Horacio Labastida
Tío Sam, derechos humanos y totalitarismo
La resolución de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos de Norteamérica, pronunciada el pasado miércoles 27 de marzo, ha causado escándalo, aflicciones y honda preocupación en la conciencia ciudadana del mundo, porque aparentemente se agrega a la política guerrerista de la Casa Blanca, a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, censurable por cuanto que impulsa a la humanidad hacia un holocausto infernal con el pretexto de perseguir el mal categorizado terrorismo. ƑAcaso el terrorismo civil justifica la explosión del terrorismo de Estado?
Según el breve y preciso reportaje de Jim Cason y David Brooks en La Jornada (no. 6314), el inmigrante mexicano José Castro fue cesado con otros compañeros por la empresa californiana Hoffman Plastic Compound en 1989; el motivo fue que el afectado y sus colegas luchaban a favor de la sindicalización obrera en la negociación. Los órganos jurisdiccionales de primera instancia concedieron protección legal a Castro al declarar infraccionados los derechos laborales del demandante, y ordenar, en consecuencia, su restitución en el trabajo y el pago de salarios caídos. Pero este ambiente color de rosa se vio disipado en las salas de la Corte Suprema.
Atendiendo apelaciones de la mencionada compañía Hoffman Plastic Compound, una vez discutidos los recursos empresariales, el optimismo original fue mudado en una profunda decepción. La sentencia del alto tribunal, aprobada por mayoría, dinamitó la situación al asentar "que los trabajadores migrantes contratados por los ciudadanos estadunidenses en su país y que se encuentren irregulares en sus permisos migratorios para poder contratarse legalmente, no pueden exigir el pago de sus salarios devengados ni hacer cesar los abusos que se cometieran en sus personas", de acuerdo con el claro epítome de Juventino V. Castro en su artículo "El respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes" (La Jornada, no. 6320).
La extraña tesis de la Corte está apuntalada, nos dice el presidente de El Colegio de la Frontera Norte, Jorge Santibáñez Romellón (ibidem, p. 5) en el propósito de "evitar que se estimule la evasión exitosa de la Patrulla Fronteriza, se condonen violaciones previas a las leyes migratorias y se estimulen futuras violaciones", premisas suficientes en el ánimo de los magistrados que votaron a favor para privar de sus derechos humanos a quienes hayan cometido infracciones de tipo administrativo, pues indudablemente la aperplejante providencia del tribunal estadunidense olvida y niega el grandioso espíritu que alimenta la Constitución de Filadelfia (1787). El sabio documento jeffersoniano del 4 de julio de 1776, titulado Declaración de Independencia, en su segundo párrafo reconoce que todos los hombres son iguales, que sus derechos de vida, libertad y procuración de felicidad son inalienables, y que las autoridades existen para cuidar de estos derechos y del bienestar general, conservando el pueblo la potestad de destituirlas si su conducta transgrede las garantías del hombre y la sociedad. Es decir, el inmigrante indocumentado es un ser humano, no una cosa, y por tanto, independientemente de su condición migratoria, el gobierno deberá auspiciar el goce de las facultades inherentes a su humanidad y no restringirlas, repudiarlas o ignorarlas. Intentar legalizar por acto jurisdiccional el comportamiento ilegítimo de un empleador contra los empleados, arrebatándoles el empleo y hurtándoles salarios, es burlar la integridad moral y la personalidad jurídica del trabajador. Y esto fue precisamente lo que hizo la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en el asunto de José Castro. Mas hay connotaciones muy hondas.
En reciente libro de Noam Chomsky -Understanding Power, The New Press, New York, 2002, p. 398-, el distinguido profesor del Instituto Tecnológico de Massachussets, al reflexionar sobre la sicología colectiva de odio y miedo que desde la época de Reagan (1981-1989) agita con terribles oleajes a la población estadunidense, señala que la irracionalidad que sustancia la conjunción de ira y pánico explicita la espantable posibilidad de aflorar en un fascismo bárbaro si tal condición es explotada por demagogos, siguiendo el ejemplo de Hitler y su grupo en la Alemania de los años treinta del siglo xx. Usando en su favor los miedos y odios que hervían en la República de Weimar, los nazis se adueñaron del poder y provocaron las tragedias de los campos de concentración y de 1938-1945, con los indeseables efectos de posguerra.
Entrelacemos ahora la ya larga y abundante furia contra los inmigrantes, incluidos asesinatos y discriminación, con los terrores ampliados que fomenta la propaganda oficial y fundamentalista, acentuada por los dramas del 11 de septiembre, y será fácil percibir el potencial peligro inserto en el más rico y mejor armado país del mundo, sobrecargado ahora de temores y sobrado de elites ambiciosas de señoríos globalizados.
