Señora directora: En relación con el conflicto en San Salvador Atenco, las autoridades han manifestado que se debe actuar con "apego a la ley y dentro de la legalidad". Sin embargo, sus palabras no corresponden a sus actos.

El presidente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, no han actuado dentro de la legalidad y han violado derechos constitucionales en perjuicio de los campesinos, pues de manera arbitraria y sin aplicar el procedimiento correspondiente emitieron el decreto expropiatorio, mediante el cual privan a los ejidatarios del derecho de propiedad y posesión de sus tierras.

Las autoridades debieron sujetar sus actos a lo que ordena la Constitución en su artículo 14, que señala: "nadie podrá ser privado... de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Los ejidatarios de San Salvador Atenco nunca fueron escuchados antes de la expropiación, como ordena este precepto constitucional, pues ellos se enteraron hasta que se publicó el decreto en el Diario Oficial.

Atentamente

Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC, Bárbara Zamora, Carmen Merino, Santos García, Citlali Fuentes, Teopiltzin Martínez, Ivan Vicente y Guadalupe Zamora

Precisiones del PRI a una nota sobre financiamiento

En relación con una nota publicada el 17 de los corrientes en el diario que usted dirige, firmada por Roberto González Amador, me permito hacer las siguientes consideraciones.

De la información de referencia se desprende lo siguiente:

a) Que el IPAB y el movimiento de deudores EL BARZON celebraron un acuerdo que implica la apertura de una puerta para que el Partido Revolucionario Institucional "se ha" (sic) obligado al reintegro de aproximadamente 45 millones de dólares que fueron canalizados por Banco Unión a las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo, y que forman parte del quebranto provocado por esa institución de crédito, cuando fue presidida por Carlos Cabal Peniche.

b) Que la Secretaría de Gobernación "avalo" (sic) el acuerdo.

c) Que se emitió un comunicado con el título Comisiones del IPAB, SEGOB y EL BARZON firman minuta de las negociaciones.

d) Que existió una reunión en la que participaron directivos del IPAB y funcionarios de GOBERNACION, entre ellos el subsecretario RAMON MARTIN HUERTA y el dirigente de El BARZON ALFONSO RAMIREZ CUELLAR, de la que derivó que una vez realizada la auditoría sobre las cuentas de Banco Unión se procedería inmediatamente a la aplicación del artículo 7 transitorio.

e) Que se solicitará a la Auditoría Superior de la Federación información sobre el avance de esas auditorías para los efectos a que se refiere el artículo 7 transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Ahora bien, en caso de que la información periodística resultara ser cierta, la intervención de la Secretaría de Gobernación y "El Barzón" en la toma de decisiones del IPAB reclama tomar en cuenta lo siguiente:

1. En términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, Gobernación carece de facultades para inmiscuirse en la toma de decisiones, por lo que su intervención no sólo resulta inconstitucional, sino atentatoria de la normatividad secundaria, y ello en la medida en que en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no se le concede ninguna facultad al respecto; y en subsidio de esa conclusión, el articulado de la Ley de Protección al Ahorro Bancario tampoco contiene disposición que faculte a dicha secretaría a la toma de decisiones que corresponden de manera expresa a la Junta de Gobierno y al secretario ejecutivo de dicho instituto.

La Secretaría de Gobernación tampoco tiene facultades para avalar ese tipo de acuerdos.

2. Por lo que hace al Instituto para el Ahorro Bancario, en términos de las disposiciones de la ley que rige su actuación, tampoco le "está" (sic) permitido celebrar acuerdos con ninguna organización, y en esa medida todo acuerdo que celebre respecto de las reclamaciones que eventualmente pudiera realizar en términos del artículo 7 transitorio, es ilegal.

3. Independientemente de que la imputación sobre los gastos de campaña ya ha sido resuelta administrativa y jurisdiccionalmente, determinándose en todos los casos que no hubo violación a la ley por parte del Partido Revolucionario Institucional, respecto a las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo no se puede perder de vista que:

Ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna.

Para la procedencia de una reclamación a alguna entidad de interés público, como los partidos políticos, en términos de lo establecido en el séptimo transitorio de la ley en cita, es preciso que se desprenda de las auditorías el quebranto correspondiente, hecho que no ha sucedido.

Para que una entidad de interés público devuelva el monto de operaciones de crédito involucradas en financiamiento, es preciso el fincamiento de la responsabilidad jurídica y económica, lo que sólo puede acontecer mediante un procedimiento seguido en juicio o en forma de juicio.

Atentamente

Carlos Jiménez Macías, coordinador de prensa del CEN del PRI

Respuesta del reportero

Señora directora: La extensa carta de Carlos Jiménez Macías, coordinador de prensa del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, pretende cuestionar la veracidad de la información publicada sobre el financiamiento recibido por ese instituto político del Banco Unión, cuando dice: "en caso de que la información periodística resultara ser cierta..."

Debo rechazar tajantemente la insinuación del señor Jiménez Macías. Por supuesto que la información es cierta. La nota de referencia cita con todo detalle el momento, el lugar y el contenido de los acuerdos suscritos por el IPAB, la Secretaría de Gobernación y El Barzón. El vocero del PRI debió solicitar una copia de la minuta de las negociaciones antes de sugerir que soy un mentiroso.

De lo único que soy responsable es de haber dado cuenta del resultado de dos días de negociaciones entre el IPAB, la Secretaría de Gobernación y El Barzón. Ratifico que el texto de la nota se apega estrictamente al contenido de la minuta, del boletín de prensa emitido por el IPAB la tarde del 16 de julio y de una conversación que sostuve con el señor Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de El Barzón.

En vez de tratar de descalificar el trabajo de un reportero, el señor Jiménez Macías debería tomar algún cursillo de redacción. Así, no mandaría cartas con fallas tan evidentes, como en la que incurre en las primeras líneas, cuando señala: "... celebraron acuerdo que implica la apertura de una puerta para que el Partido Revolucionario Institucional se ha.." Se escribe sea. Escribe "avalo" para tratar de decir "avaló" y "esta" en lugar de "está".

Atentamente

Roberto González Amador

Confusión con nombres de agentes de la AFI

Señora directora: En la edición del jueves 18 de julio, página 34 de la sección Estados, aparece un lamentable error en la nota que lleva por encabezado "Detienen a dos agentes de la AFI que en Nuevo León secuestraban a comerciantes", pues el nombre de los dos encargados de la fiscalía especial sobre delitos cometidos por servidores públicos, Miguel Ramírez y Alfredo Salazar, se atribuye a los agentes detenidos, José Andrés López Hernández y Marco Antonio Navarro Juárez.

Agradezo se haga la presente aclaración por respeto a los lectores y a los implicados.

Atentamente

David Carrizales, corresponsal en Nuevo León

Invitación

A conmemorar inicio de la revolución cubana

El Frente Zapatista de Liberación Nacional invita a la sociedad a la obra de teatro Los cuentos del tío conejo, interpretada por el grupo Pahpaki Teatro Independiente de Títeres, este viernes 19 de julio a las 19 horas en la cafetería Rincón Zapatista, ubicada en la calle Zapotecos número 7, colonia Obrera, a unas cuadras de la estación del Metro Isabel La Católica. Para mayores informes comunicarse al teléfono 57-61-42-36.

Responsable, Agustín Vázquez.