Víctor Suárez Carrera

2002: última llamada para los maiceros mexicanos

2001 representa la continuidad de las políticas de Zedillo y Salinas contra la producción campesina de maíz y en favor de la dependencia alimentaria nacional.

Los hechos están a la vista.

Este año, la tríada Fox-Derbez-Usabiaga autorizó la importación de 6 millones de toneladas de maíz, el doble de lo establecido como cuota libre de arancel en el TLCAN. Esto a pesar de la existencia de producción nacional de maíz blanco y granos forrajeros suficiente para no rebasar por primera vez el cupo acordado con Estados Unidos. Lo anterior, además, en abierta violación al mandato de la Ley de Ingresos 2001 que ordenaba al Ejecutivo llevar consultas con organizaciones de productores representativas y plurales para determinar posibles sobrecuotas y los aranceles correspondientes. El ilegal decreto de Pekín del 7 de junio del presidente Fox, impugnado por la ANEC a través de un amparo, marcó la simulación y el engaño como método de consulta e impuso un sobrecupo de 3 millones y un arancel irrisorio del 1 y 3 por ciento para maíz amarillo y maíz blanco, respectivamente.

Esta imposición significó, además, un sabotaje al proceso de comercialización de la cosecha de maíz de Sinaloa al abrir las importaciones en época de cosecha y debilitar de esta forma la negociación de las organizaciones maiceras del estado con los compradores. El resultado: precios bajos al productor y una erogación adicional de 500 millones de pesos a los mil millones ya asignados para apoyos a la comercialización a dicha entidad. La lógica es clara: más dinero público para abatir los precios al productor, enriquecer a los agricultores ricos y aumentar las ganancias de los industriales y comercializadores privados nacionales y norteamericanos.

Con la presente administración, la política de guerra contra la agricultura maicera nacional llegó al extremo de autorizar a Diconsa la importación de 40 por ciento de sus requerimientos anuales cuando el país produce 18 millones de toneladas de maíz blanco y tiene excedentes para consumo humano. Diconsa distribuye en zonas rurales 600 mil toneladas, lo que representa únicamente 3.3 por ciento de la producción nacional. Ante este hecho, no queda claro si en la nueva misión de la secretaria Vázquez Mota se incluye el combate a la pobreza también en Estados Unidos al favorecer la inyección de más de 25 millones de dólares en la economía de ese país en lugar de hacerlo en las regiones maiceras campesinas e indígenas de centro y sur-sureste. En este sentido, no es claro si la nueva función de Diconsa es importar alimentos y por eso su siglas signifiquen Distribuidora e Importadora Conasupo, SA.

Otro hecho de la mayor gravedad y del que también Diconsa es corresponsable -con la Cibiogem, Sagarpa, Semarnat, Salud y Economía-, se refiere a la contaminación de maíces autóctonos de Puebla y Oaxaca por transgenes provenientes de maíces modificados genéticamente importados y distribuidos en las tiendas comunitarias. Diversas organizaciones y personas ya han interpuesto una demanda popular ante la Profepa al respecto.

2002 representa la última oportunidad para cambiar. Entramos al año 9 del TLCAN, con precios internacionales a la baja por aumento de los subsidios estadunidenses dumping. Para completar el cuadro, el presidente Fox incluye en su iniciativa de ley de egresos 2002 una drástica reducción de los apoyos a la comercialización para maíz y otros granos al pasar de 4 mil 700 millones autorizados este año a únicamente mil millones para el próximo. Se trata de una crónica anunciada de explosiones sociales en el campo maicero.

Sí es posible cambiar. La actual administración es la continuidad de Zedillo y Salinas con otros rostros. La palabra la tienen las organizaciones campesinas y el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2002: a) no al sobrecupo en la ley de ingresos; b) suspensión por tres años de los procesos de desgravación, aplicando salvaguardas a las cadenas agroalimentarias más afectadas; c) prohibición a las importaciones de maíz transgénico; d) demanda antidumping; e) continuación del Profeca; y, f) incremento a 5 mil millones para apoyos a la comercialización y desarrollo de mercados, con una distribución equitativa entre entidades y con topes máximos por productor.