Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 13 de abril de 2003
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Sociedad y Justicia

Denuncia el sindicato "hostigamiento y agresión"

Desaloja la Ibero a empleadas que había reinstalado la JLCA

Pide solidaridad a organismos de derechos humanos

JOSE GALAN

El sindicato de trabajadores de la Universidad Iberoamericana denunció que dos trabajadoras fueron desalojadas a la fuerza del campus Santa Fe, a pesar de contar con un laudo de reinstalación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), por lo que exigió a las autoridades universitarias respetar los derechos humanos y laborales de Gabriela Bulnes y Gloria Huerta y cesar los actos de hostigamiento y las presiones.

Además, hizo un llamado a organizaciones de derechos humanos como el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Fray Francisco de Vitoria y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como a la comunidad universitaria, a la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de Educación Superior (CNSUES) y al Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) para expresar su solidaridad y tomar en cuenta esta denuncia.

El sindicato explicó que no obstante haber sido reinstaladas en sus puestos con todos los derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo y por el contrato colectivo firmado entre universidad y gremio, además del laudo de la JLCA emitido el pasado 25 de marzo, las autoridades universitarias "han hecho víctimas a las trabajadoras de un constante acoso, hostigamiento laboral y agresiones a través de Vinicio Barajas Mercado y Efraín Benítez", del área de recursos humanos.

Luego de conocerse el laudo de la JLCA, Gabriela Bulnes y Gloria Huerta fueron presionadas para aceptar su liquidación, que rechazaron, por lo que fueron amenazadas con un nuevo despido automático. Un día después de la reinstalación, el jefe de seguridad de la universidad, Luis Sandi, intentó sacar por la fuerza a Gabriela Bulnes, "incluso utilizando la agresión física y pretendiendo utilizar elementos de seguridad pública de la Policía Auxiliar Preventiva, lo que fue impedido por compañeros del comité ejecutivo", añadió el sindicato.

Desde la reinstalación, a las dos empleadas se les ha negado toda prestación establecida en el contrato colectivo, y el pasado martes 8 de abril se les convocó a la dirección de personal para notificarles -de manera verbal- que nuevamente estaban despedidas, y "que le hicieran como quisieran". El jueves 10 de abril no les fue pagado su salario como a todos los trabajadores, "por lo que de facto se cumplimentó el despido de las compañeras".

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