Luis Hernández Navarro
En el banquillo de los acusados
Ahogado el niño, se niegan a tapar el pozo. Aunque la agricultura nacional vive una de sus más severas crisis por culpa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a partir del próximo año la situación será aún peor con la desgravación de todos los productos sensibles (excepto maíz, frijol y leche en polvo), las autoridades mexicanas se niegan a tomar medidas efectivas en defensa del campo. Luis Ernesto Derbez, secretario de Economía, descartó que fuera a renegociarse el capítulo agropecuario del tratado.
Presionado por el descontento rural creciente, Vicente Fox declaró de cara a la reunión de la APEC: "Vamos a ser intolerantes cuando existan subsidios". Y, en una confesión con más pena que gloria, señaló: "Estamos analizando las últimas medidas que ha tomado Estados Unidos en esta materia (agrícola) y si hay alguna de ellas, por pequeña que sea, que tenga alguna violación a los acuerdos de libre comercio, actuaremos con la mayor firmeza".
Las últimas medidas a las que el presidente mexicano se refiere es el nuevo farm bill, llamado Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Rural de 2002, en el que se asigna al sector rural estadunidense un promedio anual de 19 mil millones de dólares por concepto de subsidios. El nuevo farm bill fue firmada por el presidente George W. Bush el pasado 13 de mayo. Esto significa que más de seis meses después de aprobada la nueva ley agrícola de nuestro principal socio comercial el gobierno mexicano šsigue analizando! su contenido. šVaya eficacia! Quizá por ello el blindaje agropecuario prometido es, hasta ahora, un acorazado de papel.
Congruente, el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, decidió olvidarse de la "intolerancia" que su jefe ofreció para enfrentar la cuestión de los subsidios y optó por apostar el futuro del agro mexicano a la reunión del año entrante de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Allí buscará que se presione a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón para que reduzcan los apoyos que brindan a sus productores rurales.
Pero poco duró el efecto de las declaraciones de los funcionarios mexicanos. Fueron refutadas unas cuantas horas después de pronunciadas. Ernst Micek, director general de Cargill, una de las empresas alimentarias trasnacionales más importantes del mundo y beneficiaria del nuevo farm bill, señaló: "No podemos reducir los subsidios en agricultura". Estados Unidos no modificará su política antes de ocho o diez años. Kathleen B. Cooper, subsecretaria de Comercio, aseguró: a corto plazo los subsidios que aprobó el Congreso al sector agrícola no podrán disminuirse.
Efectivamente, la política de subvenciones rurales de Estados Unidos no se modificará. Al igual que se hace ahora, el anterior farm bill, llamado Libertad para sembrar, se aprobó anunciando que prepararía el terreno para acabar con los subsidios. En lugar de ello, terminó elevándolos.
Esta política no cambiará por una combinación de intereses. Dentro de su país, el presidente Bush tiene necesidad de conseguir el apoyo de estados agrícolas claves en las próximas elecciones intermedias y nada mejor para ganarlo que un cañonazo de tantos ceros como el que derramó. La exportación de alimentos es clave para esa economía: tiene efectos multiplicadores. Por cada dólar que se exporta de productos rurales se generan 1.47 dólares en otras actividades. La fijación de precios de los granos por debajo de los costos de producción, gracias a los subsidios, es la mejor garantía de que los mercados agrícolas estadunidenses permanecerán casi inaccesibles para otros países. Además, Washington ha decidido establecer unilateralmente nuevas reglas de convivencia mundial y la agricultura no tiene por qué ser una excepción.
La decisión de Usabiaga de llevar el asunto a la OMC está condenada al fracaso. Primero, porque México renunció a los precarios instrumentos de protección que esta institución le ofrecía al pactar el TLCAN en los términos en que lo hizo. Segundo, porque el vecino del norte ha seguido siempre una política de doble moral en este terreno. No en balde el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, afirmó que la nueva ley agrícola es "el ejemplo perfecto de la hipocresía de la administración Bush en materia de liberalización comercial".
Farol de la calle, oscuridad de la casa, Estados Unidos ha impulsado sistemáticamente en los foros internacionales la reducción de los subsidios agrícolas, pero los ha incrementado dentro de sus fronteras. Esa fue su posición en septiembre de 1986 durante las conversaciones de Punta del Este. Lo mismo sucedió en julio de 1987 con la llamada Opción Cero, en la que propuso la reducción de todas las subvenciones agrícolas que distorsionaban el comercio o la producción en un plazo de 10 años. En septiembre de 2001 se unió al grupo Cairns para reformar el sistema de comercio internacional y eliminar todos los subsidios que deforman los mercados. Apenas en la reunión de la OMC del año pasado, en Doha, refrendó su política antisubsidios.
Con el nuevo farm bill el capítulo agropecuario del TLCAN está en el banquillo de los acusados. México vive en el peor de los mundos posibles: no tiene ventajas comparativas ni autosuficiencia alimentaria. Se han incrementado la migración y el desempleo. No han llegado inversiones extranjeras significativas al campo. No hay acceso seguro a nuevos mercados agrícolas. Se ha fomentado el patrón de consumo estadunidense. Se ha profundizado la desprotección y el desmantelamiento de la agricultura nacional. Es hora de renegociar el tratado. Es el momento de sacar a la agricultura de la OMC.
