Disipado el humo de los gases lacrimógenos, recogidos los cuerpos de las víctimas de la policía o de los comerciantes, comienzan ahora los problemas y las interrogantes.

Se da por seguro que el país va a la moratoria en el pago de la deuda exterior y , por consiguiente, al default o cesación de pagos, junto con la devaluación del peso. Se supone además que para calmar la situación no bastará con derogar el congelamiento de los depósitos, asegurar el pago a los jubilados y cumplir regularmente, sin descuentos y en efectivo, con los salarios.

El pago de los servicios de la deuda representa 58.7 por ciento del PIB, por lo que su cese puede permitir algunas medidas que sirvan de amortiguador social.

Pero los justicialistas (peronistas) no sólo están divididos, sino que han votado en su momento las medidas de Domingo Cavallo y de De la Rúa, y el propio Cavallo, antes de ser ministro del último gobierno radical, lo fue de Carlos Menem y de la dictadura militar.

La fuerza de Cavallo residía en el sector bancario (extranjero en su mayor parte) y en los grandes capitales industriales-financieros que han sacado dólares por decenas de miles de millones y están comprando acciones de empresas cotizadas en Estados Unidos para venderlas en dólares en ese país y sacar su dinero de Argentina.

Pero en la misma situación se encuentra el consenso justicialista.

¿Quién y cómo frenará ahora este desangramiento de la economía nacional y reducirá ese poder extranacional? Los partidos tradicionales y sus políticos no tienen ningún prestigio.

El gobierno transitorio del presidente del Senado, el justicialista Ramón Puerta, ligado a Menem y acusado de ser contrabandista, carece por su parte de apoyo en su propio partido y entre las clases dominantes y, por supuesto, de popularidad, y no se vislumbra quién pueda tener la estatura suficiente para ser presidente en las condiciones en que está Argentina, si se convocasen elecciones presidenciales próximas.

Con el Fondo Monetario Internacional en contra, apostando a la quiebra argentina como si fuese una pequeña empresa cualquiera y con los inversionistas --españoles, italianos, estadunidenses, chilenos-- desesperados por no perder decenas de miles de millones de dólares y capaces de presionar fuerte y duro, se necesita un gobierno con fuerte respaldo popular.

Los argentinos, que han experimentado la fuerza de su rebelión, no parecen dispuestos a repetir experiencias anteriores, como sí quieren en cambio buena parte de los políticos justicialistas o radicales y sus mentores en el campo financiero.

El ejército, víctima también de la rebaja de sueldos y presupuesto y de la congelación de los depósitos, no ha intervenido, y en sus filas, como en la Iglesia católica, hay sectores muy impresionados por la rebelión popular y que se oponen al mismo tiempo a la política neoliberal que ha destruido a la Argentina y pretende hacer lo mismo con el Mercosur --sobre todo a Brasi-- para imponer mejor el ALCA.

Esa es otra incógnita, dado que la rebelión tuvo también un fuerte tono nacionalista y antineoliberal. Es seguro que esta política económica ortodoxa y sus consecuencias sociales lleven tarde o temprano a un estallido. Lo que queda por ver es qué viene después de éste.