En el marco de las revelaciones sobre el financiamiento de las campañas electorales de 2000 -entre las que cabe reconocer los importantes informes divulgados por el Instituto Federal Electoral- figuran, por anómalas y poco transparentes, las aportaciones realizadas por Rosa María A. de Derbez, esposa del actual secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, a diversas empresas propiedad de Lino Korrodi, cabeza financiera del grupo Amigos de Fox.

Según documentación presentada por el PRD ante el IFE, tres cheques con la firma de la señora de Derbez, por un monto total de un millón 537 mil 380 pesos, fueron entregados a empresas de Korrodi -Grupo Alta Tecnología en Impresos y Medios Masivos Mexicanos, específicamente-, quien habría gestionado su triangulación hacia cuentas de Amigos de Fox. Tales operaciones tuvieron lugar a lo largo de 2000 y, posiblemente, después de celebrados los comicios del 2 de julio, cuando Vicente Fox ya se había convertido en presidente electo de la República.

En primer término, cabe exigir que estas cuantiosas transferencias, junto al resto de las operaciones de financiamiento privado de los partidos, sean investigadas a fondo, con el propósito de dilucidar su legalidad, identificar claramente a los aportantes y sancionar conforme a derecho, en caso de demostrarse la comisión de delitos electorales, a quienes resulten responsables.

Por otra parte, es imperativo que, en el caso específico de las aportaciones realizadas por la esposa del titular de Economía, se esclarezca a cabalidad el origen de tales recursos, ya que, hasta donde se sabe, el matrimonio Derbez y el Instituto Internacional de Finanzas, sociedad a la que pertenece la cuenta bancaria de donde se giraron los cheques, no disponen de un patrimonio tan significativo como para erogar en pocos meses un millón y medio de pesos. En el supuesto de que tales sumas provengan de otras fuentes, en una operación en la que tanto Rosa María A. de Derbez como Lino Korrodi sólo fungieron como intermediarios, ¿quiénes fueron los verdaderos aportantes? ¿Qué intereses, presiones o garantías hay detrás de tales donaciones? ¿Cómo puede la sociedad estar segura de que esos recursos son absolutamente legales y no proceden de entidades -nacionales o, lo más grave, extranjeras- interesadas en adquirir privilegios o concesiones de parte del nuevo gobierno de México? ¿Por qué el Partido Acción Nacional no reportó estos ingresos -en lo que podría considerarse una práctica de doble contabilidad- al órgano electoral?

Finalmente, éstas y otras revelaciones sobre el financiamiento irregular de las campañas electorales en México -muchas de las cuales denotan actos ilícitos- son un inquietante síntoma del tremendo peso que ejerce el poder económico sobre algunos clanes políticos e ilustran las variadas artimañas a las que se ha recurrido para ocultar a la ciudadanía la procedencia de los fondos utilizados para captar su voto y su confianza.

En este sentido, la sociedad debe cobrar conciencia de que en los comicios de 2000 se habría incurrido en las mismas prácticas de desigualdad, secretismo y violación de la ley que caracterizaron a otras contiendas electorales, y exigir que, a partir de ahora, los institutos políticos rindan cuentas a los ciudadanos de todas y cada una de sus fuentes de financiamiento. De lo contrario, el esperanzador proceso de consolidación democrática en el que están comprometidos la gran mayoría de los mexicanos podría quedar conculcado.