El director de la PJE ordenó sembrar un arma junto al cadáver, dijo un ex policía

Llevarán a la CIDH el caso de un niño indígena asesinado por judiciales en Acaponeta, Nayarit

A partir de las revelaciones la ombudsman estatal ordenó turnar el caso al organismo continental

JESUS NARVAEZ CORRESPONSAL

Tepic, Nayarit, 3 de octubre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) anunció que presentará ante su similar interamericana (la CIDH) el caso de Raymundo de la Cruz, indígena de 15 años de edad, a quien asesinaron en abril de 2001 efectivos de la Policía Judicial del Estado (PJE) en Santa Cruz, municipio de Acaponeta, crimen al que estarían vinculados otros siete homicidios. La CEDH abundó que decidió acudir ante la CIDH luego que el ex comandante de la corporación, Jaime Rivera, reveló que el director de la PJE, Héctor Navidad, le ordenó sembrar un arma junto al cadáver del niño, "para aparentar que el menor disparó primero contra los agentes".

A partir de la muerte de De la Cruz, la CEDH emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigara al respecto, pues, según el organismo, "se comprobó que cuando los agentes judiciales llegaron a la comunidad indígena (Santa Cruz) en un operativo para buscar a una presunta banda de secuestradores pusieron contra la pared a más de 200 personas que se encontraban junto al templo del lugar, por lo que el menor corrió asustado y los policías le dispararon por la espalda". La PGJE rechazó la recomendación, bajo el argumento de que el hoy occiso iba armado y disparó contra los elementos de la PJE.

El pasado 26 de septiembre, Jaime Rivera, entonces coordinador de la PJE en Acaponeta, denunció ante la Comisión de Justicia del Congreso local que participaron 28 judiciales en el operativo para tratar de localizar a Cayetano Gutiérrez, contra el que se emitieron órdenes de arresto por diversos delitos graves. Añadió: "Cuando llegamos al lugar, varias personas emprendieron la huida, iniciándose una persecución, entre ellos Raymundo de la Cruz, a quien le dispararon e hirieron, muriendo unos cuatro minutos más tarde".

La siembra del arma

Rivera dijo también a legisladores: "Me comuniqué vía telefónica con el director de la PJE, (Héctor) Navidad, a quien informé de los hechos. Este me dijo que le volviera a llamar 15 minutos después, y cuando lo hice me preguntó si no tenía yo un arma para sembrarle al muerto, contestándole que no; me volvió a decir que no me preocupara, que él vendría personalmente hasta Santa Cruz de Acaponeta, trayendo consigo un arma para justificar legalmente la acción, ya que esas instrucciones había recibido del procurador de Justicia del estado, Armando Bañuelos".

Narró asimismo que "tres o cuatro horas llegó al lugar de los hechos el coronel Navidad, me entrega una pistola calibre 38 súper, la cual le fue sembrada al occiso para justificar la legítima defensa". Rivera dijo que decidió denunciar los hechos, porque "desde ese día he recibidos constantes amenazas por parte del mismo director de la Policía Judicial".

Al respecto, el procurador Bañuelos señaló que "el caso es ya cosa juzgada, pues los magistrados del tribunal colegiado determinaron el no ejercicio de la acción penal, por no haber elementos".

Sin embargo, la presidenta de la CEDH, Luz María Parra, señaló en entrevista que la información del ex comandante Rivera podría "cambiar el curso de las cosas". Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se indemnizara a los deudos del menor, y que la Contraloría estatal iniciara un proceso administrativo contra la PGJE. Eventualmente se entregaron 80 mil pesos al padre del niño, pero al momento sigue pendiente la intervención de la Contraloría.

La ombudsman señaló que al comparecer recientemente ante la legislatura de Nayarit la contralora del estado, María Eugenia Munguía, los diputados adelantaron que exonerarían a los policías implicados. Parra señaló que ante la situación, el organismo a su cargo presentará el caso ante la CIDH, y de ser necesario, "ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

A partir del homicidio del niño indígena se ha dado muerte a otras siete personas, entre ellas un juez de Acaponeta que firmó una declaración en la que se aseguró que el menor asesinado se hallaba armado, así como dos hermanos de Raymundo de la Cruz.