Marco Rascón

La DFS y el fiscal de merengue

Durante la guerra sucia el régimen tuvo a su servicio un fiscal de hierro. Hoy para esclarecer los crímenes de Estado se ha asignado a las víctimas un fiscal de merengue: Ignacio Carrillo Prieto.

Nombrado "fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado" (sic), Carrillo Prieto es otro de los productos inservibles de este modelo de cambio, rodeado de pirotecnia, pero sin contenido.

La extensión del nombre de la fiscalía constituye un tesoro literario de evasiones en lo que se refiere a investigar y llegar a conclusiones que muestren evidencias de la responsabilidad gubernamental en la violación sistemática del estado de derecho y de las garantías constitucionales de miles de ciudadanos.

El pasado 23 de octubre un grupo de la oposición, en el que participamos por interés propio, tanto político como jurídico, decidió abrir al público y a los medios de comunicación el viejo edificio que albergó a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). La intención era entregar esta prueba material al fiscal especial para coadyuvar en la investigación de las denuncias, ya que la tortura, las desapariciones, los asesinatos y amenazas no son asunto menor o actos aislados, sino que respondieron a operativos que contaban con presupuesto del erario, administración e infraestructura, a partir de la cual se operaba y que por lo mismo involucró tanto a funcionarios del más alto nivel como a grupos oligárquicos que instigaban a la represión contra todo aquello que significara ideas progresistas o posiciones de izquierda.

Ubicado a dos cuadras de la fiscalía especial, el inmueble abandonado de la DFS es una prueba básica de que hubo una guerra sucia, pero Carrillo Prieto piensa que encontrará la verdad en los cajones de su escritorio o llenándose de denuncias y testimonios de los protagonistas de esos años, sin que medie investigación entre los responsables obvios que aún viven. ƑPor qué huye a la guerra sucia posterior al 10 de junio? Quizá porque hay demasiadas pruebas.

No quiso tomar en resguardo el edificio y busca la verdad enviando oficios y entrevistando funcionarios. Su papel es más de periodista que de fiscal; más que interlocutor de la verdad parece locutor de entretenimiento. Esta actitud ha puesto en riesgo información de primera mano sobre la estructura represiva, niveles de mando y responsabilidad gubernamental, nombres vinculados a denuncias y actas que deben cruzarse con otras investigaciones. El inmueble que fuera sede de la DFS es una prueba más que involucra no sólo a personas, sino que responsabiliza al Estado mexicano en crímenes y actos ilegales.

Ahí, en ese edificio en demolición, bajo resguardo precario y poco confiable, están los recibos de pago que se dieron a periodistas (chayotes), listas de infiltrados y provocadores, incineradores, toneladas de papel que dan cuenta de la estructura, operaciones y declaraciones de la época. Están las celdas, cuartos de tortura, los nombres en las paredes -tapadas con yeso- de los detenidos que dejaron fecha y constancia de su paso, antes de que fueran desaparecidos y torturados. También están las estadísticas que dicen que en 1983 la DFS contaba con 830 integrantes, cifra que en 1984 se incrementó a 3 mil 8, gracias a un reajuste presupuestal de grandes proporciones, crecimiento posterior a la muerte de Manuel Buendía, cuyo crimen probablemente se maquinó y fue dirigido desde ese edificio. Pero el fiscal de merengue considera que la mejor investigación es la que no se hace.

Tanto la Secretaría de Gobernación como el fiscal son responsables de que alguna de estas pruebas sea destruida. Ambos tienen obligación de garantizar la clasificación y archivo de toda la documentación encontrada, así como de realizar estudios arqueológicos y de antropología forense para localizar restos y procedimientos. Esta obligación está garantizada por el derecho a la información y los compromisos sobre transparencia.

Se requiere un verdadero fiscal, que no es Ignacio Carrillo Prieto, que incursione en el terreno de los crímenes de Estado, pero también se necesita la presión de la sociedad para que esos archivos y las pruebas materiales no sean destruidos, ya que ese espacio es un vestigio completo de la cultura política que supuestamente queremos superar. Es un espacio lleno de testimonios oscuros que dejaron sus visitantes; retenerlos los comprometía y no tuvieron tiempo de destruirlos. Es un espacio que debe transformarse en un jardín de la libertad, en un museo de la canallada, para que no vuelva a repetirse nunca más todo lo que ahí se hizo. Si hay perdón y olvido debe haber justicia y verdad. Sólo así podremos dar vuelta a la página y ser un país mejor.

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