Los consejeros del IFE deben garantizar imparcialidad
Plantea el PRI renovar la Comisión de Fiscalización
Pide se abstengan de votar dictamen sobre el Pemexgate
ENRIQUE MENDEZ
El PRI solicitó ayer que los consejeros de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes en febrero pasado presentaron una demanda penal por el presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al tricolor, se excusen de continuar la investigación y de votar cuando se presente el dictamen del caso en el Consejo General.
Para el PRI, los consejeros de esa comisión "hicieron suyos los hechos de la queja" que en enero de este año interpuso el representante del PRD ante el IFE, Pablo Gómez Alvarez, cuando decidieron presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y, por tanto, "prejuzgaron los hechos y ya decidieron" que hay una responsabilidad del partido en el supuesto financiamiento irregular a las actividades proselitistas de Francisco Labastida Ochoa.
Los representantes del PRI ante el IFE aseguraron que no pretenden que se frene la investigación, sino que los consejeros que el 25 de febrero acordaron presentar la denuncia sean sustituidos por otros que garanticen "imparcialidad" en las pesquisas del instituto.
Asimismo, el PRI exigió que la Comisión de Fiscalización le entregue copia certificada del acta de la sesión de ese día, para determinar quiénes son los consejeros que aprobaron iniciar la querella ante la PGR.
Fuentes del tricolor revelaron que los consejeros que acudieron a dicha reunión y decidieron presentar la denuncia fueron Alonso Lujambio, presidente de la comisión, Mauricio Merino y Jaime Cárdenas. El partido verificó" que, aun cuando forma parte de la comisión, José Barragán no asistió al encuentro de esa tarde en el IFE, por lo que sólo los tres primeros "estarían impedidos" de continuar la investigación.
Además, los priístas saben que de los otros dos miembros de la comisión, Jacqueline Peschard y Gastón Luken, uno no votó a favor de la demanda penal, aunque para ellos en el caso de este último no habría conflicto de interés, porque él no firmó el emplazamiento del viernes pasado para que el tricolor presentara sus alegatos.
La intención de los priístas es que la Comisión de Fiscalización se vuelva a integrar al menos con los consejeros Jesús Cantú, Virgilio Cantú, José Barragán y Gastón Luken.
Uno de los principales alegatos del PRI es que los miembros de esa comisión no evaluaron que su decisión derivaría en "una serie de efectos jurídicos", como el inicio de la averiguación previa 055/FEPADE/2002, a partir de la denuncia que presentó el representante jurídico del IFE, Juan Carlos Ruiz Espíndola, el 5 de marzo, y la solicitud de desafuero contra los dirigentes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, ambos legisladores priístas.
El PRI dijo que en el emplazamiento del viernes pasado, los consejeros omitieron mencionar el acuerdo de febrero, y que la comisión le demandó "reservar" la información que contienen los 70 tomos que se entregaron a los representantes priístas.
El coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional priísta, Miguel Angel Yunes Linares, dijo que el partido "no acatará" esa recomendación, porque no tiene sustento, y anticipó que continuará ofreciendo datos de la investigación, siempre y cuando no se viole la ley.
Por ejemplo, reveló que a los ex funcionarios priístas que arrestó en diciembre de 2001 la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, no se les puede considerar testigos protegidos, porque no hay un acuerdo de la PGR para otorgarles esa calidad. Además, dijo, las autoridades argumentaron que "se les detuvo en flagrancia, pero los hechos que pretenden imputarles ocurrieron entre mayo y junio de 2000.
Junto con Yunes, presentaron los documentos y la solicitud, el representante suplente del PRI ante el IFE, Rafael Ortiz Ruiz, y el director de lo Contencioso Electoral, Iván Jaimes Archundia.
