La producción de madera, frijol y algodón ha sido afectada por el TLCAN y la corrupción

En el campo duranguense la mecha del descontento social está corta

De 99 maquiladoras que había en 2000 sólo quedan 65; se han perdido 20 mil empleos

LUIS HERNANDEZ NAVARRO

Francisco García dirige en Durango la Asociación Ganadera Nuevo Ideal. Es un hombre de campo. Con cerca de 60 años a cuestas, vestido con camisa vaquera y sombrero estilo texano, echa mano de la ironía cuando habla de la relación entre campesinos y políticos. "Tenemos tanto apoyo del gobierno... que jamás lo hemos visto llegar...", dice sonriendo maliciosamente entre las sonrisas de aprobación de sus compañeros. Pero se pone serio cuando narra los problemas de los pequeños ganaderos y frijoleros. "Estamos en plena cosecha y el costalito de frijol -se lamenta- no nos lo compra ahora nadie. Ni el coyote ni nadie."

Antonio García, de Mapimí, región de por sí pobre y desde el año pasado siniestrada, no puede ocultar su desilusión y su malestar con el gobierno. "Las norias están paradas y los estanques reventados", asegura. "En veces -dice- hasta nos da miedo gritar: ¿'onde se está yendo todo el presupuesto? Es que no hay apoyo para la sequía. En los informes y en la televisión nos inventan los millones, pero no los vemos para nada. Los que viven en nuestra propia casa son los que nos maromean."

Froylán Hernández, también de Nuevo Ideal, lo secunda: "No se puede poner al coyote a cuidar a las gallinas". Y para rematar afirma: "Quien la tiene vivida y sufrida somos los productores".

En el campo duranguense la mecha del descontento social está corta. Los productos que alguna vez dieron riqueza o bienestar, como la madera, los becerros en pie, el frijol y el algodón, han sido severamente afectados por el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la corrupción administrativa. En lugar de crecer, las maquiladoras que comenzaron a llegar en 1993 están cerrando: de las 99 que había en 2000 sólo quedan 65. Se han perdido 20 mil empleos.

Quizá por eso Durango es una de las entidades que mayor cantidad de estupefacientes producen y el tercer estado con más cultivos de amapola y mariguana erradicados: 6 mil 251 hectáreas. Y de seguro, también por eso, en muchos ranchos sólo viven ancianos, mujeres y niños.

"En Mapimí -dice Antonio García- de cada 20 comunidades rurales sólo cinco tienen habitantes. Donde antes habían 200 personas ahora quedan tres familias y sus chivas. En muchos ranchos apenas hay dos o tres lagartijillos viviendo."

Frijoles

Durango es el tercer estado productor de frijol en el país. Su cultivo es clave en la economía local. Que no tenga precio y que ni siquiera los intermediarios quieran comprarlo, como afirma Francisco García, es mala señal. Aunque la situación de los productores de la leguminosa nunca ha sido buena, se agravó con la liquidación de Conasupo y el libre comercio. Conasupo, que adquiría parte de las cosechas y regulaba el precio, desapareció sin que se creara una nueva institución que retomara sus funciones, lo que provocó gran desajuste entre la oferta y la demanda y daños al productor.

Para colmo de males, a pesar de que el abasto interno ha estado asegurado con la cosecha nacional, se ha permitido la importación de la leguminosa, que ha derrumbado los precios internos. Entre 1996 y 1999, así como en 2001, se autorizó su importación por arriba de la cuota establecida en el TLCAN sin pagar el arancel establecido.

