Blanca Rubio

El acuerdo nacional, solución o estrategia para desmovilizar

El acuerdo nacional para el campo ha desnudado cabalmente la estrategia del gobierno de Vicente Fox frente a los grandes movimientos sociales. Después de una gran movilización que logra involucrar a la sociedad civil y demostrar la justeza de sus demandas, el gobierno valida los reclamos, se muestra accesible a negociar y presenta una propuesta en la cual desvirtúa y vacía de contenido el pliego petitorio de los movilizados, para luego convalidar institucionalmente la posición oficial. Con ello genera desmovilización y divisiones en el sector demandante, a la vez que se muestra como un gobierno que resuelve los problemas sociales.

Esto fue lo que ocurrió con los indígenas del EZLN. Después de la marcha por la dignidad en febrero de 2001, el gobierno presentó una propuesta al Congreso que dejaba de lado las demandas esenciales de los indígenas. También ocurrió con la propuesta de ley de desarrollo rural sustentable, que fue aprobada por el Congreso después de consultar con amplias capas de la población. El Presidente la vetó en abril de 2001 y en su lugar impulsó una propuesta vaciada de los puntos esenciales, que rige ahora, sin oficio ni beneficio, los destinos del campo.

El movimiento campesino comandado por el frente El campo no aguanta más ha enfrentado la misma estrategia. Como han señalado varios analistas y dirigentes campesinos, el acuerdo nacional para el campo dejó de lado las principales demandas de los productores para fortalecer la visión neoliberal hacia el campo. No resuelve la demanda principal respecto a renegociación el TLCAN en materia agropecuaria y dejó a nivel de promesas la aspiración de modificar el artículo 27 constitucional. Ante la demanda de apoyar integralmente la producción con el propósito de superar la crisis agropecuaria responde con un fondo de emergencia que asciende a 18 mil 820 millones de pesos, de los cuales 2 mil 800 millones de pesos tienen una orientación más social que productiva, 5 mil 20 millones de pesos corresponden en realidad a disminución de costos y solamente 11 mil millones de pesos se orientan hacia créditos y garantías en Banca de Desarrollo (Reforma, 28/04/03). Esta última cantidad es la que puede incidir en el impulso productivo y es inferior al rubro de Procampo, que cuenta con 13 mil 691 millones de pesos y ha sido claramente insuficiente para reactivar el campo. Se han programado otros 7 mil millones de pesos que provienen de los excedentes petroleros, los cuales serán transferidos hacia los estados, pero corresponde decidir a los gobernadores su destino final, ya que en el acuerdo solamente se les hace una "invitación" para que lo inviertan en infraestructura rural.

El acuerdo nacional para el campo deja claro, por tanto, que el gobierno no tiene ninguna intención de resolver el problema rural. Se trata estrictamente de una estrategia de respuesta ante las movilizaciones campesinas, que pretende contener el movimiento sin generar cambios esenciales en la política agropecuaria, orientada principalmente a beneficiar a las grandes trasnacionales alimentarias. Asimismo, pretende aparecer ante la sociedad como el salvador del campo ante las elecciones que se avecinan.

Esta estrategia gubernamental ante los movimientos ha generado una fuerte desmovilización a la vez que el desdibujamiento de las demandas sociales una vez acallado el conflicto. Así sucedió con el EZLN y también con la ley de desarrollo rural sustentable. No importa si en el primer caso el EZLN rechazó la ley aprobada en el Senado y en el segundo todos los partidos avalaron la propuesta gubernamental. Se rechace, se avale o, como en el acuerdo nacional para el campo, se firme en forma dividida, no cambian sustancialmente las cosas, ya que los problemas que dieron origen al conflicto quedan inalterados.

El reto fundamental que enfrentan ahora las organizaciones es remontar el bajo perfil que adquirirá el problema rural una vez firmado el acuerdo, ya que, desde la visión del gobierno, el problema ha sido resuelto.

ƑCómo lograr sostener un movimiento que lleva cinco meses de lucha y negociación ininterrumpida, a pesar de no haber logrado las demandas centrales? ƑCómo reivindicar los logros obtenidos sin aparecer ante las bases y la sociedad como conformistas?

ƑCómo evitar que la división cunda en el movimiento y que el hecho de haber o no firmado el acuerdo renueve viejas reincillas entre las organizaciones? ƑCómo evitar que las organizaciones que se negaron a firmar queden marginadas de los programas, los recursos oficiales y el movimiento social? ƑCómo, en fin, sostener una lucha que apenas empieza y que tiene el gran reto de revertir la estrategia desmovilizadora del gobierno de Fox?

Lo esencial en esta coyuntura es evitar la desbandada. Las organizaciones campesinas enfrentan hoy la posibilidad de sumergirse en una guerra burocrática de manera parcial y aislada para conseguir el cumplimiento de las promesas y los acuerdos firmados, o, como ha señalado Víctor Quintana, reaglutinarse en torno al proyecto alternativo que han construido, el plan campesino del siglo XXI (La Jornada, 26/04/03), continuar luchando colectivamente por una solución real a los problemas rurales, tomando el acuerdo como el primer paso de una difícil batalla en la cual no hay cabida para la división y el repliegue que persigue el gobierno. Este es el reto fundamental.