Ť Irresponsable, imputar sin fundamento; tenemos "las manos limpias": el gobernador

Balean casa del ombudsman chiapaneco; revela amenazas de funcionarios

Ť Se investiga si algún grupo político o económico intenta crear incertidumbre, dice Salazar

Ť PGR y PGJE realizan la indagación; se invita a la CNDH a ser testigo de las pesquisas

ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 14 de enero. Dos hombres que iban a bordo de una camioneta dispararon esta madrugada contra la residencia y el vehículo del ombudsman estatal, Pedro Raúl López Hernández, sin que hubiera lesiones.

La relatora sobre Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Robinson, pidió a las autoridades del estado un "informe urgente del caso".

Por las diferencias que desde meses antes sostenían el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y funcionarios del gobierno del estado, López Hernández pidió al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía deslindarse de los hechos, y solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer las investigaciones.

Horas después Salazar Mendiguchía manifestó: "Tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila", y aseveró que una de las líneas de investigación es que el atentado se realizó por algún grupo político o económico que intente crear un clima de incertidumbre para dañar a su gobierno.

López Hernandez aseguró que "están cumpliendo parcialmente una amenaza que me hicieron el 6 de diciembre. No quiero precipitarme en las declaraciones, pero sí señalar que la única amenaza que había yo recibido provino de César Chávez, el coordinador de asesores de Pablo Salazar. Pido al gobernador que si no tuvo nada que ver en los hechos se deslinde".

El mandatario rechazó que algunos funcionarios de su gobierno estén involucrados, y calificó de "inadmisible que irresponsablemente se adjudique al gobierno de Chiapas un acto como ese".

Los hechos

Casi a las tres de la mañana dos hombres a bordo de una camioneta blanca -uno de ellos con sombrero- recorrieron un par de ocasiones las zonas aledañas a la calle Niza, del fraccionamiento La Salle, indicó el velador Juan Hernández, y agregó que cuando el vehículo pasó por segunda vez frente al 145 "dispararon varias veces; yo no pude ver más porque se arrancaron a gran velocidad, tampoco vi si la camioneta traía placas porque no sé leer".

Los hombres dispararon al menos siete balas calibre 9 milímetros, dijo el propio López Hernández. Dos balas impactaron en la habitación de una de sus hijas -quien se encontraba en la ciudad de San Cristóbal-, una más despedazó el vidrio trasero de su camioneta particular, y las otras cuatro dieron en el portón y fachada de la vivienda que comparte con su esposa, una de sus hijas, su yerno y su nieto.

"Al oír los primeros disparos mi esposa, Martha Santiago, me despertó. Por instinto nos tiramos al piso. Luego dimos avisó a la PGR y a la PGJE", explicó López Hernández a La Jornada esa misma madrugada.

En diciembre el ombudsman estatal denunció lo que consideró "intentos del gobierno por influir en los asuntos de esta comisión, por violar su autonomía". En concreto, acusó a Cesar Chávez de presionarlo para obligarlo a abandonar la presidencia de la CEDH, ofreciéndole primero una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y ante su negativa, el "destierro, encierro o entierro". Ante ello, en esa ocasión López Hernández pidió la intervención de la relatora especial sobre Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson.

Tras esa situación, el ombudsman acudió a otras instancias, y la última semana de diciembre la justicia federal lo amparó contra cualquier acción penal del gobierno de Chiapas. El amparo se lo concedido el juez sexto de distrito, Rodolfo Pedraza, quien también le otorgó la suspensión provisional de cualquier orden de aprehensión que pudiera obsequiar la Procuraduría General de la República.

Oferta y rechazo de protección

A las 10 de la mañana acudió al domicilio de López Hernández el procurador estatal, Mariano Herrán Salvatti, quien se entrevistó con aquél durante algunos minutos. Al salir, en entrevista señaló: "A nombre del gobernador vine a explicarle que esa no es la forma de actuar de su gobierno. Nuestras acciones siempre se han apegado a derecho".

Informó que ofreció protección a López Hernández, "pero todavía falta ver si él la acepta (...) También recibimos una llamada de Mary Robinson solicitando un informe urgente del caso, el cual se lo proporcionaremos. Nosotros nos comprometemos a llevar a cabo una investigación a fondo".

