Denuncian discriminación y malos tratos a víctimas

Ocultan pruebas en casos de indígenas violadas por militares

Piden que las investigaciones se realicen en el fuero común

ROSA ROJAS ENVIADA

Ayutla de Los Libres, Gro. Discriminación, malos tratos, presiones por parte de autoridades civiles y militares, ocultamiento o destrucción de pruebas y dilación en las investigaciones son parte del calvario al que están siendo sometidas las dos mujeres indígenas tlapanecas ?Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega? violadas por soldados del 41 batallón de infantería en febrero y marzo pasados.

Al respecto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -que es el representante legal de las víctimas-, señaló: "no sabemos a qué está respondiendo esto, ya que es el mismo batallón el involucrado en ambos casos. No sabemos si está en la línea de la guerra de baja intensidad porque piensa que en la zona hay encapuchados (personas acusadas de pertenecer a la guerrilla) o si quiere simplemente dar un mensaje de que se van a fregar a las mujeres en vista de que los hombres se esconden".

Aunque las autoridades militares realizan indagatorias con relación a las violaciones, ambas mujeres rechazaron que sus casos sean investigados en el fuero militar, y exigieron que sean las autoridades civiles las que investiguen los atropellos cometidos contra ellas por los guachos (como les dicen en la región a los militares).

En entrevistas con La Jornada -por separado-, Valentina Rosendo Cantú, de Barranca Bejuco, municipio de Acatepec; e Inés Fernández Ortega, de Barranca Tecuani, municipio de Ayutla, ambos de la región de La Montaña guerrerense, relataron las vicisitudes que han vivido desde que fueron violadas en forma tumultuaria, la primera por dos militares -mientras otros seis observaban- y la segunda por tres soldados que allanaron su casa mientras otros ocho robaban la carne que la familia había puesto a secar al sol en el patio.

En la conversación, realizada en las oficinas de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) en esta ciudad, durante la cual actuó como traductora Otilia Eugenio Manuel, dado que ambas entienden castellano, pero se expresan en tlapaneco, tanto Valentina como Inés reconocieron que han tenido problemas con sus esposos a partir de que las agredieron los soldados.

Humillaciones

Respecto de la situación de las averiguaciones, luego de que cada una de ellas presentara ante el Ministerio Público del fuero común de Ayutla su denuncia por la violación de que fueron víctimas, tanto el centro Tlachinollan como el dirigente de la OIPMT, Arturo Campos, denunciaron que ha habido "discriminación, maltratos y humillaciones" contra las afectadas por parte de algunos representantes del órgano ministerial y personal médico de esa misma ciudad.

En este último caso el director del Hospital General de Ayutla de los Libres, de la Secretaría de Salud, Jesús Ureña Vega, se negaba a entregar los resultados de los análisis que se practicaron tanto a Valentina como a Inés, quienes junto con Campos se los solicitaron el viernes 5, señalándoles que debía solicitarlos un abogado, aunque al ser entrevistado por La Jornada al respecto argumentó que había existido "una mala comunicación" y procedió a proporcionarlos.

En el caso de Valentina entregó los resultados de un análisis de orina y una prueba de embarazo. En el caso de Inés Fernández sólo una hoja en la que bajo el renglón que dice "reacciones seroluéticas VDRL" se anotó a mano la frase "no reactivo", con fecha 26 de marzo de 2002, firmando como responsable Saúl Morales.

Inés Fernández, quien fue violada el día 22 por los militares, había comparecido el 24 ante el Minsterio Público de Ayutla para denunciar los hechos, pero se había negado a que el médico legista, Narciso Nava, le hiciera un examen ginecológico, exigiendo que se lo hiciera una doctora. Dado que el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que la institución asumiría los gastos de la consulta, el auxiliar del MP envió un oficio al director del Hospital de Ayutla para que se asignara personal femenino en la realización del examen.

Una mujer realizó a Inés el examen el 25 de marzo, se le tomaron muestras de sangre y se le practicó un exudado vaginal. La doctora solicitó la prueba de Elisa, para descartar sida, la búsqueda de espermatozoides activos y una prueba de embarazo, entre otros estudios.

Posteriormente, Inés y gente de la OIPMT acudieron a solicitar los resultados, mismos que no les fueron entregados hasta el 5 de abril, después de la entrevista de La Jornada con el director del hospital de la Ssa. Les dieron un papel que dice que no había reactivos.

Al preguntársele al funcionario qué ocurrió con las muestras que se le tomaron a Inés, y que son parte de una investigación penal, éste dijo que tendría que preguntárselo al químico responsable y a la doctora que la había auscultado, pero adelantó: "el químico dice que sí tomó las muestras, pero no las recibió".

