La investigación sobre 4 niños violados se inició este año sobre hechos de 2000

Son casos "aislados" los abusos sexuales en jardines de niños, sostiene la SEP

Ya hay orden para que se dé aviso de inmediato en casos posteriores, indica funcionaria

KARINA AVILES

La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó la existencia de una posible red de pornografía infantil en los planteles escolares y aseguró que el caso de abuso sexual de cuatro menores del jardín de niños Arquitecto Ramiro González del Sordo, por parte de maestros de la escuela, se trata de eventos "aislados", aunque reveló que existen cerca de 10 casos que no son de este tipo pero "hay conjeturas de abuso o maltrato". Por conducto de la subsecretaria de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Sylvia Ortega, la dependencia afirmó que no se convertirá en cómplice de nadie "ni en ocultador de la responsabilidad de nadie. Se sancionará a quien resulte responsable sin ninguna consideración adicional". Asimismo, anunció que está por crearse la Unidad de Prevención al Maltrato y al Abuso.

La dependencia aseguró que "inmediatamente" después de tener conocimiento de la denuncia penal interpuesta por un padre de familia, la autoridad educativa procedió a retirar a los profesores señalados como presuntos responsables del abuso sexual en contra de cuatro niños, y aclaró que una de las maestras ya había renunciado a su cargo en ese jardín de niños. Sylvia Ortega reconoció que la dependencia tiene que mejorar sus tiempos para hacer investigaciones oportunas, con el propósito de que la autoridad competente actúe de manera inmediata. Señaló que el caso ocurrió en el año 2000 y la investigación se inicia "temprano", en los primeros meses de 2002. Entrevistada con motivo de la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la SEP, por el caso de cuatro menores que de acuerdo con la comisión fueron "violados" por tres maestros de ese jardín de niños y el esposo de una de las maestras, la funcionaria dijo que el órgano interno de control y fiscalización dependiente de la Secretaría de la Contraloría, que es el facultado para imponer las sanciones, "no necesariamente" se enteraba de manera oportuna de las denuncias, de manera que había un periodo en el que la autoridad educativa tenía que hacerse cargo de la indagación. Esto es lo que la SEP está evitando y para ello comenzó a distribuir un instructivo antes de que estuviese lista la recomendación.

"Lo que decimos es lo siguiente: que es responsabilidad del director y de la autoridad inmediata dar aviso cuando haya presunción de maltrato físico, sicológico o de abuso sexual. Que esta queja o denuncia debe ser investigada y que en paralelo de manera inmediata se dará información al órgano interno de control, evitándose así que la autoridad educativa sea juez y parte. Es decir, de manera inmediata se avisa a quien tiene la facultad, en este caso, de emitir las sanciones administrativas", señaló. Sylvia Ortega insistió en que estos casos son aislados. "No hay ninguna evidencia, ninguna conjetura que nos lleve a suponer que esto es parte de, como se dice, una red (de pornografía infantil)

-ƑHay más casos?

-Sí, hay más. En este momento tenemos cerca de 10 más. No parecidos a éste, no de este tipo, pero digamos, en los que hay conjeturas de abuso o maltrato y se están investigando. También se está apoyando a los miembros de la comunidad involucrada.

Por su parte, el maestro Edmundo Salas expresó que el "supuesto" hecho tuvo origen en el ciclo escolar 2000-2001. Puntualizó que el 17 de diciembre de 2001, las autoridades del plantel educativo tuvieron conocimiento de que el padre de familia de uno de los menores del mencionado jardín de niños había interpuesto una denuncia penal. En los primeros días de enero de 2002, las autoridades educativas procedieron a retirar al personal señalado por el padre de familia. "Una de ellas, la maestra, había renunciado a finales del mes de diciembre a ese jardín de niños. Se informaba de ese hecho (al órgano interno de control) y se informaba de las medidas precautorias de mantener separados del ejercicio de sus funciones a dos personas, a la directora del plantel de niños y al maestro de educación musical, quienes también se señalaban como presuntos responsables de ese hecho". En referencia a los puntos contenidos en la recomendación de la CNDH, Sylvia Ortega puntualizó que ya se investigó el caso y hay "plena identificación de los presuntos responsables". Además, dijo que hay dos acciones en curso, una es una denuncia penal en la Procuraduría General de la República promovida por padres de familia, y la otra es el levantamiento de un acta administrativa, que es el instrumento a disposición de la autoridad para iniciar una investigación que puede desembocar en sanciones. También dijo que ya ha habido reuniones con menores, trabajadores y autoridades del jardín de niños por medio del programa de Prevención y Atención al Maltrato y Abuso Sexual.

Además, ya se transmitieron los lineamientos para que en caso de que se presuma o se intuya algún problema de violencia o de abuso, se notifique de manera inmediata. Por otro lado, la dependencia ha aportado la información necesaria a petición del Ministerio Público y del órgano de control para que se resuelva la indagatoria.