En 1994 recibió esa cifra para financiar las campañas de Colosio, Zedillo y Madrazo

El gobierno evitó hace tres meses que el PRI reintegrara al erario 25 mdd

La suma fue a parar al Fobaproa y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

MIREYA CUELLAR, ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GONZALEZ

En silencio y apenas hace tres meses, el gobierno foxista exoneró al PRI de reintegrar al erario los 25 millones de dólares -según la cifra ofrecida por Carlos Cabal Peniche- que recibió en 1994 del Banco Unión para financiar las campañas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, monto que fue a engrosar la abultada panza del Fobaproa y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó que ''los actos generadores de los quebrantos fueron precisamente las autorizaciones de los créditos a empresas insolventes'' relacionadas con Cabal Peniche, que fueron usadas como ''canalizadoras'' de los recursos al tricolor entre julio de 1993 y mayo de 1994.

Esa opinión de la CNBV fue emitida el 5 de agosto de este año -en los días de más cercanía entre la actual dirigencia priísta y el presidente Vicente Fox-, a partir de una solicitud expresa del Organo Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados, que previamente había determinado que el PRI no está obligado a regresar esos recursos.

Cuando PRI y PAN legalizaron la existencia del Fobaproa, los panistas consiguieron que los priístas aceptaran la inclusión de un artículo transitorio -el séptimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario- donde se asentó que una vez realizadas las auditorías y devueltas a los bancos las operaciones ''irregulares'' el PRI tendría que reintegrar al erario el dinero que recibió de Banco Unión.

A la letra dice: ''Si de las auditorías realizadas aparecen operaciones de mutuo o préstamo otorgados por las instituciones auditadas cuyos recursos se hayan donado o aportado por los acreditados, directamente o por interpósita persona, a entidades de interés público que reciban financiamiento público y que por tal motivo hayan generado quebrantos financieros a las instituciones acreditantes, dichas entidades devolverán el monto de las operaciones de crédito involucradas con cargo a los financiamientos públicos que, conforme a las leyes que las rigen, reciban ordinariamente''.

Todavía en plena campaña por el gobierno del Distrito Federal -mientras la Cámara litigaba en la Corte su demanda para que Zedillo le entregara la información de los fideicomisos-, el panista Santiago Creel, uno de los promotores del IPAB, dijo que Acción Nacional iba a demostrar al pueblo de México que a través del IPAB ''el PRI va a regresar las entradas'' en aquellos casos donde hubiera desviado recursos para apoyar campañas políticas. Pero no será así.

En un informe exhaustivo, de carácter confidencial, sobre las operaciones de Banco Unión, el órgano superior sintetiza la respuesta que recibió de la Comisión: ''Mediante el oficio 601-VI-DD/MML-203825/2002, de fecha 5 de agosto de 2002, la CNBV manifestó que 'en opinión de esta comisión, se concluye que en sí mismas las aportaciones realizadas a los fideicomisos que señalan, contablemente no le generaron quebranto a Banco Unión SA, ni a Banca Cremi SA, esto en razón de que los actos generadores de los quebrantos en cita, fueron precisamente las autorizaciones de los créditos a empresas insolventes'''.

Fernando Ortiz Arana, entonces presidente nacional del PRI, y Roberto Madrazo Pintado, que ejercía la dirigencia en Tabasco, constituyeron en 1993 tres fideicomisos con Banco Unión (antes BCH) para fondear las campañas del partido. El CEN integró los fideicomisos F/2929-1, F/1718-0, 2929-4, y Madrazo el F/2939-1, donde no sólo se recibieron aportaciones directas de Carlos Cabal Peniche y sus empresas, sino también del Banco Nacional de México (Banamex).

La absolución de la comisión bancaria al PRI se dio un mes antes de que el ex banquero Cabal Peniche pagara la fianza que por 4 mil 600 millones de pesos le fijó el juez tercero "A" de amparo, Ricardo Guzmán Wolffer, y que el antiguo amigo de Roberto Madrazo Pintado cubrió con cuatro propiedades.

