El organismo se autolimita y favorece a culpables, acusan

Indigna a ex líderes del 68 actuación de la fiscalía para desaparecidos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 afirmaron que es "decepcionante e inadecuado" que antes de concluir las indagatorias respecto a lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de aquel año, la Fiscalía Especial para Desaparecidos se esté "autolimitando" y se "adelanten opiniones de exoneración" a favor de los responsables de esos hechos.

En conferencia de prensa, Raúl Alvarez Garín e Ignacia Rodríguez, entre otros, expresaron que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto no ofrece "garantías a los ciudadanos de que se llegará al fondo" de lo ocurrido en 1968, sino que "por el contrario, parece que se tiene una constante preocupación por dar tranquilidad y seguridad a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que estamos reclamando".

Según los ex líderes estudiantiles, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha cumplido cabalmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en cuanto a las investigaciones de lo sucedido el 2 de octubre, debido a que formalmente no se les ha notificado que será la fiscalía especial la que se haga cargo del asunto, ya que los oficios que han recibido establecen que será la Dirección General del Ministerio Público Especializado "A" la responsable de las indagatorias.

Además, aseguraron, la sentencia de la SCJN estableció que la PGR tenía que pronunciarse en cuanto a la "aplicabilidad de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio", firmada por el gobierno de México y ratificada por el Senado de la República en 1952, con lo cual los delitos cometidos en aquella época no habrían prescrito y además, se podrían considerar de lesa humanidad.

Ante esto, aseguraron que interpondrán un recurso de inconformidad en la SCJN, además de que señalarán que el juez primero de distrito, Tereso Ramos, aprobó el informe de la PGR sin verificar que se diera real cumplimiento a lo establecido por el máximo tribunal del país.