Juan Saldaña

Un inicio

Ponderan algunos comentaristas políticos, y muy especialmente los personeros del equipo gerencial del gobierno, el arribo de México, finalmente, a un estadio en que la democracia electoral inicia el "gran cambio" político y social en el país. Debemos los mexicanos, según esto, felicitarnos por haber depuesto (democracia de por medio) a un régimen que gran daño hizo a la nación al aprovechar, por décadas, su poder omnímodo y corrupto.

En síntesis, asistimos los mexicanos al tibio amanecer después de una larga noche de "dictadura partidista". Sin embargo, algunas mentes lúcidas expresan sus dudas. Se preguntan si el tornaviaje de la democracia mexicana está rindiendo los frutos de-seados o si, en cambio, retrasa aún más que ayer el tan ansiado avance de la patria. El desarrollo nacional. La esperada solución a las endemias que deterioran, de manera creciente, el transcurso de este pueblo mayoritariamente expoliado y deprimido.

Están presentes, claras, las versiones oficiales. Pero el descabellado optimismo no puede ocultar la miseria y el abandono de esa mayoría de mexicanos que viven todavía la desesperada lucha por el pan, por la seguridad y por la mera subsistencia.

En estos escenarios, como para adobar con querellas insolentes la cruda realidad, están los capitostes de la empresa, los señores que se sirven a su antojo con los bienes y servicios que no les pertenecen. Son la superclase de empresarios que han manejado con provecho, a su personal e interesado arbitrio, los bienes nacionales que, en mal momento para México, les fueron confiados.

Que "corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas". Que "dicho dominio es inalienable e imprescriptible", expresa el primer mandato de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente.

Y más adelante (artículo cuarto) expresa: "... la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social".

Y la terca invocación de este escribiente remata su incursión en esta ley con la transcripción para su escaso público lector de un texto final que constituye el comienzo del quinto artículo del mismo ordenamiento: "... la radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración social y al mejoramiento de las formas de convivencia humana". El propio fragmento de la ley desglosa después sus intenciones: "... afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana... contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana".

La tozuda transcripción que antecede recalca la indignación que han provocado los hechos de todos conocidos. El gangsteril asalto apadrinado por la llamada Televisión Azteca al centro transmisor de Canal 40 en el cerro del Chiquihuite, al norte de la capital. La torva acción de la "justicia en propia mano". La invitación implícita a la anarquía. La insolencia del poderoso mercader apadrinada de manera tácita por una autoridad ausente o por su tardía e insegura presencia en el conflicto. La ausencia de decisiones firmes de gobierno. Tibias y torpes amenazas. La nación desvalida e impotente. El caos que un gobierno autoriza por ausencia.

Para los actores del drama mercachifle existe una batería completa de argumentos. ƑMe debes o te debo? La feria de millones, y además, de dólares. Parece un intercambio entre gatilleros del sur de Texas. Si no me pagas, te mato. Mi pistola es más rápida.

Del otro lado están las supuestas víctimas del desafuero gangsteril. ƑCómo van a pagar sus desaciertos? Entre trasuntos negociados, su conducta presupone el olvido interesado de sus reales posibilidades. El difusor agraviado puede alegar sobre sus propiedades. Las constituidas legalmente. Los terrenos y los equipos. Las torres y las antenas. Lo que antoje materiales para sus capacidades de negocio. Pero, Ƒdónde se quedan los espacios que son de la nación? Los ámbitos en que sólo manda México. El país. Nuestro pueblo. La nación en suma. La nación es sólo ella y sus espacios. Y, Ƒdónde se queda el pueblo receptor?

No hay excusa. Aparentes víctimas y cuatreros deben someterse al imperturbable imperio de la ley. Su vigilante, el gobierno, debe recomponer el desafuero y someter sin apelación a los actores. Si ya abdicamos del añorado impuesto de 12.5 que constituyó por años único y endeble pie de negociación con los poderosos capitales de la comunicación de masas, ahora, por lo menos, no liquidemos nuestra ley. Retornemos al orden la torva descomposición de las codicias.

Parece que se ha iniciado el procedimiento. Sancionar a los responsables materiales del desafuero no es suficiente, pero constituye un inicio.