Asimismo, la resolución de la CNBV, que preside Jonathan Davis, contradice la opinión que los diputados federales del PAN en la 57 Legislatura expresaron sobre la ilegalidad de las transferencias de Banco Unión al PRI.

El 13 de julio de 1999, cuando se reunieron las subcomisiones unidas que revisaron los programas de saneamiento bancario, los legisladores de Acción Nacional informaron que las auditorías a Banco Unión ''arrojan ya 12 mil millones de pesos, no en operaciones irregulares, sino abiertamente ilícitas, en donde el IPAB debería fincar responsabilidades penales''.

En plena pelea de los legisladores contra el ex presidente Ernesto Zedillo -que se negaba a entregar la información sobre Banco Unión-, el panista Gerardo Buganza afirmó que la sola entrega del informe del auditor Michael Mackey no implicaba la conclusión de las investigaciones sobre los fideicomisos que abrió el PRI en ese banco para financiar sus campañas de 1994.

''El caso -dijo entonces- quedará abierto'', y anunció que se podrían fincar responsabilidades con el resultado de las auditorías a la institución crediticia. ''No podemos detener el resultado de esas auditorías, por 40 millones, que es más o menos lo que representan las operaciones de los fideicomisos priístas'', afirmó.

Empero, el monto de los traspasos a los fideicomisos priístas fue mayor. Tan sólo la Procuraduría General de la República de Antonio Lozano Gracia documentó que Cabal Peniche entregó 13 millones de pesos para financiar la campaña para gobernador de Roberto Madrazo, que se gastó 237 millones de pesos, cifra extraordinaria si se toma en cuenta que el tope de gastos autorizado fue de 4 millones.

Al continuar la investigación que por lavado de dinero inició en contra de Madrazo, el 6 de junio de 1996 la PGR dio a conocer un informe en el que responsabilizó a Cabal Peniche de aportar 13 millones 440 mil pesos a la campaña electoral del actual dirigente nacional del PRI.

En aquella ocasión, el Ministerio Público federal anunció que ya había integrado una averiguación previa contra el gobernador de Tabasco por delitos fiscales y lavado de dinero.

La ayuda económica de Cabal Peniche se sumó al fideicomiso PRI F-2939-1, cuyo presidente era Madrazo Pintado y su vicepresidente Oscar Sáez Jurado, ex secretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, contra quien se solicitó, entonces, orden de aprehensión por falso testimonio.

En 1999, cuando Madrazo participó en la contienda interna por la candidatura presidencial priísta, que ganó Francisco Labastida Ochoa, el presidente Ernesto Zedillo criticó a los gobernadores -Madrazo lo era de Tabasco- que utilizaban el presupuesto público para pagar sus campañas políticas.

Las críticas del ex mandatario terminaron cuando el tabasqueño reveló, en una entrevista, que la mayoría de los recursos captados en los fideicomisos, incluido el de Tabasco, habían ido a parar a la campaña de Zedillo. Aunque hasta ese año la investigación seguía congelada, el Organo Superior de Fiscalización continuó su propia auditoría a las cuentas de Banco Unión.

Aunque hasta ese año la investigación seguía congelada, el Organo Superior de Fiscalización continuó su propia auditoría a las cuentas de Banco Unión.

De su reporte, del que también se tiene copia íntegra, se desprende que las empresas que participaron en la triangulación de dinero al PRI son Banco Unión -su matriz, sucursales y arrendadoras--, Del Valle Zapata y Asociados, Grupo Comercial Alvi, Real Turismo (administradora de los hoteles Camino Real), Lomas Mil, Distribuidora Comercial Futura, Hexagrama, Larefo y San Carlos World Trade de México, así como el propio Carlos Cabal Peniche y su secretaria particular, María del Carmen Mezquita Ochoa, quien aparecía como "apoderada legal" de San Carlos World.

La ruta de las transferencias ilegales al PRI está detallada con amplitud en el informe del Organo Superior de Fiscalización, que a pesar de haber conocido cómo se trianguló dinero al tricolor, también lo exoneró.