Ť Defensores de derechos humanos han tenido que recurrir a organismos internacionales

Los sobrevivientes de Acteal aún claman justicia

Ť Inaceptable, que no se conozca todavía a los autores intelectuales de la masacre, aseguran

VICTOR BALLINAS

El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas -15 niños, 21 mujeres y 9 hombres- fueron masacrados en Acteal, Chiapas, por un grupo paramilitar vinculado al PRI, hecho condenado por la comunidad internacional, que demandó el esclarecimiento de los hechos. A cuatro años de distancia, los familiares de las víctimas y sobrevivientes aún claman justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en México, que hizo público en 1998, destaca que Chiapas "es uno de los estados con mayor desigualdad en la propiedad agraria y, al mismo tiempo, con mayor fragmentación en la propiedad. Ello explica en gran parte que la mayoría de los conflictos en esa entidad giren en torno a la tierra".

Durante décadas, agrega dicho informe, campesinos e indígenas de diversos municipios de la zona norte del estado se han visto inmersos en una intensa lucha por la posesión de las tierras, enfrentando a propietarios -mayoritariamente no indígenas- "apoyados por las llamadas guardias blancas". En repetidas ocasiones los indígenas de la región han venido denunciando la existencia de grupos paramilitares, dedicados a hostigar, amenazar, agredir y, en casos extremos, asesinar a quienes consideran opositores.

Esas denuncias, precisa la CIDH, fueron de su conocimiento durante la visita de trabajo que realizó en México, en donde se le informó que "la reacción de las autoridades locales ante esos graves delitos es en muchos de los casos de indiferencia o tolerancia, y en otros incluso de apoyo y participación directa de miembros de las fuerzas de seguridad".

Al abordar el tema de la masacre de Acteal señala que ello refleja "la gravedad de la situación a la que ha llegado el conflicto en esa zona". Se ha señalado en las denuncias formuladas que los autores de dicha matanza "pertenecen a grupos paramilitares presuntamente relacionados con integrantes locales del PRI, incluyendo a quien fuera el presidente municipal de Chenalhó el día de los crímenes".

Medidas cautelares

En dicho documento la CIDH da cuenta que el 24 de diciembre de 1997 (dos días después de la masacre) solicitó al gobierno mexicano la adopción inmediata de medidas cautelares, relacionadas con la protección a la vida, integridad física y la salud, tanto de los sobrevivientes como de las demás personas en situación de desplazamiento que se encuentran en el municipio de Chenalhó, y la realización de una investigación inmediata, seria y exhaustiva sobre esos hechos, la sanción a los responsables y las medidas necesarias para prevenir la repetición de sucesos semejantes.

En respuesta a ello, el gobierno mexicano informó a fines de marzo de 1998 a ese órgano internacional que la Procuraduría General de la República había "ejercitado acción penal contra 124 personas, 97 de ellas estaban sometidas a proceso penal, privadas de su libertad y acusadas de los delitos de homicidio, lesiones, portación y uso de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, y asociación delictuosa".

La respuesta del gobierno a la CIDH refirió que entre las personas sujetas a proceso se encontraban el presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, a quien se juzgaba como presunto instigador en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa, y que también 11 ex policías de la Dirección General de Seguridad Pública del estado "estaban detenidos acusados de permitir el transporte de armas de uso reservado para el Ejército y por no haber impedido que los homicidios se perpetraran, a pesar de haber estado en el lugar y momento de los hechos".

Con esa respuesta gubernamental, la CIDH sostiene que "con el informe de la PGR surge de manera evidente que los cuerpos de seguridad pública no solamente toleraron, sino auspiciaron el tráfico ilícito de armas a favor de los grupos simpatizantes de las autoridades, con la pretendida justificación de que eran para la defensa de sus personas y bienes... entre otras armas que les dejaron portar figuran AK-47 y rifles R15".

Y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, destaca que a cuatro años de la masacre cometida contra indígenas indefensos, no se ha hecho justicia plena. Aclara que "no son 124 los detenidos. Hay procesos penales abiertos contra 82 personas, y de ellas 57 ya tienen sentencia como autoras materiales, y están pendientes de ejecutarse 29 órdenes de aprehensión, pero no se ha ido al fondo del problema, no hay ningún funcionario público detenido como autor intelectual, a pesar de la recomendación I/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

La recomendación señala: "los funcionarios del gobierno del estado que declararon ante esta CNDH, o que rindieron por escrito sus informes, incurrieron en diversas contradicciones e inconsistencias respecto del modo, tiempo y circunstancias de los sucesos... Tales declaraciones tuvieron el propósito de evadir sus responsabilidades directas. Y en particular, la Coordinación General de Seguridad Pública del estado alteró un documento que contiene información relevante".

Cabe recordar que el mismo día que se emitió dicha recomendación por la CNDH -7 de enero de 1998- el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, solicitó licencia por tiempo indefinido, y todo su equipo renunció.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, "la PGR no ha variado su hipótesis manejada desde un principio, que se trató de un conflicto intercomunitario o interfamiliar, dentro de un contexto de disputa constante por el poder político y económico, así como por la existencia de una diversidad religiosa y más recientemente una división ideológica a raíz de la aparición del EZLN".

Patricia Jiménez Ramírez, directora del Centro Fray Bartolomé de las Casas, recuerda: "desde entonces preocupó a los grupos defensores de derechos humanos que el análisis preliminar de la PGR no haya tomado en cuenta ciertos elementos del conflicto. No menciona la existencia de los grupos paramilitares y su relación con la presidencia municipal priísta; tampoco la necesidad de investigar la participación o negligencia de las autoridades estatales y federales".

Desde ese entonces, y hasta la fecha, abunda: "tenemos la impresión de que se quiere minimizar y reducir la masacre a un problema local entre indígenas, en el que los gobiernos federal y estatal no tienen ninguna responsabilidad". Esto, advirtió, es inaceptable, y "es muy probable que a mediados del año que entra recurramos a las instancias internacionales, entre ella la CIDH, para demandar justicia".

Hasta hoy, apunta Patricia Jiménez, "la explicación oficial de la masacre sigue la misma línea: Acteal fue problema interfamiliar o intercomunitario. El racismo es evidente en los discursos oficiales, en el sentido de que estos indios se matan entre sí por cualquier razón insignificante".

Existen elementos, resaltó la dirigente, para determinar que ha habido insuficiencias y carencias en los juicios del caso Acteal. En primer lugar, las investigaciones sólo se han dirigido hacia los autores materiales de la masacre; sin embargo, los procesos penales no incluyen a los autores intelectuales que armaron y cobijaron a los paramilitares, a quienes se les debe investigar a fondo por la formación de grupos de "delincuencia organizada"; es decir, "dictar la responsabilidad penal de los ex funcionarios del gobierno de Julio César Ruiz Ferro".

Los muertos de Acteal aún esperan justicia y sus familiares y sobrevivientes a esa masacre deben ser sujetos de reparación de daño, insiste la directora del Centro Fray Bartolomé de las Casas. Para lograrlo, advierte, "iremos a los organismos internacionales, porque en México casi hemos agotado las instancias a las que había que recurrir".