Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Sábado 29 de junio de 2002
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Política

Al parecer, procede de una base de operaciones mixtas; pide intervención de la CNDH

Denuncia ONG hostigamiento militar en ejido chiapaneco

HERMANN BELLINGHAUSEN

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció ayer el constante hostigamiento militar que viven los habitantes del ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio chiapaneco de Huitiupan. Ante las amenazas constantes, de las cuales es víctima en particular el señor Luis Gómez Hernández, los defensores comunitarios han solicitado medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de salvaguardar la integridad física y sicológica de esta persona y de todos los habitantes de la comunidad.

El señor Gómez Hernández acudió a las oficinas de la red para denunciar las reiteradas incursiones militares y policiacas, que al parecer proceden de la base de operaciones mixtas (BOM) más próxima, en la cabecera municipal de Sabanilla.

"El 10 de abril dos vehículos militares con 36 elementos a bordo incursionaron en el ejido Lázaro Cárdenas, acompañados de otro camión de Seguridad Pública; entre ellos se encontraban elementos de la Policía Judicial y una persona vestida de civil, quien señalaba la casa de Gómez Hernández.

"Este día, elementos del Ejército y de Seguridad Pública bajaron de los camiones y se dispersaron frente a la iglesia de la comunidad. Un militar se dirigió a la casa del señor Navor Hernández Mendoza, preguntando por Gómez Hernández, así como la ubicación de su casa", refiere el testimonio del indígena perseguido.

Ante la desconfianza que le inspiraron los militares (quienes no se identificaron ni informaron la razón de su presencia y cuestionamientos), el señor Navor Hernández les negó la información solicitada, agrega la relación del denunciante. Después de 15 minutos, los invasores dieron una vuelta en la plaza del ejido y se retiraron.

La mañana del 16 o 17 de abril, alrededor de las 10, integrantes, tanto del Ejército federal como de Seguridad Pública, dieron una vuelta en la plaza y reunieron a varios niños de la comunidad que se encontraban en la calle, para preguntarles sobre la ubicación de la vivienda del señor Luis Gómez Hernández, ofreciendo dinero por dicha información, por lo que un niño les señaló el rumbo y luego le dieron 20 pesos. Los militares llevaban consigo bolsas de dulces que les enseñaban a los menores para que se acercaran.

Los días 24 y 29 de abril regresaron de nueva cuenta los mismos militares y policías, dando una vuelta por el ejido y se marcharon rápidamente. El 10 de mayo, a las 11 de la mañana llegaron frente a una tienda cooperativa del ejido, donde se encontraban varios pobladores. Estos, cansados de tantos patrullajes, se aproximaron para cuestionar a los militares sobre su presencia.

Uno de los militares, que se identificó como capitán Guzmán, les respondió que estaban patrullando, buscando gente armada y asaltantes, y agregaron que con ellos venía un agente del Ministerio Público. Un policía judicial que bajó de uno de los vehículos se acercó y comentó que era judicial, originario de la cabecera municipal de Huitiupan, sin dar su nombre y cargo.

Ante esta vaga información, las personas de la cooperativa respondieron que en la comunidad no ha habido ninguna situación que amerite la presencia militar y policiaca, y que no estaban de acuerdo con ella por causar temor entre la población del ejido Lázaro Cárdenas.

La presencia militar se repitió los días 22 y 29 de mayo, 15 y 22 de junio. Cabe mencionar, apunta la red, "que el hostigamiento militar ya ha sido denunciado públicamente en La Jornada (11 de junio), y que a partir de esta fecha sólo entra a la comunidad una Suburban blanca con luz roja en la parte superior, que patrulla por la noche, mientras los vehículos militares quedan en la periferia de la comunidad".

Con el fin de proteger la vida e integridad física del señor Luis Gómez Hernández y de la población del ejido Lázaro Cárdenas, la red de defensores comunitarios solicitó a la CNDH medidas cautelares para los afectados. Del mismo modo, exige la investigación de los grupos militares y policiacos que integran las BOM, que sólo hostigan y atemorizan a las comunidades indígenas.

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