La perredista Petra Santos exige a la mesa directiva fijar fecha para sesión secreta

Insisten 200 diputados en cobrar bono de marcha por un millón 250 mil pesos

En diciembre amagaron con no votar el Presupuesto de Egresos, que finalmente se aprobó

Si no tuviéramos intereses económicos renunciaríamos, expresó entonces la legisladora

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Dos meses después de amenazar con tomar la tribuna y boicotear la aprobación del Presupuesto de Egresos 2003, un grupo de "más de 200 diputados" demandó nuevamente el pasado 10 de febrero una sesión secreta para tratar los mismos temas de entonces: la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Diputados y un bono de marcha por un millón 250 mil pesos para cada uno de los 500 legisladores.

En una carta dirigida al presidente de la mesa directiva, el perredista Eric Villanueva Mukul, su compañera de bancada, Petra Santos Ortiz, en nombre de dos centenares de diputados le exigió de la manera más atenta fijar "un día y hora para esta reunión, y dar salida de esta manera a la inconformidad que priva en más de la mitad de los diputados de la actual Legislatura".

Un párrafo antes, Santos Ortiz hace referencia a la misma demanda, formulada el 3 de diciembre de 2002, en la que 200 diputados pidieron a la entonces presidenta de la Mesa Directiva -la priísta Beatriz Paredes Rangel- una reunión secreta "para discutir un conjunto de problemas que nos afecta y que cuestionan severamente las actividades de la actual Legislatura".

Para el 15 de diciembre el enojo de los diputados era tal que hubo necesidad de abrir un receso en la sesión, ante la amenaza de un grupo de legisladores de no votar el Presupuesto de Egresos. En las oficinas de la Junta de Coordinación Política los inconformes reivindicaron sus intereses políticos y económicos. Informaron que el mandato de la comisión que encabezaban era exigirles a los coordinadores un millón 250 mil pesos para cada diputado,"aunque nos salgan con que los pobres, con que la Patria, que México, que esto y lo otro", pues la demanda "no era negociable".

A gritos, los integrantes del grupo que representa a los diputados "en la lucha por el bono" se arrebataban la palabra esa tarde del 15 de diciembre. Le recordaron a sus coordinadores que tenían ese cargo "por el voto de todos", y sin empacho les soltaron: "no es cierto que seamos tan puros ni de manos tan limpias, nadie de los que estamos aquí puede aventar la primera piedra".

La franqueza con la que se habló esa tarde no era casual. Los diputados habían hecho el compromiso de no hablar con la prensa, incluso les informaron a los coordinadores que ya se habían puesto de acuerdo "para saber qué decirle a los medios" en caso de que la presión "fuera muy fuerte", y lo cumplieron. En una conferencia de prensa, llegaron a mentir sobre sus propósitos, y cuando se les interrogó sobre la exigencia de un bono, lo negaron sin rubor.

La demanda de transparentar el manejo del dinero de la cámara no es nueva; tiene su origen en el manejo discrecional de los recursos que, acusan, se da en algunas de las bancadas, así como los salarios que perciben los funcionarios en San Lázaro, muchos de ellos superiores hasta en cuatro veces al de un diputado. Cada vez que los legisladores han pedido información sobre el manejo de los recursos, las puertas se cierran y nada trasciende. Incluso la auditoría que los propios coordinadores de bancadas ordenaron en diciembre a toda la Legislatura, no ha podido iniciar.

Transparencia y silencio

Ese 15 de diciembre, mientras el salón de plenos estaba vacío por el receso que impusieron las presiones de los diputados para obtener transparencia y bono de marcha, más de 300 legisladores se encontraban en uno de los auditorios de San Lázaro. Se trataba de una más de las reuniones que con el mayor sigilo habían llevado a cabo para evitar que sus demandas trascendieran a la prensa. Desde ahí salió, luego de un debate de hora y media, la comisión para encontrarse con los coordinadores y plantear la demanda puntual.

Ya en las oficinas de la Junta de Coordinación Política, los representantes, en una primera y cordial intervención, hicieron el planteamiento: aclarar el ejercicio de los recursos en la cámara y dotar a esta instancia de los recursos presupuestales necesarios "para que pueda cumplir con su cometido", en el que se incluye el bono de marcha por un millón 250 mil pesos.

Comedida, pero firme, la priísta Patricia Aguilar informó a la Junta de Coordinación Política que la demanda del bono y de la transparencia en los recursos era producto de al menos 13 reuniones entre los diputados; 12 de ellas tuvieron lugar el 14 de diciembre. Mencionó que en diversas ocasiones se exigió al personal administrativo de la cámara un informe sobre las finanzas, pero éstos se negaron argumentando que la decisión de abrir esos archivos correspondía a los coordinadores.

"Hemos cuidado al máximo, y esto tiene que quedar muy claro, cualquier filtración a la prensa, por los diputados que hemos estado en esto. De ninguna manera ha salido ni una palabra a los medios. Incluso nos pusimos de acuerdo para, en momento dado que la presión de la prensa fuera muy fuerte, saber que íbamos a decir (...) podemos decir que lo único que estamos haciendo es pedir transparencia", enfatizó la priísta, antes de advertir que debían darles una respuesta de inmediato, "para informar a los más de 300 diputados" que aguardaban en el auditorio.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, el panista Bernardo Borbón Vilches, siguió haciendo uso de la palabra, y de entrada reconoció la "inquietud" que por la transparencia y el bono había surgido entre sus compañeros de bancada, pero se apresuró a deslindar a su partido de la amenaza de boicotear la sesión: "nos desligamos del entorpecimiento de la sesión", dijo.

