Nora Patricia Jara
Lo público en beneficio de pocos
El Centro Histórico de la ciudad de México se ha transformado en un espacio de convivencia política civilizada y plural. Así lo destaca tanto el gobierno federal como el local; sin embargo, en esta zona la práctica democrática que tanto ponderan nuestros gobernantes es aún para unos pocos privilegiados y los más tienen que conformarse con el hacinamiento y la pobreza que se refleja en sus calles y alrededores.
Hasta la fecha, la inversión pública federal asciende a 86 millones de pesos, destinados a la recuperación del llamado dinamismo económico y de su esplendor arquitectónico; para este último se han invertido 162 millones de pesos en la restauración de edificios considerados patrimonio histórico, como el Palacio Nacional, la Catedral, la Biblioteca de México, el Palacio de Correos o el corredor Zócalo-Alameda.
Desde la instalación del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, en agosto de 2001, el esfuerzo conjunto de gobernantes y empresarios se ha centrado en la captación de inversión y la eliminación de cargas impositivas para atraer capitales privados a un lugar que debiera ser un espacio público de excelencia por su tradición y significado cultural.
En este rubro las cosas no se dan con un criterio que incluya los espacios culturales como derecho social para todos los ciudadanos, sino como una excepción para los que más tienen. De ahí que en días pasados un grupo de artistas e intelectuales dirigieran una carta al je-
fe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que no se convierta en el principal obstáculo para una vida cultural digna en todos y cada uno de los barrios, colonias y pueblos de la capital.
En la misiva, el escultor Sebastián, Lilia Aragón, René Avilés Fabila y Jorge Esma, entre otros, señalan que "no es justificable desde ninguna perspectiva el recorte aplicado a los fondos públicos destinados a la cultura; tampoco lo es el veto que usted ha impuesto a la Ley de Fomento Cultural; mucho menos la sombra de la privatización que se cierne sobre diversos centros culturales; y no lo es, sobre todo, porque su gobierno ha emanado de la izquierda mexicana, la cual siempre ha mantenido una intensa relación con creadores de arte, intelectuales y promotores culturales".
Para los firmantes la cultura es un valor inalienable y universal que debe sustentar un proyecto de nación, y coinciden con muchas voces que desde su ámbito se alzan para alertar sobre la urgente necesidad de llevar la reflexión artística contemporánea a las masas, con el objetivo de acercar a los ciudadanos comunes a los espacios y centros culturales legítimos con políticas colectivas, incluyentes y tolerantes; apartadas del comercio y el consumo.
Es claro que nadie está en contra del rescate de nuestros espacios públicos, definidos como lugares para todos, donde se encuentran los ciudadanos para "estar juntos". Sin embargo, en los años recientes el gran reto de la sociología urbana es el de estudiar los cambios que se registran en las metrópolis como la nuestra, al desarrollarse sin restricción espacios jurídicos privados, como las galerías comerciales, culturales o centros, corredores y parques de diversiones con carácter privatizador, que sustituyen la noción de lo público en beneficio de los menos. Es una pena que sobre esto el Instituto de Cultura del Distrito Federal no diga ni haga nada.
