Alberto J. Olvera

Presupuesto, federalización y el espejo argentino

La crisis argentina representa uno de nuestros futuros probables. La causa de la crisis del hermano país fue una combinación de irresponsabilidad neoliberal, necedad en el manejo de la paridad cambiaria e incapacidad política superlativa de la clase política. Esta explosiva mezcla es igualmente vivida por los mexicanos, con nuestros propios agravantes autóctonos, como la descarada demagogia y la pequeñez de miras de muchos de nuestros políticos locales. La reciente discusión sobre la descentralización y el reparto de los recursos entre Federación, estados y municipios es un buen ejemplo.

Los gobernadores han dado reiterada muestra de ausencia de ideas y propuestas viables. Los presidentes municipales, agrupados en tres diferentes asociaciones (una por partido político), aportaron en cambio en días pasados una Declaración de Boca del Río, que por vez primera crea un programa coherente para una reforma a fondo de la obsoleta estructura de los gobiernos locales. Proponen, entre otras cosas, la creación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito municipal; elegir a los regidores con un sistema de distritos uninominales municipales; y asegurar por diversas vías que haya mayor autonomía fiscal, así como transparencia, predictibilidad y supervisión en la entrega de los recursos a municipios.

Estas propuestas pueden constituir el eje de una reforma política de fondo de los gobiernos municipales, especialmente por cuanto creen equilibrios internos de fuerzas políticas y mecanismos de supervisión de las finanzas. Pero por ahora los gobiernos municipales constituyen, en su mayoría, el reino de la arbitrariedad. Un ejemplo: en Veracruz el Organo de Fiscalización Superior reportó que en el ejercicio fiscal 2000, 48 ayuntamientos (23 por ciento del total) presentaron inconsistencias en sus cuentas e incurrieron en un daño patrimonial considerable. Veintidós municipios (11 por ciento) ni siquiera presentaron la información necesaria para evaluar su desempeño. Y esto fue un ejercicio light.

Por su parte, la mayoría de los gobiernos estatales operan con reglas del viejo régimen: el "combativo" gobernador de Oaxaca no ha dicho que ha reservado 10 por ciento del presupuesto de su gobierno para partida secreta, no sujeta a comprobación ni fiscalización. El gobernador de Veracruz ha hecho aprobar en el dócil Congreso local un presupuesto 2002 que le da a comunicación social 140 millones y mil 400 a seguridad pública, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario contará con sólo 112 para enfrentar una brutal crisis agrícola.

El actual debate sobre la reforma fiscal y sobre el federalismo nos muestra de cuerpo entero a una clase política de pacotilla. Mientras la democratización y la reforma del Estado no lleguen a los partidos, a los estados y a los municipios, hablar de descentralización será más riesgo que salto adelante. Esta falta de democratización integral fue uno de los grandes defectos de la transición argentina. Analicemos sus consecuencias.

Declaración de Boca

1. Reafirmar a la Conferencia del Municipio Mexicano como interlocutor de los municipios ante los diversos órganos y poderes públicos. De la misma forma, la conferencia seguirá siendo el mecanismo de coordinación del movimiento asociacionista municipal. En este punto, solicitan una reunión con el Presidente de la República. 2. Impulsar una nueva reforma al artículo 115 de la Constitución, con el ánimo de dotar a los ayuntamientos de facultades legislativas plenas. 3. Desarrollar un mecanismo que garantice el apego de toda la legislación federal y estatal al espíritu de dicho artículo. 4. Promover la ampliación del periodo constitucional de los ayuntamientos y eliminar la prohibición de la reelección del cuerpo edilicio, dejando a los congresos locales su reglamentación. 5. Transformar la actividad gubernamental del ayuntamiento, impulsando la creación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito municipal. Modificar igualmente el mecanismo de elección de regidores, a un sistema de distritos uninominales municipales. 6. Convocar a la Convención Nacional Hacendaria y asegurar la participación plena del orden de gobierno municipal, en los órganos de coordinación fiscal federal. 7. Asegurar la transparencia informativa de la Secretaría de Hacienda y las secretarías de Finanzas estatales, en lo que respecta a la distribución y entrega de recursos a los municipios. Igualmente debe garantizarse que se establezcan órganos estatales de fiscalización de carácter constitucional autónomos. 8. Precisar y ampliar las potestades tributarias de los municipios, en lo que respecta al cobro del derecho de alumbrado público e impuesto sobre gasolina. 9. Obligar a las empresas, entidades y organismos paraestatales para realizar el pago justo y puntual del impuesto predial, y demás contribuciones municipales. 10. Revisar y elevar el monto mínimo que se destina a los municipios dentro del Fondo General de Participaciones Federales, haciendo obligatorio que las entidades federativas emitan una legislación que haga transparente y eficiente el mecanismo de distribución y entrega de las mismas.