La Procuraduría de Justicia Militar anularía acciones de la fiscalía especial: CNDH

Duplicidad en pesquisas de la guerra sucia

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuestionó que la investigación y juicio que se sigue a militares por detenciones ilegales, crímenes y desaparecidos en la denominada guerra sucia, la realice por la Procuraduría de Justicia Militar y no la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (FEMPSP).

Para el segundo visitador general de la CNDH, Raúl Plascencia -quien tuvo a su cargo la investigación-, la pesquisa sobre crímenes del pasado "debe llevarla la fiscalía especial y no la Procuraduría de Justicia Militar, pues si ésta es la que juzga a los generales acusados, la fiscalía no podría volverlos a juzgar.

"La FEMPSP fue creada por decreto presidencial para investigar los hechos del pasado y, por tanto, la responsabilidad de investigar los crímenes y desapariciones forzadas de la guerra sucia corresponde al fiscal especial", comenta.

Explica que existe una "duplicidad" de funciones, pues actualmente se tienen dos instancias investigando el caso por separado, y parece que es la Procuraduría de Justicia Militar la que va adelante. Los procesos se realizarían en paralelo y podría ocurrir que tras la sanción de la instancia militar, el proceso que lleva a cabo la fiscalía especial no tenga sentido.

El riesgo es que se fraccione la investigación y la conclusión no sea acorde con el conjunto de informes que se tienen, advierte el funcionario.

-ƑHay un problema de competencias?

-Sí, así parece, y en este caso, cuando existe un problema de competencia porque existen dos instancias que la reclaman, es un juez federal quien puede dictaminar a quién compete resolver el caso.

-ƑCómo podría corregirse esa duplicidad?

-A estas alturas ya no podría ser por decisión presidencial; se tiene que promover una declaratoria de incompetencia. Ese es el trámite.

Dudas sobre la investigación

Para la CNDH existen serias dudas sobre la información relacionada con las 143 personas "que habrían sido asesinadas por los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo."

"De ser cierto que existe" la información que al parecer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición de la Procuraduría de Justicia Militar para enjuiciar a ambos generales, "no fue proporcionada a la CNDH", señala el funcionario.

"Hay que ser cuidadosos con ese tipo de información, pues detectamos informes falsos, que hubo necesidad de analizar con cuidado para saber su autenticidad."

El decreto del 27 de noviembre de 2001, expedido por el presidente Vicente Fox para dar cumplimiento a la Recomendación 26/2001 (sobre desaparecidos) y que crea la fiscalía especial, señala que "las dependencias del poder público deberán entregar a la PGR la documentación y fuente relevante que tengan en sus archivos para el esclarecimiento de los sucesos".

Algunas de esas fuentes relevantes son los archivos de las extintas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales; los que se conserven de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, conocida como "servicio secreto", y adscrita a la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, así como aquellos que tenga la Sedena.

En su artículo 3 se establece que "se instruye al secretario de la Defensa Nacional para que en el ámbito de sus atribuciones, solicite al procurador general de Justicia Militar, sin perjuicio de su facultad persecutoria de probables delitos de su competencia, que proporcione a la PGR la información que ésta le requiera en el ejercicio de las funciones del artículo 1Ɔ que crea la fiscalía especial.

El mismo acuerdo resalta que "las demandas de esclarecimiento de hechos y de justicia para los presuntos desaparecidos por motivos políticos, exigen una respuesta contundente y clara de la autoridad para dar a conocer la verdad, sanar viejas heridas y establecer nuevos pactos; todo a partir de una reconciliación que respete la memoria y abone a la justicia".

Subraya también que "cualquier conducta que hubiese atentado contra los derechos humanos debe someterse, no sólo a una investigación para conocer la realidad de los acontecimientos, sino al escrutinio por parte de la justicia, que es una de las funciones primordiales del Estado y de sus instituciones".

Plascencia insistió que en el juicio que la Sedena sigue a los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo prevalece una situación que debe ser revisada por la propia fiscalía especial.