Detalles del informe 2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Envía la CNDH a la fiscalía especializada algunas denuncias de desapariciones
VICTOR BALLINAS
Entre los casos de personas desaparecidas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigó durante 2002 se encuentran el de un niño "presunto secuestrado", dos denuncias relativas a la guerra sucia, dos mexicanos indocumentados en Estados Unidos, cuyas familias "han perdido contacto con ellos", y el de cinco salvadoreños que viajaban hacia Estados Unidos y su embarcación naufragó en aguas mexicanas.
La organización recibió una decena de casos -registrados en diversos estados- denunciando la desaparición de personas a manos de grupos armados o de "encapuchados" que se ostentaron como policías judiciales.
El 18 de septiembre de 2001 la señora Rosario López Luna denunció ante la CNDH que su hijo menor, Marco Antonio Dionicio López, desapareció ese mismo día cuando se dirigía a la escuela primaria Emiliano Zapata, en la cabecera municipal de Huamantla, Tlaxcala.
Precisó que se enteró de la desaparición de su hijo mediante una llamada telefónica en la que le advirtieron: "Tengo a tu hijo secuestrado y quiero 400 mil pesos a las 7, y si no, lo mato". Desde entonces, dijo la madre en su queja, "no he sabido nada de mi hijo".
Explica la CNDH en su informe 2002, que emprendió diversas acciones tendientes a encontrar el paradero del menor, así como a determinar posibles violaciones de derechos humanos. Detalla que se pidieron informes a la Procuraduría General de la República (PGR), y a las de los estados de México, Distrito Federal y Tlaxcala, y durante la investigación "no se observó participación de alguna autoridad federal, local o servidor público, por lo que no se actualizó la competencia de este órgano, por lo que brindó orientación a la quejosa".
La señora Fausta Gantús presentó una queja el 3 de diciembre de 2001 sobre la desaparición de un familiar "N" Gantús, ocurrida en la década de los 70. De la investigación efectuada se concluyó que "no se acreditó la participación de alguna autoridad federal o local o servidor público en los hechos motivo de la queja, por lo que se concluyó que el asunto no era competencia de la CNDH. Se le brindó orientación para que presentara queja ante la PGR y el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas (Capea) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal".
El 3 de diciembre de 2001 la señora Griselda Eréndira Velázquez Souza presentó una queja, en la que refiere que su primo Horacio Arroyo Souza en 1972 era integrante del Movimiento Armado Revolucionario (MAR). En 1975 supo que el año anterior en Yahualica, Hidalgo, ocurrió un enfrentamiento en el que participó el Ejército Mexicano, que el agraviado "permaneció custodiando al grupo de mujeres" y que hasta la fecha ella desconoce el paradero de su familiar.
Velázquez refirió que el 29 de noviembre de 2001, durante la transmisión de un noticiario televisivo, fue mostrada la foto del desaparecido junto con las Ana Luz y Sara Mendoza Sosa, quienes formaban parte del grupo de mujeres que su primo "custodiaba" en Hidalgo.
La CNDH apunta en su informe que se orientó a la quejosa en este caso para que presentara denuncia ante la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
De igual forma, en el caso de la queja por desaparición de Rito Alemán Jasso, ocurrida el 19 de agosto de 1975 en Jalisco, en denuncia interpuesta ante la CNDH el 3 de diciembre de 2001 por su madre, Margarita Jasso Pajarito, se le orientó para acudir ante la fiscalía especializada en virtud de que los hechos pueden estar relacionados con las desapariciones de la guerra sucia.
La madre de Rito Alemán destacó ante el órgano defensor de los derechos humanos que su hijo salió de su domicilio, ubicado entonces en la calle de José Luis Mora número 1261 del sector Libertad de Guadalajara, Jalisco, rumbo a la casa de un amigo, y no regresó.
"Fui enterada de que mi hijo no fue el único desaparecido, se llevaron con él a tres personas más. Lo supe -dijo a la CNDH en la queja- porque la mamá de uno de los muchachos vio los hechos. Después supe que mi hijo estaba en la 15 zona militar, me pedían dinero para que me lo entregaran. Después supe que se los llevaron a Nayarit."
La queja por la desaparición de Adolfo Gudiño Radilla, Bruno Castro Gutiérrez, Marciano Guerrero Ramírez, Donato Pérez García, interpuesta por Rodrigo Benítez Barrera, destaca que en 1976, siendo agente de la policía preventiva en Acapulco, Guerrero, "fui detenido por el teniente Roberto Luviano. Me empezó a preguntar acerca de los gringos que mataron el 14 de mayo de 1976 en Playa Vicente.
"Cuando sentí la presión de la tortura que me estaban aplicando inventé una declaración contra mí y Adolfo. Ahí di un nombre de otro compañero inocente, y fueron por él. Se trata de Marciano Guerrrero. Afortunadamente la amante de Donato Pérez, Julia Ríos Carachuri, se presentó ante el Ministerio Público y denunció que Donato Pérez García y Pedro N fueron los que mataron a los gringos."
"Se orientó al quejoso para que presentara denuncia ante la fiscalía especializada por tratarse posiblemente del tema de las desapariciones forzadas de los 70 y 80."
El 12 de junio de 2001, la CNDH recibió una queja de la doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, en la que manifestó que el menor Marlon Emeterio Espinal salió de la República de El Salvador en marzo de 2001, junto con Marlon Stanley de Orellana Aguilar, Karen Gemina Mendoza de Orellana, José Francisco Domínguez, Hilmert Leonel Rivera, con destino a Estados Unidos, en calidad de indocumentados, después supo que la embarcación en la que viajaban naufragó en aguas de Chetumal, Quintana Roo.
Luego de solicitar informes a la PGR, a las secretarías de Marina, Defensa, Seguridad Pública, Gobierno de Quintana Roo y otros, la CNDH concluyó que no hubo participación de ninguna autoridad, por lo que no procedió su competencia; sin embargo, brindó orientación a la quejosa.
El 21 de noviembre del 2001 la señora Catalina Montes Cárdenas presentó ante la CNDH un escrito de queja en el cual señaló que el 30 de octubre de 2001 su hijo, Jesús Enrique de la Rosa Montes, de 21 años, fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, por elementos del Grupo Orión de la Procuraduría General de Justicia del estado, quienes posteriormente lo entregaron a la PGR, en la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Salud en Chihuahua, donde al presentarse la señora Montes a preguntar por su hijo negaron tenerlo ahí.
Sin embargo, la señora Montes Cárdenas aseveró a la CNDH: "Vi que de esas instalaciones, cuando llegué a preguntar por mi hijo, sacaron a varias personas con capuchas cubriéndoles la cara, y las subieron a vehículos con placas del Distrito Federal, por lo que supongo que entre ellos iba mi hijo".
La CNDH recibió el 27 de mayo de 2002 una queja presentada por la señora Delfina Hernández Dolores, quien manifestó que su hijo Augusto Lunas Hernández emigró en calidad de indocumentado a Estados Unidos en octubre de 1998, estableciéndose en Nueva Jersey, y que sabía que su hijo se encontraba en la cárcel, pero desconocía por qué.
Hernández dijo a la CNDH que acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, donde le indicaron que los informes que obtuvieron fueron de que su hijo salió libre el 5 de octubre de 2000. Sin embargo, la madre de Augusto acudió ante la CNDH porque no sabe nada de su hijo desde 98.
