Emilio Pradilla Cobos

Limitaciones de la reforma política

La más reciente reforma política para el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa capitalina y la Cámara de Diputados, y que espera la aprobación del Senado de la República, contiene avances importantes, pero deja temas sin resolver y tiene aún ausencias notorias.

Producto de una negociación entre el Gobierno del Distrito Federal y un reducido grupo de dirigentes y coordinadores legislativos de PRI, PAN y PRD, la reforma muestra el peso que tuvo en ella el PRI, históricamente opuesto a la conversión de la capital en el estado 32 de la Federación, y partidario del mantenimiento de su estatuto de excepción. El avance en términos de autonomía de la entidad y sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es muy significativo, pero mantiene una situación legal sui generis, que no garantiza plenamente la igualdad en el pacto federal con los 31 estados que hoy lo componen.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo federales conservan atribuciones sobre la capital, que en los estados competen a sus órganos locales, mostrando aún el peso histórico del presidencialismo mexicano y las restricciones particulares que impone al sistema federalista, las cuales no han sido resueltas por la alternancia en el poder; seguimos por tanto a la espera de una nueva constitucionalidad que materialice el cambio de régimen político. En este ámbito, es notorio el mantenimiento de la dualidad de mando en la seguridad pública capitalina entre el Presidente y el jefe de Gobierno, superficialmente justificada por la presencia de los poderes federales, cuyos problemas se han puesto de manifiesto en la acción reciente de la Policía Federal Preventiva en las calles citadinas. El mantenimiento de la facultad del Senado para destituir al jefe de Gobierno, objeto ahora de una propuesta de un senador panista, es otra muestra de la persistencia de la limitación de la soberanía local.

Otro tema no resuelto plenamente es el de las demarcaciones territoriales ("delegaciones"), que no alcanzaron en la reforma el estatuto de municipios libres, manteniendo la excepcionalidad del trato y la imprecisión de su autonomía frente a la jefatura de Gobierno capitalina.

Logrado el avance de la pluralidad política en el país y la capital, pero sin avances significativos en la construcción de mecanismos republicanos de coordinación y acuerdo entre las autoridades políticamente diversas, subsisten ámbitos de conflictividad entre el poder de la autoridad de arriba, heredado del viejo régimen, y la legitimidad del poder local, conquistada por la sociedad. Este factor de ingobernabilidad es manifiesto en el Distrito Federal, si tenemos en cuenta que es la segunda entidad más poblada del país y que algunas de sus delegaciones tienen más habitantes que algunos estados de la Federación.

Al ser debatida como problema particular, con carácter de excepción, la reforma no abordó uno de los temas nodales desde el punto de vista de la inserción del Distrito Federal en la Zona Metropolitana del Valle de México, la ciudad real, que tiene dos aspectos centrales. En primer lugar, las implicaciones que tiene la diversidad de estatutos políticos entre las dos partes del todo metropolitano: estado federal pleno y capital federal sin autonomía plena; Congreso local con plenas facultades y Asamblea Legislativa restringida; municipios libres con cabildo y delegaciones sin participación plural y con autonomía limitada; esta diferenciación continuará generando problemas en las relaciones bilaterales a todo nivel, sobre todo en las áreas limítrofes.

En segundo lugar, no fue abordado el tema crucial de la coordinación o el gobierno metropolitano. Los campos donde esta problemática se pone de manifiesto son múltiples: legislaciones, normas, políticas y programas de desarrollo, proyectos y acciones gubernamentales diferentes para partes de una misma metrópoli y, para procesos, relaciones e infraestructuras integrados, unitarios y muchas veces continuos; debilidad de los ámbitos institucionales de concertación entre las entidades que forman hoy la metrópoli (DF, estado de México e Hidalgo, y cada vez más Morelos); y limitada capacidad de cada una por separado para negociar con el gobierno federal. Estas realidades se han puesto en evidencia en la selección de la ubicación del nuevo aeropuerto metropolitano, en el suministro de agua y en la solución de los problemas viales y de transporte metropolitanos, entre otros.

En conclusión, podemos decir que la reforma es aún incompleta, se mantuvo el esquema gradualista, y tarde o temprano tendrá que ser nuevamente discutida para resolver sus limitaciones. Creemos que la discusión debe iniciarse ya, recuperando la amplitud del debate en la sociedad que tuvo a principios de los años noventa y superando por tanto las limitaciones de los acuerdos cerrados en los centros políticos y parlamentarios.