ferro".

La fiscalía especial no ha fincado ninguna responsabilidad penal al ex gobernador de Chiapas, al ex secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, al subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez; al ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien obtuvo un amparo contra las órdenes de aprehensión. El ex director de la Policía de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez Orozco, y el ex coordinador de Seguridad Pública, general retirado Jorge Gamboa Solís, se encuentran prófugos de la justicia.

Tampoco se ha investigado a los posibles autores intelectuales ni se ha indagado la responsabilidad de fuerzas de seguridad e inteligencia, mencionadas en diversos testimonios. Por ejemplo, está pendiente el caso del capitán del Ejército Germán Parra, quien un mes antes de la matanza detuvo a un grupo de paramilitares armados, pero los liberó y les devolvió sus rifles R-15.

"Las sentencias sobre el caso Acteal no han sido satisfactorias, dado que no se reconoció en los procesos judiciales el delito de asociación delictuosa, el cual hubiera permitido acreditar la existencia de los grupos paramilitares", ha dicho el CDHFB.

Al contrario, la PGR ha insistido en la tesis de que se trató de un "conflicto intercomunitario" y que los asesinos materiales son "civiles armados".

A los sobrevivientes tampoco se les ha hecho cabal justicia. Miles de familias de Chenalhó, forzadas a abandonar sus hogares por las amenazas y el terror paramilitar, siguen viviendo en condición de refugiados internos, mientras los paramilitares siguen actuando y amenazando. En comunidades como Canolal, Los Chorros, Yibeljó, por mencionar algunas, los paramilitares han amenazado en días recientes con quemar las casas o asesinar a los indígenas que regresaron a sus comunidades.

A pesar de que el gobierno federal ha militarizado el municipio, no han sido desarmados los grupos paramilitares y sólo se ha decomisado una de las armas que se usaron en la matanza de Acteal. La presencia de más de 2 mil soldados en el municipio, destacados en 19 campamentos militares, no garantiza la seguridad para que puedan regresar a sus pueblos más de 6 mil 500 indígenas que viven en campamentos.

En el contexto de la guerra iniciada en 1994, dentro de la estrategia de contrainsurgencia, se ha documentado que el Ejército Mexicano ayudó a la formación de grupos paramilitares en el estado para llevar a cabo una guerra irregular contra las comunidades indígenas rebeldes.

La matanza

Acteal provocó la indignación nacional e internacional porque se trató de un crimen anunciado y las autoridades locales y las fuerzas de seguridad nunca actuaron para impedirlo, al contrario, hay pruebas de que encubrieron y apoyaron las acciones de los paramilitares.

Acteal es un pueblo tzotzil ubicado al borde de la carretera que enlaza San Pedro Chenalhó y Pantelhó. A fines de 1997 llegaron a esta comunidad unas 325 personas provenientes de las localidades vecinas Quextic y Tzajalucum que buscaban refugio por las amenazas que habían recibido y luego de que un grupo paramilitar de filiación priísta destruyó sus viviendas. Una parte de estos desplazados pertenecía al grupo Las Abejas y otra a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En el municipio de Chenalhó, un grupo de campesinos militantes del PRI fue organizado y entrenado por elementos del Ejército Mexicano y protegido por la policía de Seguridad Pública. A lo largo de 1997 la actividad de estos paramilitares se fue incrementando y creó una situación de gran tensión y violencia en las comunidades del municipio.

Al gobierno de entonces se le demandó que actuara con urgencia, pero no hizo nada, a pesar incluso que había una recomendación de la CNDH para que protegiera a miles de indígenas desplazados.

El 21 de diciembre de 1997 el grupo paramilitar acordó atacar Acteal en una reunión realizada en Pechiquil. Se sabe que participaron militantes priístas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, todas del municipio de Chenalhó. Esto narraron algunos testigos:

"Ya por la tarde (el domingo 21 de diciembre) estaba perfectamente planeado lo que iban a hacer. El acuerdo fue que iban a entrar en Acteal el lunes a masacrar a esa gente. Los paramilitares dieron la orden a toda la gente priísta de que al día siguiente tenían que ir bien desayunados por la mañana y que el objetivo era el de ir a cargar con todo el café que tenía la gente..."

