Luis Linares Zapata

La batalla final

Con la unificación de sus fuerzas
el Consejo de Coordinación Empresarial (CEE) ha decidido
exigir al Congreso de la Unión la aprobación de la reforma eléctrica. Empieza así lo que será sin duda la batalla final por el crucial sector de la economía. De un lado estarán todos aquellos que ya no ocultan sus intenciones de apoderarse del que bien puede ser catalogado como el sector industrial más grande del planeta al que pueden entrar si éste, voluntariamente, se abre a su participación. Del otro, un heterogéneo conglomerado de grupos, personas, corrientes de actitudes, de ideas y posturas, concretadas en cada vez más amplios sectores sociales que intentan resistir los embates para que el Estado capitule de sus propósitos originales, de sus logros empresariales y no retenga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ahora se concibe y opera tal empresa: bajo estricto dominio de mexicanos.

El CCE es un membrete cupular que extiende sus brazos ideológicos y de intereses entre un conjunto de grandes organizaciones privadas. No tiene en forma alguna la total representación de los empresarios, muchos ajenos a sus dictados y hasta opuestos a sus maneras de accionar y de enfocar la vida, trátese de la individual, la común o la estrictamente productiva. Esos dirigentes privados responden a una instancia superior: el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). Ahí se concentra, en las manos y cabezas de un puñado de personajes por demás conocidos, el poder efectivo sobre los conglomerados, los grupos de empresas o los llamados corporativos de mayor tamaño del país. Todos estos dueños, sus representantes y gerentes responderán, con vastos recursos de respaldo, al llamado, que en verdad es una exigencia, para que se les dé cabida en el enorme negocio que mueve al país.

Pero algo falta en la ecuación bipolar descrita. A uno de los bandos, el de los negociantes, lo apoyan además y con todo lo que tienen aquellos que en la cuenta final harán la América, las trasnacionales de la energía. Estas poderosas empresas y sus aliados laterales, que se encuentran por racimos en el Banco Mundial, el FMI, corredurías financieras, calificadoras y centros de estudio del extranjero, acudirán al llamado para incrementar la presión sobre senadores, partidos, medios de comunicación, analistas y diputados nacionales. Nada quedará intocado o al azar. Hay que entender, sin embargo, un aspecto central de la lucha ya desatada, que no es ocioso repetir. Los nativos, si bien les va, serán socios menores si no es que simples surrogados de los extranjeros. A lo que pueden aspirar los locales es poca cosa. Unos cuantos contratos de proveeduría menor, comisiones por trámites engorrosos, uso de nombres y tramitología de ventas, posiblemente, caerán en sus extendidas manos. Las aportaciones tecnológicas, movilización de capitales, utilidades mayores y de servicios de calidad irán a las centrales metropolitanas. En muy pocos, contados casos, las trasnacionales se asociarán en igualdad de condiciones con mexicanos, a no ser para proveer, en exclusiva, energía para las grandes empresas propiedad de los patrones del CMHN.

Para ganar esta batalla ya no es necesaria la subasta inmediata de la CFE; se contentan con iniciar lo que se llama el mercado de la energía. O también con agrandar y dar sustento legal pleno a la incursión de los llamados cogeneradores. A lo mejor se conformarían, por ahora, con alguna aportación adicional. Pero lucharán hasta la última gota de sangre (la de sus aliados nativos) por acompañar, con algún plus de ribete, el pie que ya tienen dentro desde los aciagos tiempos de Salinas y la ley del 92.

Un primer escalón ya lo han recorrido los proponentes de la plena o mediana (por lo mientras) entrega. Abrieron brecha entre los legisladores de los dos partidos mayores que forman la coalición que los ha enfrentado hasta hoy. Se oyen, con insistencia, rumores de acuerdos previos, de avances, de propuestas que coinciden con los intereses de los agentes privados, nacionales o externos.

Los senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales han triunfado en varios encuentros sostenidos con sus correligionarios de fracción, pero la disidencia priísta crece y se envalentona con el músculo mostrado por los agentes contrarios. Lo mismo puede decirse de los perredistas que sostienen posturas similares. De éstos ciertos voceros adelantan la idea de introducir cambios si se les demuestra que el gobierno no tiene recursos suficientes para invertir de acuerdo con los requerimientos de la fábrica nacional y, por lo tanto, aceptan la idea de que la colaboración de la iniciativa privada es indispensable.

Sostener que una rama industrial, un sector económico en expansión sana, no genere por sí mismo los recursos necesarios para financiar su crecimiento es en verdad un alegato torpe que, sin embargo, se sigue oyendo entre diputados, analistas, senadores y voceros gubernamentales. La suerte está echada y el veredicto lo veremos dentro de poco tiempo.