La reticencia de los principales ex dirigentes de la agrupación Amigos de Fox a permitir que las instituciones realicen su tarea indagatoria en los recursos presuntamente ilícitos recabados en el extranjero por el equipo de campaña del actual Presidente, ha terminado por gravitar negativamente en la imagen y en el margen de maniobra del mandatario.

Sería improcedente prejuzgar sobre la culpabilidad o la inocencia de Lino Korrodi, Carlota Robinson, Rito Padilla y Carlos Rojas en los manejos monetarios referidos. Al mismo tiempo, las triquiñuelas legales empleadas por los operadores referidos para escamotear la información del caso al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a otros organismos fiscalizadores constituyen un indicio insoslayable de turbiedades y deshonestidades en el financiamiento de la campaña presidencial de la Alianza para el Cambio. Porque si, como se afirma, las cuentas de Amigos de Fox, A.C., son impolutas y plenamente legales, no se entiende el afán de los cabecillas de esa organización por ponerse a salvo de procedimientos fiscalizadores regulares y normales.

Ante las trabas burocráticas y judiciales a que se enfrentan las indagaciones del caso, el Partido de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional han redoblado, con razón, las presiones para que se esclarezca el episodio; en esa lógica, el primero de esos institutos políticos interpuso ayer una denuncia penal contra el Presidente y contra quien resulte responsable ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por ocultamiento de operaciones que pudieran constituir delitos electorales, lavado de dinero o delincuencia organizada.

Ante el recurso presentado por el PRD, en el que se enfatiza que "Amigos de Fox A.C. es una organización del PAN, puesto que sus integrantes son militantes (dirigentes) o simpatizantes de dicho partido político", los deslindes panistas resultan insuficientes y poco convincentes; por lo que hace a lo señalado ayer al respecto por el propio jefe del Ejecutivo Federal, en el sentido de que "no hay comparación" entre los financiamientos dudosos a su campaña y el llamado Pemexgate, no es a Fox a quien corresponde trazar la diferencia, sino precisamente a los organismos competentes.

En estricto sentido legal, el Presidente está en lo cierto cuando afirma que ambos episodios deben seguir su curso en los tribunales. Pero el mandatario no debiera ignorar que las dudas sobre el financiamiento de su campaña rebasan, con mucho el ámbito judicial, toda vez que afectan además la imagen política y ética de su gobierno, su propia autoridad moral como pretendido presidente del cambio y la credibilidad toda de la alternancia que vive el país.

En esa perspectiva, si los antiguos amigos de Fox realmente se pretenden tales, tendrían que renunciar a sus amparos y ponerse a disposición de los organismos judiciales, electorales y bancarios correspondientes, y aportar toda la información de que disponen sobre el oscuro episodio. De otra manera será inevitable concluir que Korrodi, Robinson, Padilla y Rojas se han vuelto, con el tiempo, enemigos del Presidente.