Educación en derechos

En el marco del decenio para la educación en derechos humanos (1995-2004), proclamado por la ONU a propuesta de Costa Rica, entre el 28 de noviembre y el 1o. de diciembre se realizó en México la Conferencia Regional sobre Educación en Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, auspiciada por la UNESCO y organizada por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue la última de las reuniones regionales, luego de las que se llevaron a cabo en Africa, Asia y Europa, y a ella asistieron delegados de gobiernos, representantes de organismos ciudadanos y académicos que se dedican al tema.

Después de hacer un análisis sobre la situación de los derechos humanos en la región, identificando las causas económicas, políticas y sociales que propician su violación, y una evaluación sobre el estado que guarda la educación en derechos humanos, los participantes se integraron en cinco mesas de trabajo sobre los siguientes aspectos fundamentales: la educación en derechos humanos en los programas de educación básica, en los de educación superior y en los de educación no formal, así como la educación en derechos humanos desde el horizonte del servicio público y profesional. Una mesa lamentablemente minoritaria se dedicó a la discriminación y a la educación en derechos humanos entre los pueblos indígenas.

Algo que sobresalió fue la muy poca respuesta que hasta ahora ha tenido la evaluación sobre el tema pedida por el ACNUDH a los gobiernos de la región. Pareciera que éstos al mismo tiempo que no alcanzan a cumplir con su obligación de garantizar el acceso a la educación de todos sus ciudadanos, y una educación de calidad, menos se interesan por ofrecerles una educación en derechos humanos. Signo de ello fue en general el bajo perfil que, salvo excepciones, se observó entre los representantes gubernamentales (algunos ombudsman con presupuestos bajos y competencias limitadas, e incluso secretarias de embajadas), y las reticencias que algunos ministros expresaban para que sus gobiernos ratificaran todos los instrumentos internacionales en derechos humanos.

En el caso de México fue notoria la ausencia del secretario de Educación Pública, por lo menos en la sesión inaugural. Por ello en la declaración final, aunque no se llegó a establecer un verdadero plan de acción, y casi todo se queda en recomendaciones y buenas intenciones, se establece entre otras cosas que hay que concebir e impulsar el reconocimiento a la educación en derechos humanos como un derecho en sí mismo, que debe gozar de todas las garantías, controles, parámetros de cumplimiento y seguimiento que tienen los demás derechos.

Vale la pena subrayar otras de las conclusiones a las que se llegó en la mesa sobre discriminación y pueblos indígenas, como la que enfatiza la necesidad de que los Estados cumplan con su responsabilidad de ser generadores, protectores e implementadores de una cultura de los derechos humanos, luego de los acontecimientos del 11 de septiembre, que amenazan con un grave retroceso en su reconocimiento y respeto. "Preocupa -se afirma con razón- que en el momento presente el ejercicio de los derechos humanos se ha subordinado a políticas de seguridad nacional, así como que se haya producido una inmovilidad en cuanto a impulsar agendas de avance de los derechos humanos, concretamente de las recomendaciones de la Conferencia de Durban (Sudáfrica)".

O la recomendación específica que pide revisar los libros de texto que se utilizan en la educación formal, para detectar y corregir cualquier contenido o expresiones que resulten racistas o discriminatorias hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones o sectores que sufren discriminación social, haciendo justicia a la historia y el papel que estas poblaciones han tenido en ella. "Los pueblos indígenas y afrodescendientes -se dice también con toda razón- deben intervenir en la preparación de los textos referidos a su cultura, ya que es importante que ellos reflejen no solamente su lengua, sino también sus ideas y su visión del mundo". Hay igualmente recomendaciones muy importantes sobre la protección y seguridad de las que deben gozar los educadores y activistas en derechos humanos, así como sobre la urgencia de apoyar la labor que realizan las organizaciones ciudadanas en el cumplimiento de esta obligación.