Durante su comparecencia, cuestionan diputados impunidad e inseguridad

Mayor rudeza contra delitos no reduce la delincuencia: Bátiz

Quienes en el MP no quieran o no puedan sumarse a los cambios tendrán que irse, señala

ANGEL BOLAÑOS, RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Bernardo Bátiz, lanzó la advertencia al personal de las agencias del Ministerio Público que no acaten las nuevas disposiciones tendientes a reformar dicha instancia para mejorar el servicio a la ciudadanía: "quienes no puedan o no quieran sumarse a esta reforma tendrán que abandonar la institución".

Resumió así más de ocho acuerdos que ha emitido durante su gestión relacionados con los mecanismos de actuación de la representación social, que van desde el procedimiento para autorizar la interrupción del embarazo en caso de violación hasta la obligación de los responsables de agencia para que no permanezcan sentados en sus oficinas y acudan a la barandilla a orientar y agilizar la atención a los ciudadanos y supervisen personalmente los asuntos delicados.

Pero en la parte de preguntas y respuestas los principales cuestionamientos de los diputados fueron contra el desempeño del Ministerio Público, a los que el procurador respondió con el compromiso de que este año se consoliden muchos de los cambios que comenzaron a aplicarse; sin embargo, recordó que la institución viene arrastrando de mucho tiempo una mala organización.

La meta, puntualizó, es recobrar la confianza de la ciudadanía en la institución, reformarla hasta donde sea posible y terminar con los vicios, pues no descartó que persistan algunas prácticas de corrupción motivadas por los agentes del MP o por los mismos abogados que llegan a tratar de arreglar sus asuntos ofreciendo dinero. Recordó que en el último año han sido consignados penalmente 39 agentes ministeriales y 27 oficiales secretarios, e instó a los legisladores a denunciar a todo servidor público del que tengan conocimiento que actúa de mala manera.

Sin embargo, Bátiz no respondió a la invitación que le hizo uno de los diputados para que acuda personalmente a observar cómo trabajan las agencias del Ministerio Público. En cambio ofreció cifras de encuestas de salida levantadas por voluntarios de la sociedad civil, según las cuales el mayor número de personas permanece entre una y cuatro horas en espera de ser atendidas y presentar su denuncia, y son una cifra muy menor las que tienen que permanecer más de cuatro horas.

Respuesta a críticas

Ante el reiterado rechazo de los legisladores panistas a la iniciativa de reformas penales que envió el gobierno de la ciudad al órgano legislativo para endurecer las penas por robo, Bátiz aceptó que no es con mayor rudeza contra delitos menores como se puede detener la delincuencia, y aclaró que la propuesta del Ejecutivo local está dirigida contra aquellas personas que delinquen de manera habitual.

Defendió la posibilidad de que la ley aplique sanciones leves y permita beneficios como el perdón y la conciliación cuando se trata de pequeños robos incidentales, como los que se cometen con motivo de alguna presión económica momentánea o los que a veces ocurren entre vecinos cuando alguien toma ropa de un tendedero.

El mensaje, precisó, es para aquellos delincuentes habituales que apenas son detenidos por la policía y ya tienen a la familia tramitando quejas por presuntas violaciones a sus derechos y con los abogados listos en el MP para pagar la fianza y amenazan a las personas que los denunciaron.

"Para ellos es este mensaje que estamos enviando y si ustedes lo aprueban tendrá esa utilidad", puntualizó.

Indiferencia de diputados

Durante su comparecencia, el procurador Bátiz debió enfrentar la indiferencia de muchos diputados, algunos de los cuales platicaban o firmaban documentos y otros entraban y salían atendiendo otro tipo de asuntos.

Antes de que Bátiz iniciara su exposición, legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios fijaron su postura respecto de las tareas desarrolladas hasta la fecha por la Procuraduría, y con sus matices coincidieron -con excepción del PRD- en que continúan la impunidad, la inseguridad pública y la necesidad de enrejarse cada vez más ante el riesgo de ser violentado en sus bienes o personas.

Reconoce ombudsman avances

En entrevista al concluir la comparecencia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, dijo que no se deben escatimar los avances en la procuración de justicia, principalmente en el proceso de formación del personal de la procuraduría, que, consideró "está sentando un precedente en el país".

El ombudsman admitió que el tema de la seguridad pública está inserto en la agenda política por ser uno de los principales temas de preocupación de la ciudadanía y por lo tanto está en el debate de las fuerzas políticas, a las que exhortó a "poner el justo equilibrio", pues en nada ayuda no reconocer los avances.

"Por supuesto que veo pendientes y uno de éstos es cómo responde las recomendaciones, quisiéramos mayor aceptación. Quisiéramos una procuraduría que se una más enérgicamente en la lucha contra la tortura, que revise, que sancione a los funcionarios que hayan sido denunciados por tortura."