Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 19 de enero de 2003
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Política

Franca minoría los que apoyan la apertura: Bartlett

Acuerda el PRI refrendar su rechazo a la reforma energética

En reunión del Consejo Político cambian la plataforma electoral en el tema y deciden impulsar a CFE y LFC

ANDREA BECERRIL

En un debate interno que lleva ya dos años, durante la pasada sesión del Consejo Político del PRI la mayoría de los integrantes de ese partido reiteró su rechazo a la privatización del sector eléctrico, lo que allana el camino para avanzar en las iniciativas de ley encaminadas a fortalecer y modernizar a las empresas públicas de la electricidad, resaltó el senador Manuel Bartlett Díaz.

De hecho, en esa reunión se aprobó un documento que retoma las propuestas de la reforma eléctrica, conocida como Ley Bartlett, que está en comisiones en el Senado de la República.

Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de ese recinto legislativo, el legislador priísta resaltó la importancia de la decisión que se tomó en la sesión del Consejo Político del PRI, el lunes pasado, y en la que, luego de un gran debate, "se acordó por unanimidad refrendar el rechazo a la reforma constitucional en materia de energéticos e impulsar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), para que el Estado continúe con el servicio público de energía, en vez de entregarlo a corporaciones extranjeras que sólo buscan incrementar las tarifas".

-ƑEsto pondrá fin al intento de algunos priístas de impulsar la apertura eléctrica?

-A escala nacional, el PRI está decidido a defender la soberanía en materia energética, pero no podemos olvidar que el partido es un frente amplio, y algunos que están en favor de privatizar van a seguir insistiendo. Zedillo, no lo olvidemos, mandó al Congreso una iniciativa privatizadora que rechazamos tres partidos. Hay quien está en esa línea, pero son francamente minoría. Lo hemos visto en estas discusiones de dos años, donde ha habido planteamientos de abrir la electricidad a la inversión privada, que es mayoritariamente extranjera.

En la reunión del Consejo Político se hicieron cambios sustanciales a la plataforma electoral de los candidatos a diputados federales del PRI, precisamente en torno al tema energético. Un documento inicial, elaborado por integrantes de la Fundación Colosio, proponía una postura muy similar a la que ha venido defendiendo el presidente Fox, sin una definición clara en contra de la privatización.

Al final, hasta el título del capítulo cambió. De Energía competitiva pasó a Energía al servicio del desarrollo nacional, en el documento que finalmente aprobaron los priístas, donde ratifican el "pronunciamiento histórico relativo a la definición constitucional de que la propiedad y el dominio directo de los recursos naturales y del subsuelo del país corresponden originaria, inalienable e imprescriptiblemente a la nación".

Se especifica de manera puntual el rechazo al otorgamiento de contratos o concesiones prohibidos por la Constitución en el caso de petróleo, gas natural y demás carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, así como minerales radiactivos.

En otro párrafo se advierte que "el Ejecutivo federal ha recurrido a todo tipo de maniobras y falsedades para entregar la electricidad a intereses extranjeros, manipulando el concepto de servicio público, por lo que es indispensable pronunciarnos contra la iniciativa de reformas constitucionales presentada por el Presidente de la República".

Asimismo, los priístas se comprometen a defender lo establecido en los artículos 27 y 28 constitucionales, a construir una política energética de Estado, de largo plazo, a mantener el abasto de electricidad organizado como servicio público y operado en forma exclusiva por el Estado mediante CFE y LFC.

Se retoman los puntos centrales de la reforma eléctrica conocida como Ley Bartlett, ya que los priístas se comprometen a impulsar la restructuración interna de Pemex, CFE y LFC y a dotarlos de un nuevo marco legal que los transforme en organismos públicos descentralizados.

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