La diplomacia internacional que ha venido acompañando desde sus inicios el incierto y accidentado proceso de paz en Colombia logró, in extremis y a último minuto, salvar por unos días la continuidad de las negociaciones entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la dirigencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De esta forma se ganó un pequeño espacio para evitar una escalada bélica y una cuota de sangre adicional a la que se ha derramado desde hace cuatro décadas en el país sudamericano.

Para conseguir el acuerdo de última hora se recurrió a una fórmula verbal de mutuo reconocimiento de buena voluntad de las partes y a la exhortación para lograr acuerdos concretos, a la brevedad, en materia de cese del fuego y suspensión de ataques a la población civil.

Lo conseguido ayer, cuando parecía inminente un choque frontal del Ejército con las fuerzas irregulares en la llamada "zona de despeje" bajo control de las FARC, es sin duda alentador y reconfortante, no sólo porque contribuye a alejar la perspectiva de un recrudecimiento de las acciones bélicas --que no se han detenido en los tres años que dura el proceso de negociación-- sino también porque permite abrigar esperanzas en torno al futuro de un esquema de negociación gobierno-insurgencia que, en su momento, resultó novedoso y propositivo para conflictos armados que tienen lugar en otras naciones.

Lo anterior no significa, de ninguna manera, que la anhelada paz se encuentre próxima en Colombia ni que se hayan superado los peligros del momento. El hecho de que Pastrana haya puesto un plazo de seis días para que las FARC se comprometan a suspender secuestros, extorsiones y otras prácticas que afectan a la población civil puede dar al traste, por poco realista, con los contactos.

No debería olvidarse que en un escenario de guerra civil como el colombiano, las dirigencias de las partes --las de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de los grupos paramilitares, de las propias fuerzas armadas gubernamentales-- difícilmente podrían ejercer control y mando absoluto sobre sus efectivos, y que muchas de las acciones atribuidas a la guerrilla parecen ser, en realidad, resultado de iniciativas de bases que actúan por cuenta propia.

En otro sentido, el mosaico de violencia en esa nación hermana y el desarrollo de confrontaciones que se entremezclan y se sedimentan unas sobre otras resultan demasiado complejos como para suponer que en el tiempo que le queda a Pastrana en la Presidencia podría firmarse el desarme de las FARC y su incorporación a la vida política: el ELN, así como varias organizaciones paramilitares, quedan fuera del marco de las negociaciones que se desarrollan, a pesar de todo, en San Vicente del Caguán, y otro tanto puede decirse de otros factores de la violencia, como los estamentos militares interesados en proseguir la guerra, el narcotráfico y la delincuencia común.

Por lo demás, ha de asumirse que la confrontación en curso entre las organizaciones insurgentes, por un lado, y los paramilitares y el Ejército, por el otro, ha llegado a adquirir una cierta condición estructural en la conformación política, económica y social de Colombia, y que, en esa medida, la pacificación plena y perdurable del país hermano requiere, más que compromisos en el terreno militar, transformaciones sociales profundas que deben ser acordadas en la mesa de negociaciones. De otra manera, las negociaciones no dejarán de ser un mero espejismo de paz.