En una breve visita particular a nuestro país, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, expresó fundadas preocupaciones que debieran suscitar respuestas efectivas y concretas del gobierno y de la sociedad. El señalamiento central de la funcionaria -quien es también académica e investigadora de la universidad sueca de Lund- es la improcedencia y el peligro que representa para México y para su futuro transferir la educación del ámbito de las obligaciones del Estado al de las relaciones mercantiles, en el cual la enseñanza en todos sus niveles se convierte en un producto disponible para quienes puedan adquirirlo.

La experta alertó sobre el hecho de que tal estrategia educativa, que sigue de manera acrítica el modelo estadunidense, habrá de traducirse, si perdura, en un nefasto incremento de las desigualdades sociales en nuestro país, de por sí exasperantes, abismales, contrarias a la ética social y al sentido común.

Como parte de la lógica privatizadora de la educación, el gobierno de Vicente Fox recurre a la práctica engañosa de incluir la inversión privada en el conjunto del presupuesto educativo, a fin de hacer creer que el gasto público en este rubro es mayor de lo que realmente es y que empieza a acercarse a la meta de 8 por ciento del producto interno bruto. Semejante maniobra estadística contribuye, además, a diluir la obligación constitucional del Estado de garantizar educación de calidad para todos los mexicanos de manera gratuita, y maquilla la realidad de un sistema educativo público sumido en el abandono, el atraso y la precariedad.

Un aspecto por demás destacable de los señalamientos de Katarina Tomasevski es que no limita sus críticas a las autoridades, sino que las dirige también a la sociedad civil, cuyas instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales no han sido capaces, hasta ahora, de confrontar y cuestionar las políticas privatizadoras de la educación y la paulatina abdicación del Estado a su responsabilidad en la enseñanza.

Ciertamente, esta tendencia no nace con el actual gobierno. Durante los tres sexenios anteriores -priístas- se delineó y se puso en práctica una ofensiva presupuestal y política sin precedentes contra las escuelas y universidades públicas. Las gestiones de Ernesto Zedillo, primero como secretario de Programación y Presupuesto y luego de Educación Pública, bajo las órdenes de Carlos Salinas, y posteriormente durante la presidencia del propio Zedillo, significaron el fin del sistema educativo público como mecanismo de movilidad social y, por esa vía, de redistribución de la riqueza y de reducción de las diferencias sociales.

Con todo, ese vergonzoso pasado reciente no exime a las actuales autoridades de sus responsabilidades ante el presente de la educación, en el cual se juega el futuro económico, social, político, científico, cultural y tecnológico de México. De las medidas que hoy se tomen para rescatar y dignificar el sistema de enseñanza pública, o bien para terminar de desmantelarlo, dependerá que la próxima generación de mexicanos viva en una nación equitativa, moderna y democrática, o en un país más pobre que nunca, más injusto, más atrasado y, en consecuencia, más antidemocrático, desesperanzado e inseguro.