El frijol se siembra en cerca de 300 mil hectáreas, en su mayoría de terrenos semiáridos, pero el clima no permite que en todas se coseche. Entre los últimos días de octubre y las tres primeras semanas de noviembre se levanta la siembra. Este año llovió mejor que el pasado y mucho mejor que los siete anteriores, en los que hubo sequía. Y los rendimientos fueron buenos: 150 mil toneladas, contra las 100 mil del año pasado. Pero ahora que hay producción abundante, que los campesinos invirtieron y trabajaron duro, que se escucharon sus plegarias para que el clima respondiera bien, resulta que la burocracia y la corrupción de los líderes agrarios tradicionales y los pleitos entre el gobierno federal y estatal amenazan con echar todo a perder.

La Empresa Integradora de Productores Agropecuarios de Durango, compañía a la que están asociados 15 mil productores, que debería comercializar la cosecha de frijol en la entidad para garantizar la regulación del precio, está paralizada. Un adeudo con Bital de 16 millones de pesos y las acusaciones en contra de su dirigente Carmelo Fernández Padilla, por malos manejos, han impedido que Integradora actúe cuando más se le necesita.

Miembro del PRI y personaje cercano al gobernador del estado, Fernández Padilla está en el centro del huracán. El presidente municipal de Guadalupe Victoria, Bernardo Ceniceros, exigió el retiro del presidente de la empresa, mientras que el alcalde de Peñón Blanco, José Luis del Río, advirtió en contra de que la compañía "sirva de caja chica de unos cuantos". Hasta el Congreso estatal tuvo que tomar cartas en el asunto. El pasado 29 de octubre aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al Ejecutivo estatal a practicar una auditoría a Integradora y liberar los recursos de apoyo a la comercialización.

La grilla

Las integradoras para comercializar frijol se crearon hace tres años en cinco estados (Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nayarit y Sinaloa) para cubrir el hueco dejado por Conasupo. Su objetivo es manejar la oferta y fijar el precio de compra del producto y erradicar o controlar a los intermediarios que le chupan la sangre a los campesinos.

Hace dos años, cuenta Victor Suárez, dirigente de la ANEC, se consiguieron 560 millones de pesos para fondos de garantía y créditos complementarios para administrar las cosechas. Al comienzo, el funcionamiento de las integradoras fue exitoso. En algunas regiones lograron que el precio del frijol se incrementara de 2.50 pesos el kilo hasta siete pesos, pero muy pronto se convirtieron en botín político. Los gobernadores metieron la mano para designar a los líderes. Los productores de Sinaloa y Chihuahua mantuvieron el espíritu original del proyecto. El dirigente de Nayarit fue misteriosamente asesinado. En Durango, el gobierno estatal tomó el control de la empresa.

La integradora duranguense comenzó a manejarse más con criterios políticos que económicos. De inmediato surgieron problemas financieros y de adeudos, y la crisis estalló. Las protestas contra el dirigente y las acusaciones de malos manejos se generalizaron. Ante el trance, el gobierno federal exigió al estatal pagar la deuda para poder hacer uso del Fondo de Garantía de 63 millones de pesos, siempre con la intervención de Sagarpa. El gobierno del estado no tuvo más remedio que apechugar para echar a funcionar la empresa.

El colapso

"Los becerros que antes se vendían como becerros ya se hicieron grandes. Nadie los quiere -afirma Froylán Hernández-. La vaca la están pagando a seis o siete pesos, cuando antes salía en 12 el kilo."

Por si le faltaran problemas al campo duranguense, en meses anteriores se prohibió la entrada a Estados Unidos de becerros nacidos o engordados en sus pastizales. Según Gustavo Pedro Cortés, coordinador de la Organización de Defensa Campesina (ODC), "funcionarios de gobierno y la Unión Ganadera metieron ganado de otras partes del país sin la verificación correspondiente para garantizar que no viniera enfermo. Trajeron ganado barato y aquí le pusieron los aretes, como si fuera de Durango. En la revisión en la frontera se encontró que algunos animales tenían tuberculosis. Eso provocó que sancionaran al estado".

