Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 4 de octubre de 2002
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Política
PEMEXGATE

El órgano ha sido ilegalmente constituido, sostiene el jurista y legislador del PRI

Los miembros de la Sección Instructora van a ser acusados de "mensos", dice Rocha Díaz

CIRO PEREZ SILVA Y ANDREA BECERRIL

Los integrantes de la Sección Instructora, órgano que tiene a su cargo la evaluación de las pruebas que envió a la Cámara de Diputados el Ministerio Público para proponer al pleno el desafuero de líderes petroleros, van a ser acusados de "mensos" o de "ignorantes jurídicos" por formar parte de un cuerpo ilegalmente instalado, aseguró el jurista y diputado priísta Salvador Rocha Díaz.

Estos calificativos fueron condenados por otros diputados, como el coordinador de los diputados del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, quien lamentó las "expresiones ofensivas" de Rocha Díaz. "No haré comentarios sobre esas expresiones ofensivas, ni les pagaré con la misma moneda, simple y sencillamente yo expreso mi confianza de que todos los integrantes de la Sección Instructora, incluido el representante del Partido Revolucionario Institucional, actuarán con absoluta responsabilidad", dijo.

Sostuvo que este órgano está constituido con plena legalidad y quienes no lo consideren así, apuntó, "están en absoluta libertad de recurrir al expediente infantil de insultar o agredir a los compañeros diputados o acudir a los tribunales, y en cualquier terreno serán los éstos los que decidan en última instancia si fue legal o no, pero creo que deberíamos ocuparnos más del fondo del tema que seguir cuestionando, infundadamente la integración de la sección".

Rocha Díaz, a su vez, insistió en que desde diciembre de 2000 ha sostenido que es indispensable legalmente que primero se corrija la incongruencia que hay entre la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Congreso, porque mientras eso no se resuelva ni fue legal la instalación de la Subcomisión de Dictamen Previo, ni es legal la instalación de la Sección Instructora.

Mencionó que la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos es una norma aprobada en 1982 con motivo de la reforma del artículo cuarto de la Constitución, que alude a responsabilidades de los servidores públicos. De acuerdo con esto, los órganos encargados de procesar tanto juicios políticos como declaratorias de procedencia derivan de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, modificadas durante la Legislatura pasada.

-En resumen: ¿es ilegal el trámite para desaforar a los líderes petroleros?

-Totalmente ilegal. Con una ilegalidad adicional: que además, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, la Sección Instructora debió haberse formado por la Comisión Jurisdiccional, es un órgano de la Comisión Jurisdiccional, no es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer a sus integrantes, como se hizo en la sesión plenaria de la semana pasada.

-¿Por tanto, el amparo es viable?

-Claro que sí. Quien tenga el interés jurídico para hacerlo lo puede hacer. Cualquiera de los presuntos responsables que aparecen en las ocho o nueve solicitudes de declaratoria de procedencia puede presentar su demanda de amparo el día de hoy o mañana, y nada difícil es que lo haga uno o varios, con lo cual, a final de cuentas, vamos a acabar nuevamente sometiendo al Poder Judicial lo que somos incapaces de resolver con legalidad en la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión o en el Ejecutivo, y ya lo hemos visto.

-¿Entonces el desafuero no procede?

-Yo no digo que no procede. Digo que el procedimiento es totalmente ilegal.

-¿Y los diputados que están en esta Sección Instructora podrían incurrir en algún delito?

-No. Simplemente van a ser acusados de mensos o de ignorantes jurídicos y formar parte de un cuerpo ilegal.

Mientras tanto, uno de los aludidos por Rocha Díaz, su compañero de bancada Eduardo Andrade Sánchez, dijo que en los siguientes días van a tomarse decisiones adicionales respecto del personal que habrán de contratar para auxiliar a los diputados en el análisis de los documentos.

"Imaginen ustedes cómo es uno de los casos: un expediente de 60 mil fojas. ¿Cuánto les gusta para leer una foja de un expediente judicial? ¿Dos minutos? Leerla a conciencia, marcar lo que hay que marcar. Esto nos da, en una hora, 30 hojas. Supónganse que es un lector más o menos rápido y lee 50 por hora. En ocho horas de trabajo al día, concentrado, son 400 hojas; en una semana son 2 mil; en diez semanas serían 20 mil; en 30 semanas habría acabado una persona de leer el expediente. Si nosotros procediéramos así, ustedes serían los primeros en criticarnos", enfatizó.

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