Se le preguntó por qué no se había informado a Inés y sus familiares el mismo día 25 que no había reactivos, y señaló que seguramente así se había hecho, cosa que frente a él negaron tanto la afectada como su esposo y el dirigente de la OIPMT.

A Inés no se le entregó ningún reporte médico de su estado físico y sicológico el día del examen.

Con relación a estos hechos, el centro Tlachinollan señaló que esa es una actitud "cínica", de matltrato y humillación hacia Inés Fernández, "por ser mujer y tlapaneca".

A esto se suma, agregó la organización, que el mismo 5 de abril el titular del Ministerio Público de Ayutla subió a Barranca Tecuani para realizar una diligencia de inspección ocular, sin haber notificado a la propia Fernández Ortega, "y prefirió hacerse acompañar por personal del Ejército vestido de civil. El mismo titular (del MP) pidió que Inés firmara la diligencia que había realizado en Barranca Tecuani sin su presencia. Ella se opuso y pidió conocer por lo menos el contenido del escrito. La respuesta de una secretaria fue que no había tiempo para leerla y que mejor se hiciera constar que 'Inés no tiene disposición para cooperar' con el órgano investigador.

"Con esto constatamos el grado de incompetencia profesional y ética del órgano investigador ?afirma el centro Tlachinollan?, pues en lugar de asumir su responsabilidad constitucional vulnera derechos humanos y, lo que es peor, se vuelve cómplice de quienes son señalados como presuntos responsables del delito de violación. Con suma facilidad y ligereza se realizan investigaciones que dejan mucho que decir por la flaqueza profesional, la falta de imparcialidad y de rigor jurídico... Con estas actitudes discriminatorias se sigue consumando un etnocidio silencioso", añade.

La otra víctima

En el caso de Valentina Rosendo Cantú, ésta presentó un escrito fechado el 25 de marzo ante el agente del Ministerio Público Militar, César A. Rivera Castillo, en el que rechaza comparecer ante las autoridades militares con relación al expediente 35ZM/05/2002, pues había recibido un citatorio para que se presentara en las instalaciones de la 35 Zona Militar para la práctica de una diligencia ministerial relacionada con la violación que sufrió.

"No estoy de acuerdo en comparecer ?señala el escrito?, ya que la suscrita agraviada y los ciudadanos citados (testigos de cargo) somos mexicanos civiles a los que no les alcanza el fuero ni la jurisdicción militar, razón por la cual solicitamos que se realice una investigación seria, objetiva e imparcial sobre los hechos que originaron la presente indagatoria, pues los mismos no son actos que constituyan una mera falta o infracción a la disciplina militar, sino más bien representan figuras delictivas graves del orden común tipificadas en el Código Penal del estado de Guerrero, razón por la cual deben ser investigadas y sancionadas por autoridades civiles de acuerdo con la ley en mención.

"A manera de reafirmar lo expresado, tenemos que en el Código de Justicia Militar no aparece inserta la figura delictiva de violación sexual, razón por la cual es improcedente que los responsables de la agresión perpetrada en mi contra puedan ser sancionados por tribunales militares, los cuales, como se desprende de una interpretación literal del artículo 13 constitucional, actúan en cumplimiento a la subsistencia del fuero de guerra, siendo competentes sólo para juzgar a personal castrense para los supuestos de comisión de delitos y faltas contra la disciplina militar, lo que no es aplicable al presente caso."

Por lo tanto, solicitó a la autoridad castrense que "decline competencia al Ministerio Público del fuero común, turnando todas y cada una de las diligencias practicadas por esta representación social militar".

No obstante lo anterior, Manuel Meza, responsable de comunicación de Tlachinollan, informó que el sábado 6 volvió a subir a Barranca Bejuco el secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Acatepec, quien acudió con el comisario de la comunidad para llevarse a Valentina a declarar en la Zona Militar. Indicó que "Valentina y gente de la OIPMT se negaron porque no se había recibido ningún escrito formal para que fuera, y aparte se había presentado el escrito exigiendo que la investigación pase al fuero civil.

"Es preocupante que esto ocurra, porque se están manejando las cosas en términos legales, pero las autoridades civiles y militares hacen caso omiso de esto", indicó.

Por su parte, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hipólito Lugo Cortés, informó que respecto del caso de Valentina el expediente VG/065/2002 se turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 19 de marzo.

En el caso de Inés, el expediente VG/08/2002 se turnó a la CNDH el 27 de marzo, en ambos casos por estar involucrado personal federal, aunque la comisión estatal continúa como coadyuvante.

Se solicitó información a la CNDH sobre ambos casos, ya que existía el rumor de que este mismo lunes subiría personal de las visitadurías a realizar indagaciones sobre las violaciones atribuidas a personal militar. Un vocero de la institución indicó que en cuanto se tenga alguna información al respecto se hará pública.