El Acuerdo Nacional para el Campo, firmado ayer por el gobierno federal y las principales organizaciones campesinas del país -con la crucial excepción de cuatro importantes agrupa- ciones afiliadas a El campo no aguanta más- es un compendio de promesas bienintencionadas a las que, desafortunadamente, no acompañan medidas suficientes para conseguir la necesaria reformulación de la relación histórica entre los campesinos y la nación ni para lograr la soberanía y la suficiencia alimentarias, el desarrollo rural integral y el acceso justo y equitativo de los trabajadores del agro a la educación, la justicia, la salud y la vivienda, entre otros muchos derechos siempre truncados y postergados.

Este compromiso, que el gobierno foxista quiere hacer pasar como la solución definitiva de los graves problemas que afronta el campo nacional, es visto por las organizaciones campesinas signantes con escepticismo -y por algunas con franco pesimismo- y apenas como un primer paso limitado e insuficiente en una lucha que, en el contexto actual, se vislumbra todavía larga y difícil. Las rechiflas contra el secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, que tuvieron lugar durante el acto protocolario son una muestra del profundo malestar que subsiste entre las agrupaciones campesinas, incluso entre las que avalaron el acuerdo. Sólo las instancias corporativas vinculadas históricamente al sistema -como la Confederación Nacional Campesina- ven en él un documento adecuado para enfrentar los retos del agro mexicano, aunque tal consideración no está exenta de sesgos políticos e intereses cargados de pragmatismo.

Por otra parte, que cuatro organizaciones de El campo no aguanta más (el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano, la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales y Campesinas Autónomas) se hayan deslindado del acuerdo pone de manifiesto que no hay unanimidad sobre la pertinencia y la viabilidad del texto ayer suscrito y, por ende, que la dinámica del campo y la complejidad de sus problemas no son compatibles con la grandilocuente idea de "solución y compromiso históricos" que el gobierno federal quiere insuflar a este acuerdo.

Lo cierto es que el opresivo modelo de relación entre los trabajadores del campo y la nación en su conjunto permanece sin cambios, pues las disposiciones agrarias del artículo 27 constitucional y del TLCAN -ambas obra de Carlos Salinas- no fueron tocadas, pese a ser parte de los principales reclamos de las organizaciones campesinas. Tampoco se establecieron compromisos específicos para proteger a los productores nacionales de la invasión de mercancías extranjeras y sólo se emitieron promesas de recurrir a las instancias vigentes y crear fondos de emergencia, cuando justamente se exigía una reformulación a fondo de las premisas del TLCAN que conjuntara acciones urgentes con estrategias de largo plazo. Justamente, que el gobierno federal haya exhibido como ofertas de negociación obligaciones que tiene que cumplir por ley suscitó dudas y recriminaciones entre las organizaciones campesinas, máxime cuando no estuvieron acompañadas de indicadores claros de una pronta reforma estructural para el agro.

Por añadidura, numerosas voces de la sociedad han alertado sobre la posibilidad de que el gobierno federal -en un contexto de incertidumbre económica internacional, escaso crecimiento y falta de reformas fiscales de fondo- no cuente con recursos suficientes para cumplir sus promesas y se muestran críticas sobre el eventual uso electoral que la presente administración pueda hacer de ese frágil pacto. Hasta el momento, el Acuerdo Nacional para el Campo suscita sólo un profundo escepticismo, acrecentado irónicamente por los desplantes retóricos oficiales. ¿Es que realmente se piensa que con más de lo mismo podrá resolverse el drama histórico del campo? ¿Por qué no se emprendió el cambio de modelo tan necesario y reclamado y sí se preserva la lógica opresiva que mantiene al campesino sumido en la pobreza y atado a la eventual benevolencia oficial? ¿Por qué no se construye justamente una estrategia en la que los trabajadores del agro sean protagonistas de su destino y no sólo espectadores resignados -cuando no desesperados migrantes- de la invasión de las trasnacionales extranjeras y de la rendición de la soberanía alimentaria del país?

El Acuerdo Nacional para el Campo nació extremadamente frágil y es de esperar que las organizaciones campesinas -incluidas aquellas que lo firmaron- mantengan sus movilizaciones y demandas no sólo para hacer cumplir sus promesas, sino para exigir avances y compromisos de mayor calado. Suponer que este acuerdo resta legitimidad a las futuras luchas campesinas por un modelo más justo es inducir confusión entre la sociedad; las autoridades deberían abstenerse de utilizar este texto como arma retórica para desacreditar ante la ciudadanía el legítimo activismo campesino. El acuerdo ayer firmado es solamente un paso y en este sentido la nación entera debe mostrarse solidaria y comprometida con la defensa y el fortalecimiento del agro, pues son labores indisolubles del desarrollo, la independencia y la viabilidad del país.