El consejo de guerra que se inició ayer para juzgar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro por cargos de narcotráfico, asociación delictuosa y cohecho es, a todas luces, un dato positivo acerca de la modernización de las fuerzas armadas y de los avances experimentados por el país en materia de vigencia del estado de derecho.

Con este proceso legal los mandos castrenses no sólo expresan su decisión de combatir la impunidad dentro de sus filas, sino que envían a la sociedad un mensaje de transparencia y disposición para reconocer vicios y lacras dentro de las instituciones armadas.

La realización de un consejo de guerra abierto a la sociedad y a los medios permite conocer procedimientos de justicia militar que hasta la fecha resultan un misterio para la mayor parte de la ciudadanía, y propicia que los acusados hagan uso de sus derechos y garantías constitucionales. Por todas estas razones, el juicio contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo es motivo para congratularse.

Sin embargo, no debe desconocerse que el consejo de guerra referido es sólo un buen inicio de un proceso que, para ser convincente, deberá llegar a fondo en el tema del narcotráfico, desarrollarse en ramificaciones delictivas que, presumiblemente, trascienden con mucho a dos generales solitarios, y extenderse a la vertiente de acusaciones por los gravísimos delitos que presuntamente perpetraron ambos militares en el marco de la guerra sucia contra la insurgencia y la disidencia de los años setenta.

El sentido común indica, en efecto, que la compleja red de colaboración con los cárteles de la droga en la que presuntamente se involucraron Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo debió requerir de numerosos colaboradores y que parte de ellos al menos tendrían que haber sido integrantes de las fuerzas armadas. En esa misma lógica, resulta obligado suponer que los dos acusados contaron con una extensa red de colaboradores para perpetrar los 143 asesinatos de campesinos guerrerenses de los que están acusados y por los cuales también deberán ser sometidos a juicio.

En suma, cabe esperar que el consejo de guerra que arrancó ayer sea el principio de una revisión exhaustiva de la participación de militares en el narcotrá- fico y en los crímenes de lesa humanidad cometidos por servidores públicos en la represión echeverrista y lopezportillista. Si así ocurre, el episodio servirá para fortalecer los vínculos entre la sociedad mexicana y sus institutos armados. De otra manera, quedaría la sospecha que ese proceso legal habría sido mero ejercicio de simulación.