-Yo tengo una pregunta (intervino entonces el presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Martí Batres), ¿por qué plantean ampliar el presupuesto de la cámara?, inquirió dirigiéndose a los diputados que ostentaban la representación de los inconformes.

Hubo consenso multipartidista

En medio de las muchas voces que se escucharon una insistió en que la Junta de Coordinación Política tendría que hacer una definición interna para asegurar a los 500 diputados el millón 250 mil pesos, "que fue el acuerdo tomado en el seno de este grupo plural, y cuando digo todos los diputados, hablo de Acción Nacional, del PRD, el PRI, el Verde, el PT, el PAS y la Sociedad Nacionalista".

-Preguntaría a los coordinadores si quieren que comentemos algo con los compañeros o si prefieren que podamos deliberar nosotros sobre estos planteamientos, interrogó Batres Guadarrama, para tratar de encauzar una discusión ya con tintes de violencia.

-Yo considero que venir con ustedes no era para que nos escucharan y luego a ver qué pasaba, interrumpió la perredista Petra Santos Ortiz, para decir entonces que ninguno de los coordinadores era ajeno a las inquietudes, además de que en un informe de la cámara del mes de octubre de 2002 se informaba de un "remanente muy fuerte", y para diciembre "de un déficit de 12.5 millones de pesos (...) eso nos parece muy fuera de la realidad", reclamó, mientras otras voces demandaban la sesión secreta para discutir este y otros temas administrativos.

Cuando el entonces coordinador del PAN, Felipe Calderón, iniciaba su intervención señalando su apoyo a la demanda de transparencia pero su rechazo al bono, los ánimos se desbordaron y nuevamente Petra Santos intervino para exigir hora y fecha para la sesión secreta, e insistir que no es motivo de "vergüenza" pedir transparencia y bono.

No importa ni la Patria ni el qué dirán

"De los compañeros que representamos hay un acuerdo de que sea de un millón 250 mil pesos. Nos van a salir con que la Patria, que México, que los pobres, que esto, que lo otro. Ya lo discutimos todo, ya hemos tenido muchas reuniones con los grupos que han estado participando y nos dijeron que esto no era negociación ni nosotros veníamos con facultad para negociar. ¡No importa que me critiquen de que soy rapiña, que soy esto, que soy lo otro, todos tenemos intereses políticos, y si no tuviéramos intereses económicos, también renunciaríamos a nuestros puestos, esa es la realidad!", dijo la perredista.

El petista Víctor Antonio García Dávila intervino entonces para enfatizar que la Legislatura 58 ha sido una de las más productivas, y que como cualquier otro funcionario merece "una salida digna. ¡Quiero que sepa la junta que los compañeros han planteado que si no hay respuesta a una hora determinada no se va a votar el presupuesto!", amenazó nuevamente.

Francisco Agundis Arias, del PVEM, respondió casi a botepronto que los de su partido no condicionarían la aprobación del presupuesto, y apelaron a la responsabilidad legislativa, pero Norma Patricia Riojas Santana, del PSN, reviró y dijo que los diputados "estamos pidiendo algo
justo; todo mundo necesita el reconocimiento, también económico".

Las intervenciones siguieron por más de media hora. Los inconformes exigieron en tono cada vez más amenazante un "reconocimiento al esfuerzo desarrollado", y los coordinadores de PAN, PRD y PVEM (Bernardo de la Garza), respondían una y otra vez que la exigencia de recursos adicionales era "indignante". En varias ocasiones el coordinador del PRI, Rafael Rodríguez Barrera intentó, como el resto de los coordinadores, salvar la sesión y aprobar el presupuesto.

Dijo incluso que para el asunto del bono podría haber respuesta, "quizá no en el monto que quieren", y pidió tiempo para discutirlo, pero los ánimos se calentaron aún más, y a gritos los inconformes seguían demandando su bono. Casi 45 minutos después de haberse iniciado esta reunión, el perredista Martí Batres reiteró su disposición, como el resto de los coordinadores, a realizar la sesión secreta, "pero en el salón de plenos, como ordena el reglamento", y no fuera de la cámara, como pretendían los firmantes, además de que insistieron en reprobar el bono.

"Sobre este asunto de la sesión, compañeros, yo terminando esta reunión me bajaré a la sesión, y supongo que todos los compañeros irán a cumplir con su obligación de ir a la sesión, y se los digo con toda sinceridad: quien no lo haga será de su estricta responsabilidad, cada quien responde por sus propios actos. Así que si alguien no va y argumenta que no va porque no se han aprobado los planteamientos que han hecho en este momento, pues así lo tendrá que decir y punto", dijo el perredista.

Al final el Presupuesto de Egresos 2003 se aprobó en la madrugada del 16 de diciembre. Nadie faltó a la sesión, pero dos meses después los diputados vuelven por sus fueros y amenazan nuevamente con exigir el bono de marcha.