El 22 de diciembre de 1997, aproximadamente a las 10:30 horas, junto al templo católico de la comunidad de Acteal se encontraban unos 250 indígenas orando por la paz. Los refugiados y habitantes del lugar escucharon una gran cantidad de balazos provenientes de varias direcciones dirigidos hacia ellos. Según algunos testigos, un grupo de al menos 60 personas disparó con armas de alto calibre y con balas expansivas contra los hombres, mujeres y niños desarmados. Los campesinos intentaron huir y esconderse en diversos lugares. Algunos tomaron la dirección del arroyo que atraviesa la comunidad pero encontraron otro grupo de paramilitares que avanzaba, unos más huyeron rumbo a la escuela y otros se escondieron en la maleza.

Cuenta un testigo: "Las balas se veían como agua. Más abajito hay un lugar para esconderse. Ahí fuimos, pero se veía cómo los tiros pasaban, levantaban la tierra donde pegaban. Los niños hacían mucho ruido, todos estaban llorando. Fue cuando nos escucharon y los agresores fueron donde estábamos. Fue cuando nos empezaron a disparar por parejo a todos los que estabamos ahí. Yo me salvé porque me escondí en una barranco con mi hermanito".

Según los sobrevivientes, el camión de la presidencia municipal de Chenalhó fue enviado por el alcalde, Jacinto Arias Cruz, para recoger a parte de los agresores y trasladarlos a Acteal.

Casi todos los agresores vestían de negro o de azul, a la usanza de la policía de Seguridad Pública, y llevaban paliacates rojos puestos en la cabeza. Los disparos duraron hasta cerca de las seis de la tarde. Fueron asesinados 45 campesinos: 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres. Además, quedaron 25 heridos.

La mañana del 22 de diciembre, antes de que iniciara la matanza, acudió al Centro Fray Bartolomé un grupo de personas de Acteal que denunciaron las amenazas. Cuando acudieron a la Subprocuraduría de Justicia Indígena los funcionarios les dijeron que "el fiscal encargado estaba de vacaciones", por lo que les pidieron que regresaran el 28 de diciembre.

El gobierno se enteró desde que comenzó la masacre...

Cerca de las once de la mañana del 22, el Centro Fray Bartolomé recibió una llamada desde Acteal en la que se advertía que había muchos disparos cerca. Gonzalo Ituarte, entonces secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), se comunicó con Homero Tovilla, secretario de Gobierno, para informarle de lo que sucedía en Acteal y solicitar su urgente intervención.

El funcionario, según reporte elaborado por la CNDH (recomendación 1/98), contestó que investigaría inmediatamente. Por su parte, el subsecretario Uriel Jarquín declaró a la prensa días más tarde que: "A las 11:30 (del 22 de diciembre) tomé nota y le notifiqué que no teníamos ningún reporte en ese momento. Notificamos de inmediato a la policía de Seguridad Pública que estaba destacamentada en el lugar para que verificara; no encontró ninguna evidencia de enfrentamiento, ninguna casa quemada, ningún problema en la región; nos lo reportó, reforzamos la vigilancia y seguimos pendientes".

A las 18 horas Tovilla Cristiani informó a la diócesis que la situación estaba controlada y que los policías estatales "sólo escucharon unos tiros".

De igual manera, Uriel Jarquín, en la entrevista concedida a La Jornada el 23 de diciembre, habló de enfrentamientos, mientras que los paramilitares estaban atacando a gente desarmada, en su gran mayoría niños, mujeres y ancianos. Además, según la recomendación 1/98 de la CNDH, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) informó a Tovilla Cristiani de los sucesos antes de la llamada de la curia diocesana, el 22 de diciembre. Sin embargo, ningún funcionario actuó.

Un hecho importante, que puso en evidencia la complicidad oficial con los asesinos fue que un destacamento de la policía de Seguridad Pública estaba en la escuela del lugar, a 200 metros de donde estaba ocurriendo la matanza. Algo que no se puede creer es que la balacera duró casi siete horas y los policías no intervinieron en ningún momento y, supuestamente, tampoco avisaron a las autoridades.

A las 11:30 de la mañana tres vecinos de Acteal alertaron a Roberto García Rivas, comandante de Seguridad Pública, porque se había iniciado una fuerte balacera en la zona de la ermita donde estaban los desplazados.

Sin embargo, los denunciantes fueron retenidos por la policía. Además, los vecinos de Acteal en poblados como Chimix (distante a tres kilómetros), Pechiquil (a cuatro kilómetros) y el crucero hacia Los Chorros (a un kilómetro), informaron que oyeron los disparos. No existe ninguna explicación creíble de cómo los policías no pudieron haber escuchado los disparos de los agresores o los gritos de sus víctimas.