Durango no está exportando becerros, única fase de la producción ganadera en que México puede competir con Estados Unidos. Los campesinos ven con desesperación que los animales que en el pasado se iban para el norte ahora son reses de mayor peso porque no han podido venderlos. No hay mercado para ellos. Aunque siete veterinarios fueron sancionados, el daño está hecho. Con la frontera cerrada han dejado de entrar divisas al estado. Sólo llegan las que mandan los que trabajan del otro lado.

El 46 por ciento del territorio de Durango es bosque, pero la riqueza forestal la colapsó el TLCAN. Los productores locales enfrentan la competencia desleal en las importaciones de triplay. De por sí la entidad fabrica puras tablas, porque los árboles casi no se procesan. Ahora, con el precio de la madera desplomado, muchos aserraderos han tenido que cerrar. El bosque ha dejado de ser una fuente de ingresos significativa para los campesinos. Sus dueños, como los habitantes del ejido Vencedores en el municipio de San Dimas, son ahora migrantes en Estados Unidos. Viven de lo que obtienen en el otro lado, no de la madera. La tala clandestina ha florecido.

La situación no es mejor en La Laguna. La producción de algodón, que generaba empleo y riqueza, se derrumbó con el TLCAN. A pesar del enorme bienestar en el que viven los agricultores que lo siembran en Estados Unidos, es uno de los productos agrícolas que más subsidios reciben. Nuestro país está indefenso ante las importaciones masivas de la fibra.

En La Laguna hay, además, sed. Durante los cuatro años anteriores casi no ha llovido. Los pozos están secos y sobrexplotados los mantos freáticos. A pesar de que se requieren mil litros de agua para producir un litro de leche, la región es una cuenca lechera. Los campesinos se han dedicado a sembrar forrajes. De acuerdo con Pedro Magaña, antiguo dirigente de la UNORCA, de 90 mil hectáreas de riego que hay en la zona están apenas en uso 12 mil. Ahora, en lugar de tierra, se acapara y se venden las cuotas de agua. Quienes tienen derechos venden y rentan sus deciles de líquido. Los socios más fuertes la acaparan. Los costos para extraerla y el incremento en las tarifas de la energía eléctrica han exacerbado aún más los ánimos.

Mandarnos... pero a la fregada

En Durango se habla con insistencia de las elecciones, pero las que se realizarán en 2004 para cambiar gobernador. A dos años de distancia ya se han destapado varios candidatos. El campo no ha permanecido ajeno a esos rejuegos políticos.

Allí llueve sobre mojado. Los conflictos entre el gobierno federal y el estatal se han sentido fuerte. Prueba de ello fue la destitución, hace tres meses, del último delegado de Sagarpa, Jaime Sotomayor. Según Gustavo Pedro "lo quitaron porque no hizo una defensa adecuada del gobierno federal, cuando el secretario de Desarrollo Rural encaró al Presidente en su última visita, por el asunto de los recursos de Alianza para el Campo". La Federación, asegura, "quiere tener un control más directo de los programas y evitar que el gobierno del estado los maneje de acuerdo con su interés."

Este control y las nuevas reglas de operación han complicado enormemente la posibilidad de que las organizaciones campesinas tengan financiamiento para el desarrollo. Los dineros no fluyen. De 150 proyectos presentados al Programa de la Mujer de la Secretaría de la Reforma Agraria se han liberado cinco. Según el mismo Pedro Cortés "la Federación, con base en un estudio estrictamente estadístico, definió que 70 por ciento de los recursos de la Alianza para el Campo se ejerza en seis municipios. Pero quienes viven allí son tan pobres como los campesinos pobres del resto del estado. Hoy nos enfrentamos a que el recurso pueda regresarse a la Federación, porque a estas alturas del año no se ha ejercitado".

Por ello, Francisco García, dirigente de la Asociación Ganadera Nuevo Ideal, asegura: "Tenemos apoyo del gobierno que jamás lo hemos visto llegar. Es que los grandes dirigentes los usan para la política, para mandarnos... pero a la fregada..."