No aceptó que se investigará a colaboradores de su gobierno, indica

Emite la CNDH recomendación al alcalde de Monterrey por "propiciar la impunidad"

VICTOR BALLINAS Y JAVIER SALINAS REPORTERO Y CORRESPONSAL

Por considerar que el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, propicia la impunidad "al no aceptar que se investigue a uno de sus colaboradores", a quien se imputó difamar, así como emitir amenazas contra un ciudadano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió al edil la recomendación 38/2002.

El organismo consideró que el alcalde "solapa, encubre y protege a funcionarios inculpados".

La CNDH solicitó al panista Cantú Rodríguez aceptar la recomendación número 47/02 que le emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) neoleonesa, porque con su negativa encubre a los ex funcionarios denunciados, entre ellos al ex secretario de la Contraloría Municipal y Servidores Primarios de la presidencia municipal, cuyo nombre no proporcionó la instancia nacional.

De acuerdo con la CNDH, pese a que su similar estatal documentó y probó fehacientemente la violación de los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad pública, consistentes en difamación, amenazas e intimidación a Raúl García Martínez por parte del ex secretario de la Contraloría Municipal y de los servidores primarios del ayuntamiento, el alcalde Cantú Rodríguez "encubrió a esos ex funcionarios", e impidió a la comisión estatal proseguir las investigaciones del caso.

La CNDH destacó que la actitud del presidente municipal "propicia la impunidad". Asimismo, consideró que el rechazo a la recomendación 47/02 de la CEDH "constituye el grado máximo de incumplimiento respecto de la observancia de los derechos humanos del señor García Martínez".

Explicó la CNDH que García Martínez presentó su queja inicial el 25 de septiembre de 2001, y en ella acusó al entonces contralor municipal por exhibirlo públicamente, al mencionar a un periódico local la sanción que como servidor público le impuso dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad iniciado en su contra, y que por ley no debía divulgarse.

Asimismo, García Martínez se quejó de que en "alguna ocasión" injustificadamente retiraron de una audiencia a su abogado; que su esposa Oralia Galindo Leal fue amenazada por el secretario de la Contraloría Municipal en las oficinas de éste, y que funcionarios públicos sembraron documentos en el expediente del caso, por lo cual pidió investigar expedientes de la Contraloría y de la Secretaría de Desarrollo Municipal.

La CNDH dijo que el primer visitador del organismo estatal intentó practicar la diligencia de inspección de los archivos, lo cual impidieron el edil Cantú Rodríguez y el director jurídico del municipio.

Asimismo, apuntó la CNDH, luego de investigarse el caso, el ayuntamiento de Monterrey debe resarcir en el goce de sus derechos a García Martínez, y sancionar a los servidores públicos que con su actuación violentaron el estado de derecho de éste.

Por otra parte, 80 por ciento de las cárceles municipales del estado de México se encuentran en pésimas condiciones, con instalaciones insalubres e infraestructura deficiente, por lo que los ayuntamientos deben invertir en su renovación y mantenimiento, afirmó el segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Miguel Angel Estrada.