Efectivos de Seguridad Pública entraron a Acteal y permanecieron hasta las cinco de la tarde; es decir, más de seis horas después de que los paramilitares comenzaron su ataque, más de cinco horas después de que el secretario técnico de la Conai les había avisado a las autoridades estatales lo que estaba pasando.

Lo que las autoridades sí hicieron con eficiencia fue recoger los cadáveres antes del amanecer:

Antonio del Carmen López Nuricumbo, comandante de la zona Chenalhó de Seguridad Pública (ahora rehabilitado en la policía estatal del gobierno de Chiapas), declaró ante la PGR: "nos gritaba el licenciado Jorge Enrique Hernández Aguilar que nos apresuráramos a levantar los cadáveres para que no fueran a llegar los periodistas". Según la CNDH, el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, también estuvo en las recolección de los cuerpos.

Por otra parte, en su comunicado del 23 de diciembre de 1997, el EZLN señaló: "De acuerdo con transmisiones radiales del gobierno de Chiapas (interceptadas por el EZLN), en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de Seguridad Pública del estado de Chiapas respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza. Los señores Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín comisionaron a la policía para respaldar este crimen. El señor Julio César Ruiz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del operativo (al menos desde las 12:00 horas del día 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora). Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el día 21 de diciembre en una reunión de paramilitares (dirigida por el señor Jacinto Arias, presidente municipal priísta) de las comunidades Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic, todas éstas del municipio de Chenalhó".

La CNDH recogió las declaraciones de los principales funcionarios del gobierno estatal. Esto y muchas pruebas más llevaron a esa instancia pública a afirmar que resulta responsabilidad penal y/o administrativa a los siguientes funcionarios: Homero Tovilla Cristiani, secretario de Gobierno; Marco Antonio Besares Escobar, procurador de Justicia del Estado; Jorge Enrique Hernández Aguilar, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Antonio Pérez Hernández, secretario para la Atención de los Pueblos Indígenas; Uriel Jarquín Gálvez, subsecretario general de Gobierno; Ramiro Sánchez Vega, subprocurador de Averiguaciones Previas; David Gómez Hernández, subprocurador de Justicia Indígena, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y general de brigada diplomado de estado mayor retirado Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado; militar retirado José Luis Rodríguez Orozco, director general de Seguridad Pública del Estado; comandante Roberto García Rivas; general de brigada retirado Julio César Santiago Díaz, jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública del Estado; primer oficial de Seguridad Pública del Estado, comandante Antonio López Nuricumbo; segundo oficial de la policía de Seguridad Pública del estado, Roberto Martín Méndez, encargado de la base de operaciones de Seguridad Pública en Majomut el día de los hechos; segundo oficial Iturbide Rincón Luna, comandante de la base de operaciones de Seguridad Pública en Chimix; oficial Jorge Zavaleta Urbina, comandante de la región San Cristóbal de Las Casas de Seguridad Pública; comandante de la Policía Judicial del Estado de apellido Alvarado Gutiérrez, con destacamento en Chenalhó; Marco Antonio Jiménez Espinosa, agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Subprocuraduría de Justicia Indígena.

La CNDH hizo pública su recomendación el 7 de enero de 1998, el mismo día que el señor Julio César Ruiz Ferro solicitó licencia por tiempo indefinido como gobernador de Chiapas. Todos los funcionarios señalados dejaron sus cargos justo ese día. Sin embargo, hasta la fecha solamente han sido consignados ante la justicia los señores general de brigada retirado Julio César Santiago Díaz, David Gómez Hernández, Roberto Martín Méndez Gómez, Roberto García Rivas y Jacinto Arias Cruz, ex presidente municipal de Chenalhó.

Los gobiernos estatal y federal se deslindaron de los hechos y trataron de presentar la matanza como un conflicto entre indígenas. Sin embargo, hay muchas evidencias de que lo ocurrido en Acteal fue parte de una campaña contrainsurgente, de acuerdo con los manuales de guerra irregular.

En la medida que el Estado no asuma su responsabilidad en los hechos, no se juzgue a los autores intelectuales y no se desarme a los grupos paramilitares, la justicia en este caso seguirá pendiente.