Por su parte, López Hernández manifestó rechazó a la protección de la procuraduría estatal como su oposición a que ésta lleve el caso,.

"Sería como poner mi cabeza en la boca del lobo. La campaña de hostigamiento y persecución en mi contra han salido de la oficina del jefe de asesores del gobierno; entonces, Ƒcómo puedo poner mi vida en manos de la procuraduría que obedece órdenes de ambos funcionarios?", dijo y pidió que la PGR atraiga el caso.

También manifestó que otro posible móvil del atentado pudo haber sido el hecho de que el sábado pasado emitió una recomendación por las presuntas violaciones a los derechos humanos que cometió el gobierno estatal en un operativo policiaco realizado el 27 de julio contra el Movimiento Campesino Regional Independiente. "Ellos (Pablo Salazar y César Chávez) no querían que saliera porque insistentemente han negado que se hayan violado los derechos de los 69 campesinos detenidos arbitrariamente, pero los testimonios y las evidencias detallan que hubo hasta tortura", dijo. "Si con esto piensan amedrentarme quiero decirles que ahora menos harán que renuncie", advirtió.

En conferencia de prensa, Salazar Mendiguchía dio a conocer que las indagatorias correspondientes serán realizadas de manera conjunta por la PGR y PGJE. También informó que solicitó a la CNDH que "funja como testigo de honor" en las investigaciones. "Para el gobierno de Chiapas cualquier agresión hacia los defensores de los derechos humanos constituye un agravio a la sociedad y al esfuerzo de todos los chiapanecos por crear un clima de entendimiento y reconciliación (...) tenemos la conciencia tranquila y las manos limpias", dijo.

Y sin entrar en detalles expuso que una de las líneas de investigación señala a grupos afectados política y económicamente por su gobierno. "A lo largo de estos primeros meses de gestión las decisiones tomadas por el nuevo gobierno, como era de esperarse, han afectado intereses creados por quienes por años se han venido beneficiando de la simbiosis de gobierno e intereses económicos". Los representantes de estos intereses son los que han buscado generar un clima de incertidumbre, con el propósito de dañar la imagen del primer gobierno electo democráticamente", añadió.

Indicó que aparte de solicitar que participe la CNDH se "mantendrá una actitud de apertura y disposición hacia todas las instancias y organismos nacionales e internacionales que lleguen a Chiapas a verificar las condiciones de plena vigencia de los derechos humanos".

Rechazó "enérgica y categoricamente" las imputaciones de López Hernández, en el sentido de que el gobierno estatal promovió la agresión, como también que algunos de sus funcionarios estén involucrados, y calificó de inaceptables las declaraciones en el sentido de que la recomendación emitida el fin de semana por la CEDH sea el motivo de la agresión. "Esa nunca ha sido la forma de actuar de este gobierno ni la manera de dar respuesta a los asuntos planteados por los organismos de derechos humanos. "Por todo ello es inadmisible que irresponsablemente se adjudique al gobierno un acto como éste. No hay ningún elemento que fundamente dicha acusación", indicó en la conferencia.

Por la tarde, el presidente de la CEDH informó que sostuvo una conversación telefónica con Mary Robinson. Explicó que la queja se tramita de manera oficiosa ante la relatora de derechos humanos de la ONU y que después de los acontecimientos se acelerarán las gestiones, y de manera urgente ese organismo haría un llamamiento a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el gobierno federal le otorgue protección y se investiguen los hechos.

El Centro Fray Bartolomé de las Casas afirmó que el atentado al domicilio de López Hernández "echa para atrás los avances mínimos que en la materia se han ido construyendo en Chiapas y en nuestro país". En un comunicado señaló su "profunda preocupación" por el hecho y dijo que "es fundamental que en estas circunstacias se investigue a los responsables de tan cobarde hecho, así como que se finquen responsabilidades a las personas que cometieron este delito".

El organismo que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, manifestó la importancia de que "se asegure la continuidad de las actividades de la CEDH y se terminen las acciones que obstaculizan la importante labor que se ha comenzado a desarrollar en materia de derechos humanos en esta comisión", y llamó a la sociedad civil para que se mantenga alerta y atenta a las acciones que "obstaculizan la labor de los defensores de derechos humanos".