Pide la CIDH al gobierno proteger al general Gallardo; su vida peligra, dice

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al gobierno mexicano a que adopte las medidas provisionales necesarias para proteger al general José Francisco Gallardo, preso desde hace ocho años, por considerar que su vida e integridad personal están en "grave peligro".

Además, convocó al gobierno a proporcionarle información sobre el cumplimiento de esta resolución a más tardar el 14 de enero, y a asistir a una audiencia pública el próximo 18 de febrero de 2002, para que dé sus puntos de vista sobre los hechos que motivaron la solicitud de estas medidas.

Desde el penal de Neza-Bordo, el general Gallardo concedió una entrevista telefónica, en la que se declaró optimista de la resolución de su caso porque esta determinación de la Corte se dio en un tiempo muy breve, a menos de 48 horas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara esa solicitud.

Gallardo, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito a raíz de que se pronunció a favor de la creación de un ombudsman militar, señaló que las medidas provisionales pueden incluir tanto su liberación como la protección de su familia, la cual desde que está en prisión "ha sido víctima de hostigamiento y de persecución".

Aseguró que esta decisión sienta un precedente en la historia jurídica de México porque por primera vez la estructura militar será puesta bajo el escrutinio de un organismo internacional, cuyas resoluciones tienen que ser acatadas por el gobierno.

El hijo del general, Marco Vinicio Gallardo, dijo en conferencia de prensa que ojalá esta resolución sirva para que el gobierno mexicano libere al militar mediante "la mejor salida posible para que no quede golpeada la figura castrense pero tampoco la de mi padre".

Insistió que Gallardo rechaza ser excarcelado mediante un indulto porque eso significaría que acepta su culpabilidad. Dijo que la reducción de pena es una opción para que pueda salir libre y después siga luchando para demostrar su inocencia.

Esta es la segunda vez que la CIDH demanda al gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares; la primera vez fue en el caso de las amenazas de muertes, en contra de la abogada Digna Ochoa.

En el documento que fue emitido el jueves pasado y que ayer se difundió en la sede de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el presidente de la corte, Juan Antonio Cansado, consideró que por los antecedentes presentados hay una situación "de urgente y grave peligro para la vida e integridad personal del general".

Argumentó que el gobierno mexicano debe aplicar estas medidas provisionales porque desde 1998 reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El organismo, que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que es responsabilidad del Estado mexicano adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción.

Los familiares de Gallardo recordaron que desde 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el general debía ser liberado, pero el gobierno no acató esa determinación en lo que constituyó "un evidente desafío al sistema interamericano de protección de los derechos humanos", afirmó Fabián Sánchez Matus, de la organización que defiende este caso.

Sánchez señaló que de incumplirse la resolución se pondrá en evidencia la falta de congruencia del gobierno entre el discurso que ha mantenido y las acciones que ha realizado, por lo que lo instó a demostrar su verdadero compromiso con el respeto a los derechos humanos.