Demanda castigar a los responsables de la matanza

Reabrir el caso Aguas Blancas, pide el Congreso de Guerrero

Ayer, dos marchas en memoria de los 17 asesinados en 95

MISAEL HABANA Y JESUS SAAVEDRA CORESPONSALES

El Congreso de Guerrero y organizaciones no gubernamentales solicitaron ayer a las autoridades federales reabrir el caso de la matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ocurrido hace siete años, y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen "de lesa humanidad".

Desde Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ayer partieron dos marchas con las que fueron recordados los 17 campesinos asesinados en 1995 por la Policía Motorizada, cuando se dirigían a manifestarse a la capital guerrerense.

Previamente, y con dos horas de retraso, 10 miembros del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas Barrientos y de la Corriente Critica del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco efectuaron una ceremonia luctuosa frente al monumento construido donde el 28 de junio de 1995 la policía emboscó a los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), provocando 17 muertos y 25 heridos.

Después del mediodía, unos 300 integrantes de organizaciones provenientes de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y la ciudad de México caminaron ayer desde las afueras de Aguas Blancas hasta El Vadito, donde ocurrió la matanza, pidiendo justicia y castigo para los responsables materiales e intelectuales del asesinato masivo de los campesinos. Con una gran manta contra el "olvido oficial" y en favor de "la memoria y la coordinación del pueblo", los manifestantes arribaron al lugar.

Una hora más tarde, del mismo lugar salió otro contingente encabezado por la OCSS y su líder Benigno Guzmán, quien fue detenido después de la matanza, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Tras ellos marcharon decenas de indígenas de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, entre ellos mujeres de El Charco, donde militares asesinaron a 11 personas el 7 de junio de 1999.

Por la OCSS habló Norma Mesino, quien insistió en la reapertura del caso y en que éste sea atraído por la Procuraduría General de la República (PGR).

También asistieron los ex líderes de la OCSS Hilario Mesino, Marino Sánchez y Benigno Guzmán. Este último exigió la presentación de los miembros de esa organización sobrevivientes de la matanza y posteriormente desaparecidos: los hermanos Benito y Mauro Bahena Maldonado y Gilberto Romero Vázquez.

Tras ellos arribaron Erika Zamora y Efrén Cortez, sobrevivientes de la matanza de El Charco y detenidos el mismo 7 de junio de 1999, acusados de pertenecer al Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente. Ambos fueron liberados recientemente luego de que realizaran una prolongada huelga de hambre.

Efrén Cortez convocó a la unidad de las organizaciones sociales, y dijo que no hay voluntad política del "régimen empresarial" de Vicente Fox para castigar a los responsables de la matanza de Aguas Blancas, por lo que pidió que el caso sea reabierto y atraído por la PGR.

Aseveró que en la cárceles del país hay 480 "presos políticos", y demandó castigar a los ex presidentes de la República y los miembros del Ejército que participaron en guerra sucia de los años 70.

Lamentó que de nuevo, como el año pasado, no pudieran acordar marchar unidos. "Han pasado siete años y no nos hemos puesto de acuerdo para que se juzgue a Rubén Figueroa Alcocer", dijo en alusión al entonces gobernador, quien ordenó detener "a como diera lugar" a los campesinos que pretendían llegar a la capital del estado.

Exigió castigar a Figueroa Alcocer y a funcionarios su administración: Rubén Robles Catalán, ex secretario de Gobierno; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos, ex director de Seguridad Publica, y Héctor Vicario Castrejón, entonces subsecretario de Finanzas y ahora senador.

Erika Zamora, excarcelada después de una prolongada huelga de hambre, expresó que esta zona de la Costa Grande de Guerrero "ha pagado muy caro el derecho de vivir dignamente".

En la capital de Guerrero, el Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo mediante el cual se solicita a las autoridades federales la reapertura del caso de la matanza de Aguas Blancas y el castigo de los responsables materiales e intelectuales de ese "acto de lesa humanidad".

Sebastián de la Rosa Peláez, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, sostuvo que ese hecho, "que ha manchado vergonzosamente la historia de Guerrero, debe ser investigado y castigado conforme a derecho".

Demetrio Saldívar Gómez, del Partido de la Revolución del Sur, exigió al presidente Vicente Fox que cumpla con sus promesas de campaña de justicia y de hacer prevalecer el estado de derecho.

El punto de acuerdo aprobado por el Congreso local indica que no se trata de indemnizar y reparar el daño a las víctimas, sino de castigar a los culpables, porque ello es un reclamo social.

El legislador priísta Rubén Figueroa Smunty, hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, subió a tribuna para decir que lo sucedido hace siete años "es un hecho que todos los guerrerenses lamentamos", pero que éste ya fue juzgado por una autoridad judicial.

"La vida sigue, y lo que pasó... fue lamentable y los responsables de los hechos ya fueron juzgados", expresó.