Debe saludarse el llamado de atención a los gobiernos de México y Estados Unidos que formularon ayer obispos católicos de ambos países para intensificar las negociaciones para establecer mecanismos que protejan a quienes forman parte de los flujos migratorios entre ambos países.

En el documento, que fue entregado al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, por el presidente y el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes y Abelardo Alvarado, respectivamente, se señala también que los poderes legislativos de México y de la nación vecina deben involucrarse en la revisión de las leyes migratorias vigentes y en el establecimiento de un sistema binacional que legalice los flujos migratorios existentes, y garantice la dignidad y los derechos humanos de los trabajadores que se trasladan de un país a otro. Se destaca, asimismo, la necesidad de despenalizar los cruces fronterizos, reforzar las acciones contra el tráfico de indocumentados y perseguir de manera eficaz las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes de terceras naciones que usan el territorio mexicano como ruta de tránsito hacia Estados Unidos.

Los señalamientos de los religiosos católicos resultan particularmente oportunos en la circunstancia actual, cuando el gobierno de George W. Bush, obsesionado y fascinado con su guerra contra los fantasmas del "terrorismo internacional", ha borrado de su agenda de política exterior el tema de la migración, cuando la que va de México a Estados Unidos se intensificará, debido a la catástrofe que provocará en nuestro campo la reciente entrada en vigor del capítulo agrario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cuando empieza a funcionar -hoy- en el vecino país, el Departamento de Seguridad Interna, que coordinará el accionar del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN, la tristemente célebre migra), la Guardia Costera y el Servicio Secreto, entre otras dependencias a las que se ha encargado "combatir el terrorismo" en el frente interno.

Las circunstancias referidas hacen prever que los ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades que se internan en territorio estadunidense en busca de trabajo habrán de enfrentar un recrudecimiento de la persecución en su contra, de los abusos policiales y laborales de que son víctimas, de la discriminación y la sospecha social.

Finalmente, el documento de los obispos ofrece al gobierno de México una oportunidad para ir más allá de sus quejas habituales y exigir la reposición de las negociaciones sobre migración en los encuentros oficiales bilaterales. Ojalá que la aproveche.