Ť Perredistas y panistas, en organismos paramilitares

Amenazas contra defensores indígenas de derechos humanos

Ť Preocupante, la situación de Ramón Peñate Díaz, quien trabaja en Tila, donde opera el grupo armado Paz y Justicia

HERMANN BELLINGHAUSEN

Las reiteradas amenazas en Chiapas contra miembros de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos se han tornado preocupantes en los últimos días. En particular, las dirigidas contra Ramón Peñate Díaz, defensor comunitario que labora en la zona norte del estado, en las tierras bajas del municipio de Tila, donde hace ya seis años que la organización Paz y Justicia ha impuesto la ley de la violencia paramilitar, con la complicidad (al menos) de la fuerza pública federal y estatal.

La nueva careta de esta violencia corresponde a militantes del PRD, como ha sido frecuente en los últimos meses del año que concluye. Esto, sin que los paramilitares priístas hayan sido desarmados, mucho menos castigados (salvo la pasajera aprehensión de Samuel Sánchez y otros líderes de una fracción de lo que, membretes más o menos, siguen respondiendo al proyecto original de Desarrollo, Paz y Justicia, sólo que ahora sus miembros son, además de priístas, en ocasiones perredistas, y hasta panistas.

En una carta a la prensa, la red expresa: Queremos denunciar y expresar nuestra profunda preocupación por las agresiones y amenazas de que es blanco Ramón Peñate Díaz. Esta red es un instrumento de autodefensa legal de los pueblos indígenas que agrupa a más de 20 defensores de siete regiones de Chiapas. En poco más de tres años, su labor en pro de los indígenas ha impulsado en las comunidades una nueva cultura respecto a los derechos humanos. Trabajan in situ, en regiones donde la violencia, sobre todo paramilitar, amenaza recurrentemente a las comunidades en resistencia y a los asentamientos de desplazados zapatistas.

Ramón Peñate Díaz, como miembro de la red, "ha denunciado en diversas ocasiones las violaciones a los derechos individuales y colectivos" en su región. Vive en la comunidad de Emiliano Zapata, del municipio de Tila; el 8 de diciembre de 2001 prendieron fuego a su casa, y el miércoles 19 recibió amenazas de Candelario Díaz Díaz y del comisariado ejidal Fidencio Díaz Méndez (padre e hijo, militantes del PRD).

Según expresa la red, la vida de Ramón peligra, pues estas personas le advirtieron que pueden quemar su casa cuando quieran, y que él, su hermano Benito y Marciano Gaspar González se deben cuidar porque tarde o temprano les va a cruzar una bala en el corazón. Le anunciaron que van a entrar en su casa para romper su cámara de video y la computadora con la que está haciendo las denuncias por violaciones a derechos humanos, y que: a la caravana la vamos a detener en el camino y le vamos a quitar y romper lo que lleven, para demostrarles todo lo que podemos hacer, en clara referencia al Comité de Apoyo a Zona Norte, que acompaña y recaba solidaridad para las comunidades desplazadas por los paramilitares en esa zona.

Doble discurso de las autoridades

Para señalar los dobles discursos y la distancia que media entre las buenas intenciones declarativas y los hechos reales, la red de defensores escribe: Mientras la Secretaría de Gobernación lleva a cabo pláticas con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para establecer mecanismos de protección a los defensores de estos derechos, y mientras los días 9 y 10 de diciembre se celebraba la adopción de dos instrumentos de Naciones Unidas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, los defensores corren grave peligro.

Nos parecen particularmente graves los acosos y riesgos a que deben exponerse los activistas indígenas por el aislamiento en que realizan su trabajo, pero más grave aún la falta de atención por los gobiernos estatal y federal, ya que públicamente se solicitaron las medidas cautelares para proteger la vida y la integridad física de Ramón Peñate Díaz, defensor indígena de derechos humanos.

Por último la red, con sede en San Cristóbal de las Casas, pero que opera en muchas regiones nativas de Chiapas, indicó a La Jornada por qué los defensores como Ramón Peñate se encuentran en riesgo mayor: como ellos realizan su trabajo dentro de sus comunidades, y es ahí donde los están amenazando, el peligro al que se exponen es continuo, no como los centros de derechos humanos que organizan viajes de observación y regresan a la ciudad.