Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 11 de enero de 2002
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Política
015n1pol Ť Desequilibrios en 34% de distritos; ya hay proyecto, sólo falta aval de partidos

Planea el IFE redistritar el país para 2003

Ť En total 12 entidades variarían de distribución Ť DF perdería cuatro para quedar en 26, mientras el Edomex pasaría de 36 a 40 Ť A Baja California también se le sumarían dos

MIREYA CUELLAR

Según las cifras del censo de población de 2000 y el principio de homogeneidad, el país requiere una redistritación electoral para los comicios federales de 2003. El Instituto Federal Electoral tiene ya un proyecto que involucra cambios para 12 estados, porque 34.33 por ciento de los 500 distritos en que se divide la República no mantienen el equilibrio y la proporción poblacional. Ahora sólo resta que los

partidos políticos estén de acuerdo para que el Consejo General del IFE pueda emprenderlos.

elecciones_uricho_jh18De acuerdo con el proyecto que se maneja internamente en el IFE todavía como "documento de trabajo", elaborado por el Registro Federal de Electores, el Distrito Federal ha perdido tal cantidad de población que debe tener 4 distritos electorales menos, es decir, 26 en lugar de los 30 con que cuenta actualmente; mientras el estado de México alcanzaría 40, cuatro más de los que tiene. Veracruz perdería dos, para quedar con 21, y Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas tendrían uno menos.

En contraparte, Morelos, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo ganarían uno. Baja California, que tiene seis, tendría ocho (en todos los casos tiene que ver con el crecimiento de la población, en éste en particular por la cantidad de migrantes que recibe anualmente).

Criterios para modificaciones

Para obtener el total de distritos correspondientes a cada una de las entidades primero se obtiene un factor de población dividiendo el total de ella entre los 300 distritos que hay en el país por ley, que resultó ser de 324 mil 944.7 ciudadanos por distrito.

Este factor se aplicó como divisor para la población de cada estado. Después, como existe la consideración de que cada entidad debe tener cuando menos dos distritos, se asignaron sus cuotas a Baja California Sur y Colima (que no alcanzaban el rango), y se calculó nuevamente el factor considerando ahora la población del resto de los estados y dividiendo entre la diferencia de distritos. Así se obtuvo que cada distrito debe tener 325 mil 702.58 habitantes.

Al contrastar dicho factor con la distritación actual, el registro identificó 103 distritos en el país que se encuentran fuera del rango de desviación poblacional determinado en más/menos 15 por ciento. ''Lo anterior implica que 34.33 por ciento de los distritos electorales del país no mantienen el equilibrio y la proporción poblacional", dice el documento que se analiza en el IFE.

También hay entidades cuyo movimiento de población no implica cambio en el número de distritos que tienen actualmente, pero en 13 estados ?entre ellos Chiapas, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Tamaulipas? existen 37 distritos que se encuentran fuera del rango. Es decir, tendría que hacerse una nueva delimitación interna.

Con este proyecto sólo siete estados se salvarían de los cambios. Ellos son Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán. El mismo Registro Federal de Electores ha realizado varias proyecciones y ejercicios para determinar -con distintos métodos- cuál sería la mejor redistritación posible. Una de esas propuestas alternas, según fuentes del IFE, implicaría quitarle al Distrito Federal sólo tres distritos y uno más a Guerrero, para poder dar cuatro más al estado de México.

En el presupuesto del IFE para este año se incluyó una partida de 10 millones de pesos para el proceso de redistritación; sin embargo, fuentes del órgano electoral señalaron que no hay interés de los partidos políticos por realizar el ajuste en las demarcaciones, porque no quieren alterar su organización política interna. Una nueva adscripción significaría desaparecer o sumar comités distritales partidistas. Aunque legalmente corresponde al Consejo General del IFE determinar si se hace o no, seguramente los consejeros buscarán acordar con las fuerzas políticas dicha decisión.

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