Adolfo Rodríguez Saá, el tercer presidente argentino en un mes, acaba de renunciar, víctima del fuego cruzado de la rabia y exasperación popular, del sabotaje del sector financiero (al cual sirven desde hace rato la inmensa mayoría de los políticos peronistas... y también de los radicales que defendían a Domingo Cavallo hasta la reciente rebelión) y de la Fronda, o descontento sordo pero activo, de los mandos militares, ante la decisión del renunciante de conceder la extradición, a los países europeos que los reclaman, de los criminales de guerra y torturadores de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, Rodríguez Saá arrojó su renuncia a la cara de sus rivales, en el seno del peronismo, que se oponen a la realización de elecciones presidenciales en marzo, esperando arreglar la preselección interna de candidatos de aquí a finales de año y les quitó a sus colegas de partido y, en general, a la llamada "clase política", los últimos restos de credibilidad que tenían ante los ciudadanos.

Ahora se plantean tres incógnitas: la primera es qué hará la gente que no cesa de movilizarse ante la amenaza de que, con la renuncia de Rodríguez Saá, vuelvan los "corruptos" y "vendidos" que todos vituperan; de que no se acate la decisión de liberar a los presos sociales y de castigar a los asesinos y de que no se acabe con el famoso "corralito", o sea la prohibición de sacar del banco más de mil pesos mensuales de los propios haberes, que siguen congelados. La segunda, ante la eventualidad de quemas de bancos y de graves disturbios sociales, es qué harán las instituciones bancarias que ganaron gran poder con la disposición forzada del ahorro popular y con el congelamiento de los depósitos. Se debe tener en cuenta que aún si quisiesen responder a la demanda de los ahorradores probablemente no podrían hacerlo, porque los depósitos son insuficientes frente a la gran corrida que se vendría. La tercera es cómo se resolverá de inmediato, y sin agravar la ya terrible situación argentina, el vacío de poder (ha renunciado también el presidente del Senado) y el ballet de gobiernos que no gobiernan ni duran más de dos días, como los del periodo de Kerensky en la Revolución Rusa. Es evidente que los factores de poder --la "patria financiera", ligada al gran capital financiero internacional, los diversos sectores en que están divididas las fuerzas armadas, la Iglesia católica, en sus diferentes "almas" contrapuestas-- ejercen presiones fuertes y muchas veces en sentidos opuestos sobre un personal político en fuga y en pánico.

La rebelión, por su parte, aún no tiene ni una dirección ni un objetivo común y tiene un poder de veto mucho mayor que el poder de propuesta. Elecciones presidenciales en esta confusión darían como resultado un gobierno débil e ilegítimo. Argentina, que después de derribado el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1955, tuvo que recurrir a convocar una Convención Constituyente para rehacer el país, tal como habían hecho anteriormente los liberales, en 1853, después de las guerras civiles, tiene precedentes de situaciones en las que el desprestigio y la ilegitimidad de los políticos fueron en gran parte superados, apelando a la expresión ciudadana en una Constituyente, para decidir todos los grandes problemas del país y qué tipo de país se quiere, directa y democráticamente. Todo muestra la incapacidad del peronismo de formar un gobierno estable y, por lo tanto, aún menos de resolver los problemas económicos del país. En cuanto a los radicales, comprometidos con Cavallo y De la Rúa, han sido expulsados del gobierno por la furia popular.

Existe una situación de emergencia. El pueblo argentino exige poder disponer libremente de sus haberes, recibir los salarios fijados por la ley, acabar con la corrupción y los corruptos. La suspensión del pago de la deuda es, además, irreversible, aunque Menem --que es socio de Bush padre-- diga lo contrario, ya que Argentina no puede pagar, en intereses, la mitad de su producto bruto interno. Entregar a la justicia a ladrones, saqueadores, asesinos y dictadores es igualmente irrenunciable.