Gabriel Reyes Orona

El secreto bancario debe abrirse en caso de conflicto

ISRAEL RODRIGUEZ

El ex procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, aseguró que durante la administración zedillista no mejoró la transparencia en la legislación financiera, y además se fomentó y propició una regulación que inhibe la denuncia del delito en materia financiera y dificulta la persecución de los ilícitos de cuello blanco y lavado de dinero.

Reyes Orona, quien se desempeñó como procurador fiscal durante el primer año de gobierno del presidente Vicente Fox, al referirse a la lentitud con la que la Procuraduría General de la República (PGR) ha realizado las investigaciones en torno al financiamiento presuntamente ilegal por parte de los Amigos de Fox en la campaña presidencial de 2000, en especial sobre las aportaciones recolectadas por Lino Korrodi y Carlota Robinson, señaló que el secreto bancario debe abrirse en caso de existir conflicto de derechos y debe prevalecer el interés público por encima de los derechos meramente privados.

Indicó, además, que "sin perjuicio de las responsabilidades que se pudieran imputar a diversos servidores públicos, los indicios y evidencias deben quedar de inmediato en poder de las instancias electorales (Tribunal Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral), las cuales deben conducir los procesos que permitan evaluar y ponderar la limpieza de las elecciones federales y prevenir la comisión de conductas ilícitas en los próximos comicios a realizarse".

Entrevistado por La Jornada, el ahora presidente del Instituto Mexicano de Estudios Legislativos afirmó que ''posiblemente, dado que los representantes y legisladores del Partido Acción Nacional han sido los principales defensores del denominado secreto bancario, es que no han apoyado acciones que agilicen el conocimiento de los datos por parte de las instancias que se ocupan de evaluar la limpieza, transparencia y apego a la legalidad de aportaciones empleadas en campañas electorales, independientemente de cuándo y dónde hayan sido recaudadas o recolectadas''.

Deficiencias en las normas

Sobre el posible financiamiento recibido del exterior para apoyar la campaña presidencial de 2000, consideró que tratándose de normas que preservan la correcta aplicación de recursos públicos o bien, respecto a entidades de derecho social como el Instituto Federal Electoral, ''no existe cortapisa ni posibilidad de ocultar o evadir información a las autoridades, más aún si existen averiguaciones previas cursadas por el Ministerio Público Federal''.

Las deficiencias en el ordenamiento normativo, precisó, ''ocasionan que no se hayan tomado precauciones para indagar sobre posibles intereses involucrados en la toma de decisiones públicas o de la gestión administrativa en cuanto a los aportantes de las distintas campañas, resultando de mayor trascendencia desde luego aquellas que se vinculan al grupo que alcanza el poder''.

Gabriel Reyes dijo que el secreto bancario ha sido interpretado por algunos como mecanismo para evadir y eludir las responsabilidades electorales.